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La Justicia uruguaya condenó ayer a 30 años de prisión al dictador uruguayo Juan María Bordaberry por el golpe de Estado que encabezó en 1973 al disolver el Parlamento. La jueza penal Mariana Motta también lo responsabilizó, a los 81 años, por nueve delitos de desaparición forzada y dos de homicidio especialmente agravados. El ex presidente democrático devenido en dictador ya cumple prisión domiciliaria –por razones de salud– por otra condena de 30 años, como responsable del homicidio de 14 uruguayos detenidos-desaparecidos durante su gobierno de facto.

La abogada Hebe Martínez Burlé fue la responsable principal de la condena. “La sentencia no aporta años de reclusión al procesamiento de Bordaberry, pero tiene un enorme carácter simbólico para Uruguay”, celebró. Hace casi ocho años la abogada había presentado la denuncia ante el juzgado de Motta, con el apoyo de 1500 ciudadanos, afiliados a todos los partidos políticos del país. “No cambia en nada el tiempo de reclusión y no es nuestro interés. El tema es que para nosotros es emblemático, simbólico, de que cuando se viola la Constitución, cuando se da un golpe de Estado, a la larga se va a pagar”, destacó.

Para Martínez Burlé lo histórico y diferente de la decisión de la jueza fue que condenó a un dictador por violar la Constitución Nacional. “No es lo usual en el mundo, donde se procesan dictadores por corrupción u otros delitos, pero no específicamente por dar un golpe de Estado”, explicó.

Bordaberry asumió la presidencia de forma democrática en 1972. Pero apenas un año después decidió cerrar el Congreso Nacional e instaurar una dictadura en Uruguay, que continuó con distintos gobiernos militares hasta 1985. En 1976, el estamento militar en el poder destituyó a Bordaberry y lo reemplazó por el entonces presidente del Consejo de Estado, Alberto Demicheli.

“Surge plenamente probado que en el período que va desde el golpe de Estado hasta que Bordaberry es destituido por los militares, se produjeron centenares de desapariciones y fallecimientos a consecuencia de las torturas efectuadas por quienes estaban al frente de dicho proceso dictatorial”, aseguró ayer la fiscal del caso, Ana María Tellechea. En su alegato final, dijo que el dictador tenía pleno conocimiento de estos crímenes y de todas las actividades ilegales y clandestinas que realizaban por entonces las Fuerzas Armadas.

“De ninguna manera resulta admisible su alegado desconocimiento de la práctica sistemática de la tortura que llevaban adelante las Fuerzas Armadas, dado que expresamente las respaldó y les prestó toda su colaboración”, había señalado en agosto pasado. Durante el juicio, el dictador había repetido una y otra vez que durante su tiempo en la Presidencia no tenía un control real sobre los militares y, por ende, nunca había escuchado hablar de ejecuciones ni de desaparecidos. “Recién veinte años después”, había aclarado ante la jueza y los familiares de las víctimas de la larga dictadura uruguaya, que dejó cerca de 200 desaparecidos, cien disidentes asesinados en las cárceles y miles de torturados y detenidos políticos.