El acto interrumpió el tránsito sobre Talcahuano, alteró la rutina de abogados en el cierre de la jornada judicial y dejó como obsequio final un estruendo de bombos y tres tiros frente al señorial Palacio de Tribunales. La protesta de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, el gremio que encabeza Julio Piumato, buscaba poner sobre la escena tres puntos de conflicto con la Corte Suprema: la suspensión de algunos ítems que se descuentan del recibo de sueldo de los afiliados –una decisión que no firmaron ni Eugenio Zaffaroni ni Carmen Argibay–; el reclamo de que el gremio participe en la administración de la obra social; la apertura de paritarias y la extensión a todas los judiciales del 82 por ciento móvil que cobran los jueces. En el acto no pasó inadvertido el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. La movilización fue seguida con atención desde el cuarto piso de Tribunales, donde está la Corte. “Esto es una presión política”, interpretaron los cortesanos.

La protesta había sido convocada con varios días de anticipación. Cerca de Tribunales podían verse afiches que advertían sobre el “avance de la Corte sobre los derechos sindicales”. La movilización reunió a judiciales de todos los fueros, a jóvenes que llevaron una bandera de la “Juventud Judicial”. Los acompañaron miembros de otros gremios y organizaciones sociales. Con un palco de espaldas a Tribunales, los organizadores le pasaron el micrófono a Recalde. “Si bien hay que aplaudir a la Corte cuando dicta fallos como el fallo Madorrán (un fallo que ordenó la reincorporación y la estabilidad de una empleada de la Aduana), que garantiza los derechos humanos de los trabajadores, los judiciales exigen que se sigan los mismos lineamientos hacia adentro del Poder Judicial. La Corte no debe ser reacia a dialogar colectivamente con los trabajadores. Es un derecho constitucional”, planteó.

El acto siguió con el discurso de Piumato, acaso el más duro. Tras recordar la historia de su gremio, cuestionó en duros términos “las operaciones de prensa” realizadas “por algunos miembros del Tribunal” en las que “intentan victimizarse diciendo que son agredidos por el gobierno nacional y que nuestra organización sindical es un títere de esa estrategia”. “Todo eso es mentira. Todo eso lo hacen para justificar el rechazo caprichoso, inexplicable y anticonstitucional de dialogar con la organización que nuclea a todos los trabajadores del Poder Judicial. Se han hecho innumerables intentos de diálogo y no hemos tenido suerte. La Corte interpreta el diálogo como sumisión”, cargó.

El cierre estuvo a cargo de Moyano, quien se acercó al micrófono entre gritos de “Hugo, Hugo, Hugo”. El secretario general de la CGT no se privó de hacer una advertencia. “Escuchando a los representantes de los trabajadores judiciales, creo que no hemos tenido patrones tan reaccionarios como los que existen en la Justicia. Porque negar el convenio colectivo, la participación en la obra (social) a la que todos los trabajadores aportan, es un hecho dictatorial. Y lo hacen los que tienen que administrar la Justicia. Los camioneros vamos a estar siempre al lado de los judiciales, para lo que necesiten”, prometió.

La protesta generó rápidas reacciones en el cuarto piso de Talcahuano 550. En una reunión con la prensa, fuentes encumbradas de la Corte la atribuyeron a “una presión política” que la CGT estaría ejerciendo, porque en el máximo tribunal se están estudiando dos casos de libertad sindical en los que se podría definir si un delegado de un gremio simplemente inscripto ante el Ministerio de Trabajo puede tener estabilidad. “No hay un conflicto gremial real. Es una presión política por esos dos casos”, aseguró una voz muy poderosa de la Corte. Sin embargo, en el máximo tribunal reconocieron la suspensión de los códigos por descuento. La atribuyeron a una demora en la presentación de cierta documentación por parte del gremio. El conflicto, en cualquier caso, promete seguir.