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Desde París

p>El Ejecutivo conservador de Nicolas Sarkozy emprendió una controvertida y profunda reforma de la Radio Televisión estatal. Hasta el plan presentado por el gobierno, el audiovisual público estaba financiado con dos fuentes: los recursos administrados por el Estado a través de un impuesto de 150 dólares por año que los ciudadanos pagan y que entra en vigor en cuanto se compra un aparato de televisión, y los fondos de la publicidad, de origen privado. La reforma de Sarkozy fue votada en 2008 y además de la supresión de 900 puestos de trabajo en el grupo público France Televisions –los canales France 2, France 3, France 4, France 5 y France Ô principalmente– también apunta a sacar la publicidad de los difusores estatales en un proceso que abarca dos etapas. La primera, que suprime la publicidad entre las ocho de la noche y la seis de la mañana, ya se aplica desde enero. La segunda, la desaparición total de los avisos, entrará en vigencia en 2010.

El Ejecutivo se comprometió a compensar los 450 millones de euros que la supresión de la publicidad acarrea, pero los adversarios de la reforma ponen en tela de juicio su validez, tanto más cuanto que durante la campaña electoral de 2007 Nicolas Sarkozy se había comprometido no ya a sacar la publicidad del sector público sino a aumentarla. Los críticos de la medida ponen de relieve dos problemas: el primero radica en que al privar de ganancias publicitarias a los canales públicos, éstos quedan enteramente en manos del Estado, con una autonomía reducida; el segundo, que la publicidad que no se difunde en los canales estatales va en beneficio inmediato del sector privado.

Los principales beneficiarios de la reforma audiovisual son los canales de aire que, además de recuperar publicidad tienen ahora permiso de poder operar dos cortes publicitarios durante la difusión de películas. La oposición socialista juzga que la reforma encarna “un auténtico retroceso democrático” ilustrado en el hecho de que, de ahora en más, es el Ejecutivo el que nombra al presidente del grupo de canales públicos. La polémica sobrepasó las fronteras de Francia y el primero de septiembre la Comisión Europea abrió una investigación sobre la reforma impulsada por Sarkozy. Los canales privados, con TFI y M6 a la cabeza, consideran en efecto que los 450 millones de euros que el Estado pagará en compensación por la publicidad son excesivos y que ese aporte desequilibra el proceso normal de competencia.

La reforma Sarkozy transfiere así capitales privados –publicidad– a los canales comerciales y fondos públicos a las cadenas estatales. A su manera, desviste un santo para vestir a otro al tiempo que acrecienta su control sobre el primero. Este cambio profundo suscitó un encendido debate y también la intervención de centenas de intelectuales, directores de cine y productores de radio y televisión. En una carta abierta publicada por el semanario Le Nouvel Observateur, el colectivo de “Los 500” –el número de firmantes del llamado– interpeló al presidente sobre el alcance de la reforma. Los firmantes estiman que la misma “hace pesar sobre el servicio público una profunda regresión”. Los 500 evocan un “retroceso de la historia” cuando critican el retorno de una práctica que imperó en Francia hasta los años ’80, cuando el Ejecutivo nombraba a los directores de los canales, los presentadores y jefes de información de los servicios informativos. Eso cambió a partir de 1981, luego de la victoria del socialista François Mitterrand en las elecciones presidenciales. A partir de ahí, el Ejecutivo aplicó una vasta reforma del audiovisual público. Sus principales ejes fueron la privatización de un canal, TF1, la creación de canales privados y de una Alta Autoridad del Audiovisual encargada de mantener un equilibrio entre los poderes en el momento de nombrar a los dirigentes de los canales públicos.

En lo que atañe a los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol, se adquieren por licitación. En principio, el servicio público no está excluido, pero este año los precios alcanzaron tales niveles que, por primera vez en 31 años, los canales del Estado se quedaron sin derechos para retransmitir un solo partido. De los 12 lotes propuestos para el campeonato de fútbol francés, Canal+ se llevó 9 con el pago de 600 millones de dólares para el período 2008-2011.