Desde Puerto Príncipe

Llegaron para quedarse seis meses, pero ya pasaron cinco años y medio desde que las tropas se instalaron en este pequeño país caribeño. Es un ejército de 7100 soldados y 2000 policías integrado en su mayoría por brasileños, uruguayos, argentinos y chilenos que forma parte de la Misión de las Naciones Unidas por la Estabilización en Haití (Minustah). El desembarco se produjo en junio de 2004, tres meses después de la destitución del presidente Jean Bertrand Aristide, en medio de un conflicto que amenazaba con desembocar en una guerra civil. Desde entonces, la situación se fue normalizando y en febrero de 2006 los haitianos eligieron como nuevo presidente a René Préval. Sin embargo, la Minustah continúa operando y no está definido cuándo emprenderá la retirada. De hecho, el mes pasado a la ONU le renovaron la autorización por un año más. Si bien es una fuerza militar de paz, su permanencia genera rechazos entre estudiantes y organizaciones sociales que la califican como un ejército de ocupación y la critican duramente por haber reprimido en las zonas más pobres de la capital, como Cité Soleil y Belair.

La intervención de la Minustah se ampara en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que contempla el envío de militares “para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”. Las tropas llegaron en junio de 2004 para reemplazar una primera misión de sólo tres meses comandada por los marines estadounidenses, quienes habían forzado la renuncia de Aristide para luego sacarlo del país. En ese primer momento, la Minustah contó con un amplio apoyo entre la población. El clima de inestabilidad política había dado lugar al despliegue de cerca de veinte bandas de delincuentes armados, conocidas como gangs, que se dedicaban al secuestro extorsivo, el robo y el tráfico de armas y drogas. Las fuerzas de seguridad locales no podían ponerles freno porque Haití no tiene ejército desde 1994 y la policía no cuenta con efectivos suficientes. Además, debido a los conflictos en Afganistán e Irak, Estados Unidos dejó en claro que su prioridad no estaba en América latina y delegó su lugar a esta nueva misión la ONU integrada en casi un 70 por ciento por soldados latinoamericanos y comandada militarmente por Brasil.

La Minustah colaboró para normalizar la situación. Por lo general, cuando se realizaron operativos la policía local fue la que intervino de manera directa y las tropas de la ONU se ubicaron a pocos metros para que su presencia sirviera para disuadir. De ese modo, las bandas se replegaron en Belair y Cité Soleil, dos barrios marginales de la ciudad, que utilizaban como centro de operaciones. Los críticos de Aristide afirman que las gangs estaban integradas por los jóvenes “chimeres” que habían operado como fuerza de choque del ex presidente, actualmente exiliado en Sudáfrica, pero no hay pruebas que permitan trazar ese vínculo de manera lineal, más allá de algunos militantes que puedan haberse sumado a las bandas.

Entre 2004 y 2006, estas organizaciones aterrorizaron a la población con una “industria” del secuestro que no distinguió estratos sociales. Se pedía entre 1000 gourdes (25 dólares) y 100 mil dólares por cada rehén, según el poder adquisitivo de la familia. En el momento de mayor conflictividad se llegaron a denunciar 300 secuestros por mes. La policía no estaba en condiciones de enfrentarlos y el entonces jefe de la Minustah, Juan Gabriel Valdés, aseguró que sólo intervendrían de manera directa cuando el gobierno de transición fuera reemplazado por uno democrático que lo pidiera formalmente. Luego de la elección de René Preval, en febrero de 2006, comenzaron negociaciones con los gangs para forzar su desarme y finalmente se decidió intervenir.

Primero se lo hizo en Belair, un barrio ubicado en una pequeña loma frente a Champs de Mars, desde donde los delincuentes solían disparar contra el palacio presidencial, aprovechando la corta distancia. Esa zona se fue recuperando gradualmente y no hubo grandes enfrentamientos. En Cité Soleil, la villa más emblemática de la ciudad, el resultado fue diferente. El 22 de diciembre de 2006 la Minustah, comandada por las fuerzas brasileñas, reprimió provocando la muerte no sólo de integrantes de las bandas sino también de hombres, mujeres y niños que nada tenían que ver con la organización delictiva. Algunas fuentes consultadas por este diario atribuyeron lo ocurrido a errores de inteligencia previa y otros dijeron que fueron los “daños colaterales” que supone ese tipo de intervenciones. A partir de ese momento las bandas fueron desestructuradas y los cabecilla, muertos o detenidos. Uno de los últimos en ser atrapado fue Amaral Duclona, el pasado 8 de septiembre en República Dominicana.

En la actualidad, ya no quedan en Puerto Príncipe zonas calificadas como peligrosas. Durante el día, se puede caminar por las calles con relativa tranquilidad, pues la probabilidad de sufrir un robo, secuestro u otro hecho de violencia no es mayor que la que existe en otras ciudades conflictivas de América latina. Esta situación en parte es un logro de la Minustah, pero su éxito le quita justificación para seguir en Haití.

Una opción es retirarse, aunque algunos temen que eso suponga un retroceso y ponen como ejemplo lo ocurrido en Timor Oriental. Desde 1999 la ONU había enviado a ese pequeño país asiático misiones de paz para encauzar su sangriento proceso de independencia. Al poco tiempo, la situación mejoró y en mayo de 2005 la ONU retiró las tropas y dejó sólo una oficina política. Sin embargo, en abril de 2006 el despido de 600 soldados generó un nuevo estallido de violencia que terminó con bandas saqueando e incendiando la ciudad y decenas de muertos.

Ese antecedente demora la salida y se suma al apoyo silencioso que tiene la Minustah, tanto por parte del gobierno de Préval como de una porción de la población que vive de lo que gastan los más de 10.000 hombres que integran la misión. El problema es que la Minustah no puede seguir igual en un escenario de paz. De hecho, hace diez días el Congreso destituyó a la primera ministra y en las calles no pasó nada. Por eso, algunos países latinoamericanos, entre los que se encuentra Argentina, presionan para que la misión cambie su perfil y se aboque más a lo social. El problema es que las Naciones Unidas financian misiones de paz que buscan la estabilización política a través de la intervención armada, pero no se ocupa de problemáticas vinculadas con el desarrollo. Al mismo tiempo, Estados Unidos parece haber ido recuperando la iniciativa que delegó en parte a los países latinoamericanos que integran la Minustah y ahora tiene planes para Haití. Uno de los principales asesores del gobierno, Paul Collier, dice que la solución para este país es instalar maquilas que generen empleo y constituyan mano de obra barata para las multinacionales. Su recomendación es que las inversiones vayan dirigidas sólo a electricidad, puertos y carreteras para apuntalar ese modelo. Mientras tanto, los haitianos parecen resignados a convivir con estos actores externos que condicionan, en mayor o menor medida, su soberanía a cambio de ayuda.