La jurisdicción universal que ha permitido a España enjuiciar crímenes cometidos por algunas dictaduras latinoamericanas como la argentina o la chilena ya no es tan universal. Ayer entraron en vigencia las limitaciones aprobadas en los últimos meses por el Parlamento español. Según la nueva normativa, la Audiencia Nacional española sólo podrá aplicar el principio de jurisdicción universal en los casos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería en los que existan víctimas españolas y en los que los responsables de los delitos se encuentren en territorio de esa nación europea.

La reforma fue consensuada entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de José Luis Rodríguez Zapatero, y el opositor Partido Popular (PP), de Mariano Rajoy. La derecha había estado en contra del involucramiento de la Justicia nacional en los conflictos internacionales y el centroizquierda, actualmente gobierno, había sufrido algunos choques con gobiernos extranjeros por el nuevo protagonismo mundial de algunos jueces, como Baltasar Garzón.

Hasta ayer y desde 2005, la Justicia española podía ejercer la jurisdicción universal absoluta en casos de genocidio y delitos de lesa humanidad. Inclusive antes, la Audiencia Nacional se había declarado competente para enjuiciar los crímenes cometidos por las dictaduras de Argentina y Chile, y había autorizado órdenes de captura como la del dictador Augusto Pinochet o conseguido condenas como las de los represores argentinos Ricardo Miguel Cavallo y Adolfo Silingo.

La Corte española podía actuar en cualquiera de esos casos, sin importar que ningún ciudadano español hubiese estado involucrado o afectado por los crímenes. La otra condición que habilitaba a los jueces españoles a abrir los procesos era que la Justicia del país donde se habían cometido los crímenes hubiese rechazado investigarlos y condenarlos.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada el miércoles en el Boletín Oficial, establece además que la Audiencia Nacional deberá archivar inmediatamente una causa, si el o los crímenes comienzan a ser investigados por un tribunal del país de origen.

Las limitaciones fueron aprobadas con el mayor consenso de la dirigencia política española, pero con las críticas rotundas de las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos nacionales y las organizaciones sociales. “Esta ley restringe, recorta y limita el principio de jurisdicción universal al cual está obligada España por una serie de tratados internacionales”, sentenció Amnistía Internacional, a través de un comunicado. “Niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos”, agregó el texto.

Desde que en 1998 el juez Baltasar Garzón saltó a los titulares de

todo el mundo al procesar por terrorismo, genocidio y torturas a Augusto Pinochet y lograr su detención en Londres, la Audiencia Nacional española estuvo en el ojo de la tormenta en más de una decena de ocasiones por la persecución de crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España.

Este año se reabrió el debate en el país sobre el poder de la Audiencia Nacional, después de que los jueces empezaran un proceso por crímenes contra la humanidad contra siete dirigentes políticos y militares israelíes por la muerte de catorce civiles en 2002. Como si eso no hubiese atraído suficiente atención, la Corte española también solicitó a China permiso para interrogar a tres de sus ministros por la represión de las manifestaciones que se sucedieron en Tíbet en marzo del año pasado. Al menos 200 personas murieron en esos enfrentamientos con la policía china.

Todas esas causas, más una reciente investigación por las torturas en la cárcel militar norteamericana en Guantánamo, quedarán archivadas ahora. Después de una década de experimento judicial, la soberanía nacional y el poder de los negocios y la diplomacia internacional pudieron más que el principio de la universalidad de los derechos humanos.