Familiares de víctimas de la dictadura militar rechazaron ayer la designación del nuevo jefe del Ejército chileno. El general Juan Miguel Fuente-Alba es uno de los oficiales sospechados de haber participado de la Caravana de la Muerte, la operación del pinochetismo en la que fueron asesinados decenas de opositores durante los primeros meses posteriores al golpe de 1973. “Cuando nuestro país ocupa un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, decisiones como ésta nos hacen afirmar que a pesar de lo que se nos dice, no hemos llegado a una democracia plena”, denunció en un comunicado la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de ese país. Fuente-Alba había sido acusado por los organismos de derechos humanos chilenos de haber participado en el episodio Calama de la denominada Caravana. En esa masacre más de 20 presos políticos fueron ejecutados, pero según destacó el gobierno de Michelle Bachelet (foto) la Justicia aún no inició ningún proceso contra el general por ese caso. El ministro del Interior José Antonio Viera-Gallo fue aún más categórico y descartó las denuncias, a las que consideró como totalmente infundadas. El ex magistrado Juan Guzmán, que se ocupó durante los primeros años del caso Caravana de la Muerte, aseguró que nunca consiguió evidencia contra Fuente-Alba. Si Bachelet sigue adelante con su nombramiento, el general asumirá el próximo 9 de marzo. Los defensores de derechos humanos, en tanto, prometieron presionar a la Justicia para que tome una decisión sobre las denuncias que pesan sobre el general y se expidan antes de que asuma en la cúpula militar.