Estiró los brazos para que le sacaran las esposas. Miró hacia la bandeja superior, vio muecas de lástima en los rostros de sus seres queridos, las ñatas contra el blíndex, un rosario en la mano de su hijo, y esbozó una sonrisa poco convincente. Al bajar la mirada se encontró con un grupo de Madres de Plaza de Mayo, pañuelos blancos en la cabeza, y militantes de Hijos, varios con fotos de sus padres desaparecidos en las manos. Entonces el comisario Eugenio Uballes se transformó, frunció el ceño y volvió a ser El Führer o Anteojito Quiroga, interrogador y torturador de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Sostuvo la mirada con odio durante varios segundos, dio vuelta la cara y se sentó resignado.

La escena formó parte de la audiencia inicial del juicio a diecisiete represores del principal circuito represivo de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura, dependiente del Primer Cuerpo de Ejército. Tuvo lugar ayer, en el subsuelo de Comodoro Py, donde un tribunal porteño volvió a diferenciarse de sus pares del resto del país que juzgan a represores de la dictadura al prohibir a los reporteros gráficos tomar imágenes de los imputados.

Hace casi tres décadas de las primeras declaraciones de sobrevivientes que nombraron a Eugenio Uballes. Por sus apodos, sus tareas y también su apellido. El fallecido torturador Juan Antonio del Cerro lo confirmó en su indagatoria: “Anteojito Quiroga era el comisario Uballes, de la Superintendencia de Comunicaciones”. Formalmente era segundo jefe de guardia de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Según testigos que declararon en instrucción ante el juez federal Daniel Rafecas, en la práctica compartía con Baqueta (Juan Carlos Gómez) la “guardia más dura”. “No es que hacían cumplir las disposiciones disciplinarias, sino que muchas veces sacaban gente al pasillo para garrotearla”, declaró Mario Villani.

La abundancia de pruebas le permitió a Rafecas procesarlo y llevarlo a juicio sin ordenar ningún reconocimiento por parte de los sobrevivientes, con el visto bueno de la Cámara Federal. La novedad introducida por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2), que lo diferencia del resto de los tribunales que instruyen juicios de lesa humanidad (excepto del TOF-5, que prohíbe de plano el trabajo de reporteros), es la prohibición de registrar su rostro. La decisión tiene por fin no explicitado someter a los sobrevivientes a reconocimientos en público de quienes los torturaron en cautiverio, e implica burlar la acordada 29/08 de la Corte Suprema de Justicia sobre publicidad de los procesos orales y, en teoría, públicos.

“Desde ya nos oponemos a cualquier intento de identificación, ni siquiera de reconocimiento”, planteó el abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina de los Derechos del Hombres. “Un eventual reconocimiento exige inmediatez, no tiene sentido a 33 años de los hechos”, agregó. El pedido no fue como consecuencia de la prohibición a la prensa, sino al ingreso a la sala de los querellantes que son a su vez testigos. De la respuesta de los jueces Jorge Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori, que se conocerá hoy, depende que la sociedad pueda conocer el rostro de quienes torturaron y asesinaron en un galpón de la Policía Federal, en cuya entrada un cartel decía: “Bienvenidos al Olimpo de los Dioses”.

Trajes y gomina

La jornada arrancó en la calle. A la convocatoria de Hijos, que repartió camisetas “Por Juicio y Castigo”, respondieron los legisladores Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Fabio Basteiro, Juan Cabandié y el director técnico Angel Cappa, entre otros. A las 14.30, después de que los reporteros retrataran a los jueces, ingresaron los imputados: todos con esposas, rostros adustos, la mayoría de traje, varios con gomina. Se distinguían el célebre Raúl Guglielminetti, con menos pelo y más kilos que en los ’80, cuando cayó por secuestros extorsivos, y Julio Simón, alias Turco Julián, de camisa rosa, que va en busca de su tercera condena.

Se sentaron diez en hilera, otro junto a la defensora oficial Verónica Blanca, y cuatro en segunda fila, incluido al capitán Enrique Del Pino y el subcomisario Samuel Miara, condenado ya por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa. Desde la bandeja superior los miraban el juez Daniel Rafecas y su equipo de trabajo, responsables de la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo. Entre periodistas y allegados a los imputados también se mezclaron el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alen, y el embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian.

El juez Tassara, presidente del tribunal, informó una serie de formalidades y calculó en ocho meses la duración del juicio. Antes de que sus secretarios comenzaran a leer los requerimientos de elevación, el abogado Rodolfo Yanzón formuló dos pedidos: que se permita el ingreso a la sala de los querellantes que son al mismo tiempo sobrevivientes, y que durante el transcurso del juicio se informe a las partes, día a día, quiénes visitan a los imputados. “Para evitar un deceso no deseado, un segundo (Héctor) Febres”, explicó, en referencia al prefecto de la ESMA envenenado en su dúplex de Prefectura días antes de escuchar la sentencia. Hoy se conocerá la respuesta del tribunal.

El resto de la jornada estuvo dedicado a la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal Federico Delgado, un documento de casi cuatrocientas páginas con el detalle de imputados, víctimas, pruebas y estructura del aparato terrorista. Los datos de los policías sirvieron para recordar que la mayoría pertenecía formalmente a la Superintendencia de Seguridad Federal, que hasta el momento tiene sólo dos condenados por la Masacre de Fátima, y que los dos jefes del circuito Atlético-Banco-Olimpo murieron impunes: el entonces mayor Guillermo Antonio Minicucci y el comisario Antonio Benito Fioravanti. El juicio continuará hoy, desde las 14, con la lectura de los requerimientos de las querellas, y luego se interrumpirá hasta el lunes a las 9.