Desde La Paz

La explosión de una granada dentro del penal de máxima seguridad de Chonchocoro permitió conocer los múltiples emprendimientos comerciales desarrollados tras las rejas. Tráfico de drogas, armas y compra-venta de celdas son negocios cotidianos en esta y otras cárceles del país, según el gobierno. En un allanamiento del Ministerio de Gobierno al presidio paceño, se descubrió que el ex dictador Luis García Meza (1980-1981) tenía su departamento con lujos inaccesibles para la mayoría de los que están afuera: sauna, gimnasio, parrilla y varias habitaciones. El gobierno anunció que lo destinará a una celda común y pidió a la familia de Meza que fuera a recoger los muebles del departamento donde cumplía condena.

Los funcionarios del Ministerio de Gobierno comprobaron que la celda de Arce Gómez es la que corresponde a cualquier preso. Pero el general García Meza gozaba de toda clase de privilegios. Era el único que tenía la llave de su aposento, por eso fue difícil para los agentes gubernamentales comprobar el lujo y confort que lo rodeaba.

Actualmente, García Meza está en una clínica militar, adonde concurre para alejarse de la monotonía de Chonchocoro y para tratarse de los achaques propios de sus 81 años. Cuando vuelva a la prisión, ya no podrá disfrutar de su celda con patio, parrilla, jardín, comedor, dormitorio, biblioteca, mesa de ping-pong, bolsas de boxeo y aparatos para hacer pesas.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, hizo notar que en sus apariciones públicas el ex dictador se muestra en silla de ruedas, senil y como si no le quedaran muchos años. “Sin embargo, tiene todo un equipo de gimnasio para un atleta en buen estado. Además tiene una sala donde recibe gente, un dormitorio separado, un teléfono con línea, luego otra área donde están el baño, la ducha y sauna a su disposición.”

Los 80 policías que resguardaban esta prisión de máxima seguridad fueron relevados y puestos bajo investigación, porque se presume que manejaban varios de los negocios ilegales o al menos permitían que se desarrollaran con toda normalidad.

En Chonchocoro, a 24 kilómetros de la ciudad de La Paz, comenzó a aplicarse desde el martes un régimen cerrado para sus 100 presos. Sólo pueden estar bajo el sol una hora. Las 23 restantes están en sus celdas. El gobierno espera así reducir los niveles de violencia, generados por dos bandos –uno liderado por un ex policía– que se disputan el control del territorio, fundamentalmente del comedor, por donde entraban cocaína, marihuana, anfetaminas y todo tipo de armas, según los investigadores.

Llorenti destacó que la hora diaria de sol es avalada por las Naciones Unidas. Aseguró que la medida será temporal, porque “ante estas situaciones se genera una situación de revancha y hay un espiral de violencia que hay que contener y evitar”.

El domingo pasado, una granada limón detonó en la celda 324, donde moraban Johnny Villarroel Cejas y Juan de Dios Villalobos, actualmente internados. Al día siguiente, fue herido con un arma calibre 38 Sergio Frías, quien estaría del lado de los otros dos presos.

Varias organizaciones de derechos humanos se mostraron esperanzadas en que el incidente de la granada diera la oportunidad de avanzar con la investigación para encontrar a los desaparecidos del gobierno de Meza. Por este caso, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno boliviano un informe sobre este proceso, estancado porque las Fuerzas Armadas se niegan a mostrar los archivos de esa época.

Según Luis Arce Gómez, compañero de cárcel de García Meza, pidió la apertura del Diario de Inteligencia del Ejército. “Permitirá esclarecer todos y cada uno de los casos que sólo sirven para confundir, agrandar y darle un provecho político. Varias veces me he preguntado por qué el Ejército no ha presentado dichos documentos, ya que con ellos se puede demostrar la veracidad de los hechos y por qué en ese tiempo se actuó de esa forma.” Los familiares de las víctimas se preguntan lo mismo.

El coronel estuvo preso desde 1989 hasta 2009 en Estados Unidos por su vinculación con una red de narcotráfico. Entonces lo deportaron directamente a Chonchocoro, donde cumple condena por los crímenes cometidos durante la dictadura de Meza. En ese lapso se desempeñó como encargado de reprimir a la población. Los fiscales del caso dijeron que llamarán a declarar al militar de 72 años.