Desde Santiago

Sin la presencia de los principales dirigentes de las agrupaciones de Derechos Humanos y de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó ayer la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos que, entre otras funciones, podrá encabezar querellas por delitos de este tipo y velar por la protección y promoción de ellos.

En 1974, el padre de la mandataria chilena, el general Alberto Bachelet, cercano y leal al presidente Salvador Allende, murió de un ataque al corazón producto de las numerosas torturas aplicadas por sus hermanos de armas, luego de ser apresado tras el golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.

Con esa imagen en su cabeza, Michelle Bachelet, que no pudo esconder su emoción, resaltó que “en un día como éste es indispensable recordar a todos los compatriotas que fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos que, por supuesto, no queremos que vuelvan a ocurrir”. El escenario para tan sentidas palabras no podía ser otro: La Moneda.

“No ha sido fácil llegar al punto en el que estamos, pero el camino recorrido nos ha permitido asumir nuestra historia para tener un futuro mejor para que Chile no repita una experiencia tan dolorosa como la vivida en derechos humanos... La ley que promulgamos representa un compromiso moral y político del país consigo mismo. Es cierto que hemos llegado a ese convencimiento por la vía del doloroso, pero eso le da consistencia a nuestro aprendizaje”, dijo Bachelet.

Si bien la jefa del Estado chileno estimó de enorme trascendencia lo acontecido, los familiares de las víctimas no están conformes.

En conversación con Página/12, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, sostuvo que “cuando hablamos de países como Chile y Argentina y otros de América latina que sufrieron las dictaduras y el terrorismo de Estado, todo lo que se haga tiene que ser fundado en asegurar un ‘nunca más’ y porque tenemos esa experiencia siempre tenemos que pedir lo máximo y no podemos estar buscando empates conceptuales que amparen la impunidad para dejar a todos contentos. Acá hablamos de los derechos humanos, no de cualquier cosa”.

En esa línea, Pizarro agrega que el Instituto de Derechos Humanos está fundado en las normas del derecho internacional, lo que es tan amplio que al final nada de quienes estén en el directorio deciden sus funciones. “Tenemos un artículo que habla de los crímenes cometidos bajo dictadura y de las persecuciones políticas y de desaparición forzada... Nosotros somos los familiares de detenidos desaparecidos y nos sentimos satisfechos de esto porque habrán querellas contra quienes practicaron la desaparición forzada, pero ¿y la tortura? ¿No es un delito de las misma gravedad? También es un delito de terrorismo de Estado. Entonces, cuando se establece un artículo que excluye la tortura, a nosotros no nos satisface. Acá hay delitos de clase A y clase B, y eso es inaceptable. Los sobrevivientes de la tortura deben sobrevivir con el fascismo. Estos cuestionamientos más otros provocan que no estemos presentes en la promulgación porque aún tiene muchos temas pendientes.”

El Instituto, que quedó en condición de implementarse, se concibió como una corporación autónoma con patrimonio propio y cuyo accionar será fiscalizado por la Contraloría General de la República.

Tendrá un consejo directivo, otro consultivo y un director general, y entre sus funciones estará la de resguardar los antecedentes recopilados por las comisiones Rettig y Valech, referidas a desaparecidos y torturados en el gobierno militar que gobernó el Chile de facto entre 1973 y 1990.

El proyecto ingresó al Congreso con urgencia simple el 15 de junio de 2005, a sólo tres meses de iniciado el gobierno de Michelle Bachelet y su trámite legislativo finalizó al aprobarse este mes en el Senado el veto aditivo de la presidenta de la República.

Este último se orientó a incluir la posibilidad de deducir querellas respecto de hechos que sean delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, desaparición forzada, tortura, tráfico de migrantes o trata de personas.

Asimismo, propone que el informe que cada año publique el Instituto pueda ser presentado a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a instituciones dedicadas a la defensa y promoción de los DD.HH.

En julio pasado, la iniciativa obtuvo el respaldo de los diputados, en medio de protestas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quienes acusaron al oficialismo de “traición”, por lo que fueron desalojados del Congreso.

El ministro secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, dijo ayer desconocer las causas de la ausencia de los principales representantes de las agrupaciones, aunque reconoció que “en los avatares del debate parlamentario (el proyecto) sufrió modificaciones, pero al final, al probar el veto de la presidenta, quiere decir que el Instituto quedó dotado con todas las facultades y características que establece la Unesco”.