Estados Unidos cumplió. Ayer le suspendió las visas a la primera plana del gobierno golpista hondureño. El dictador Roberto Micheletti, su canciller Carlos López y todos los jueces de la Corte Suprema se quedaron ayer sin su pase preferencial al Primer Mundo y hogar de sus cuentas bancarias. Según un ex funcionario zelayista, que pidió no revelar su nombre por razones de seguridad, la medida también alcanzó al fiscal general, a varios diputados y empresarios de las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, que apoyaron y financiaron el golpe de Estado.

La noticia fue recibida en la capital hondureña con cierta preocupación. Era lo que la resistencia popular y los zelayistas habían pedido, pero sus cálculos parecen estar fallando. Cuánto más presiona el mundo a la dictadura hondureña, más intransigentes se ponen Micheletti y sus aliados militares. “Esto no cambia nuestras posiciones y no las van a cambiar por más que se haga este tipo de cosas que solamente indignan a la población”, advirtió ayer el presidente de facto, tras recibir el comunicado del Consulado estadounidense. La carta oficial estaba dirigida al presidente del Parlamento, no al presidente interino, como lo nombró el Congreso hondureño la mañana siguiente que los militares sacaron del país en pijama y a punta de fusil al presidente Zelaya.

El gobierno de facto quedó prácticamente aislado del mundo en este último mes. El FMI, el Banco Mundial, el BID le cortaron los créditos y Estados Unidos y la Unión Europea suspendieron su cooperación y su ayuda financiera a Honduras. Micheletti controla uno de los países más pobres y violentos del continente, con apenas siete millones de habitantes, pero aun así ni pestañeó ante las sanciones de las mayores potencias occidentales y sus vecinos latinoamericanos.

Según el ex funcionario zelayista consultado por este diario, el problema no son sólo Micheletti y la cúpula militar. En las últimas semanas los negociadores zelayistas intentaron convencer a los dos candidatos presidenciales de los partidos tradicionales, Porfirio Lobo y Elvin Santos, de que condenen públicamente el golpe y presionen al régimen para entregar el poder y permitir la vuelta de Zelaya. Si no, les advirtieron, ni Estados Unidos ni el resto del mundo reconocerían al que ganara en las elecciones de noviembre. Pero no les importó.

Ahora intentan quebrar a los empresarios que apoyan económicamente a la dictadura. Los zelayistas les advirtieron que se quedarán sin visas a Estados Unidos –algunos ya lo empezaron a sufrir esta semana– y con sus cuentas bancarias en el exterior congeladas. Incluso cada vez más países latinoamericanos apoyan un eventual bloqueo comercial, como el que Washington mantiene sobre Cuba hace casi 50 años. Pero tampoco parece estar funcionando.

La presión internacional sí ha surtido efecto, en cambio, en la represión estatal. Desde la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el posterior viaje del juez español Baltasar Garzón, el régimen de facto suspendió los toques de queda en el país y, aunque mantiene una fuerte presencia policial y militar en las rutas y el centro de Tegucigalpa, ya no confronta ni intenta dispersar las movilizaciones cotidianas de las organizaciones sociales y sindicales, que reclaman la vuelta inmediata de Zelaya, sin condiciones ni amnistía para los golpistas.

Mientras a los negociadores de Zelaya se les están acabando las cartas diplomáticas, la resistencia popular sigue apostando por las protestas masivas en las calles y las huelgas educativas y de funcionarios públicos en todo el país. El martes próximo volverán a medir fuerzas con el régimen de facto en dos actos paralelos por el Día de la Independencia nacional. El líder campesino Rafael Alegría adelantó que el movimiento popular está organizando un gran desfile cívico, con bandas y shows en vivo. La idea, explicó, es recordarles a todos los hondureños que nuestros ancestros lucharon para que sus hijos tuvieran una nación libre.

Alegría acaba de volver de Managua, donde se reunió con el presidente derrocado Zelaya para discutir cómo seguir luchando contra la dictadura. La conclusión fue simple. “Hay que seguir resistiendo en las calles”, informó el líder campesino.