Después de más de 30 años, la ley de medios de la dictadura brasileña dejará de regir. El Tribunal Supremo Federal aprobó el jueves, por tres votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, abolir la norma que impusieron los militares para censurar y amedrentar a la prensa. Ninguna voz cuestionó el fallo. La Ley de Prensa de 1967 venía siendo abiertamente criticada por el gobierno de Luiz

Inácio Lula da Silva, la oposición –de izquierda y derecha– los grandes multimedios y las asociaciones de periodistas. No sólo legalizaba abiertamente la censura de determinados temas sino que habilitaba al cierre de publicaciones que no cumplieran con sus estándares.

Ayer todos celebraron la noticia, pero los periodistas advirtieron que ahora es necesario construir un nuevo marco legal para reemplazarla. “Fue un fallo excepcional. Estamos todos felices, pero un poco preocupados por cómo será nuestro trabajo sin reglas, especialmente en cuanto al derecho a réplica”, señaló Paulo Tonet, uno de los directivos de la Asociación Nacional de Periódicos.

La ley de los años de la dictadura hacía tiempo que no se utilizaba en Brasilia, Río de Janeiro, San Pablo o el resto de las grandes ciudades del país. Sin embargo, como recordó el diario O Globo ayer, la norma servía a los caciques locales de las pequeñas localidades para mantener en raya a los medios locales. Pero su sola existencia significaba, según el fallo del máximo tribunal del país, una afrenta contra la Constitución.

“Ninguna ley de prensa estará libre de entrar en conflicto con la Constitución que defiende la total libertad de expresión, si nace bajo los presupuestos de la voluntad punitiva del legislador para impedir el pleno ejercicio de la libertad de prensa y de toda actividad periodística en general”, argumentó en el juez Menezes Direito, en su intervención durante el anuncio del fallo del tribunal.

Ahora los periodistas y los medios de comunicación quedarán bajo la órbita de las figuras legales del Código Penal y el Civil. Los delitos contra la honra –como la calumnia, injuria y la difamación– serán juzgados por el Penal. Eso significará penas más leves que las que regían hasta ahora con la Ley de Prensa de la dictadura. De la misma manera, las demandas de indemnización por presuntos daños morales serán tramitados dentro del Código Civil.

Antes de cerrar la ceremonia en la sede del Tribunal Supremo brasileño, el presidente del órgano, Gilmar Mendes, pasó la posta a los poderes Ejecutivo y Legislativo. “Estamos creando un vacío legal”, advirtió. Con esas palabras quiso apurar el debate convocado por el gobierno de Lula para redactar una nueva ley nacional de radiodifusión.

Hace tres semanas, el mandatario brasileño anunció que a principios de diciembre próximo se realizará la Primera Conferencia Nacional de Comunicación, un foro cuya primera misión será discutir y consensuar la ley de medios, que será enviada al Congreso nacional. El debate aún está en ciernes, pero sí se sabe que tanto los grandes multimedios como las organizaciones de periodistas participarán de la discusión.

El jefe de la bancada oficialista en Diputados, Claudio Vacarezza, se sumó al pedido de Mendes y llamó a sus pares en el Congreso a adelantar el debate. “El Tribunal Supremo tomó una decisión y la vieja ley ya no está en discusión. Ahora le toca al Parlamento hacer una nueva ley. El vacío legal puede causar tantos problemas como tener la antigua ley”, opinó Vacarezza.