Desde Lima

Seis muertos ha dejado hasta ahora la protesta de mineros artesanales contra el intento del gobierno de terminar con la minería informal. La protesta se inició el domingo con una huelga indefinida y el bloqueo de carreteras. Cinco personas –cuatro mineros y un poblador de la zona– murieron cuando la policía despejó con bombas lacrimógenas y disparos los piquetes de huelguistas que bloqueaban dos puentes entre los kilómetros 620 y 650 de la Panamericana Sur, a la altura del poblado de Chala, en la región de Arequipa. Una sexta persona, una anciana de 80 años, murió de un infarto en el bus en el que viajaba mientras éste permanecía detenido por un bloqueo. Ayer continuaban bloqueados varios tramos de la Panamericana Sur, hasta donde se habían movilizado unos ocho mil mineros informales, y hubo una serie de protestas en distintas regiones del país. En Puerto Maldonado, la pequeña capital de la región Madre de Dios, centro de la explotación artesanal de oro, ubicada en la selva amazónica fronteriza con Brasil, diez mil personas marcharon pacíficamente coreando lemas contra la represión ordenada por el gobierno de Alan García y en rechazo a la reciente ley que busca regular y formalizar la minería artesanal.

Los mineros artesanales exigen que se abra un diálogo con el gobierno, pero el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, no dio mayores esperanzas de que ese diálogo se pueda hacer realidad. “Las normas que da el Estado no se negocian. No dialogaré con quienes toman carreteras”, dijo Velásquez Quesquén, luego de conocerse las seis muertes a causa de las protestas de los mineros artesanales. El gobierno decretó el estado de emergencia en las regiones de Madre de Dios, Arequipa e Ica, donde se registraron las protestas más importantes.

El decreto que desató las protestas está dirigido a la minería artesanal de oro en Madre de Dios, sin embargo desató las protestas en cadena en al menos una docena de regiones del país, donde los mineros informales han visto en esta norma una amenaza a sus actividades. No hay un censo sobre la minería informal, pero se estima que podría haber unas 300 mil personas dedicadas a esta actividad. En todo el país hay 19 millones 500 mil hectáreas explotadas por la minería, de las cuales unas dos millones corresponden a la minería informal. En Madre de Dios la explotación artesanal de oro en los ríos, que es la actividad que mueve la economía de la zona, ha ocasionado graves daños ecológicos en la selva amazónica, con la deforestación de bosques y la contaminación de ríos con mercurio. Y existen denuncias de explotación de niños en los lavaderos de oro.

Según las cifras del gobierno, esta actividad minera ya ha deforestado 18 mil hectáreas de bosques, incluyendo zonas de reservas naturales protegidas. El presidente Alan García se envolvió en un discurso ecológico, que va a contramano de lo que ha sido su gobierno, para condenar la minería artesanal en Madre de Dios y defender el decreto que busca ordenarla. “El gobierno debe preservar la naturaleza para el futuro”, dijo García. Un discurso sorprendente viniendo del presidente que ha dado grandes beneficios a las empresas mineras sin preocuparse durante sus cuatro años de gobierno por los graves costos ecológicos causados por la explotación minera que hacen las transnacionales, y que reiteradamente ha acusado a los defensores del medio ambiente como “extremistas”. El gobierno puso en evidencia un doble discurso: permisividad con las grandes empresas cuando éstas dañan el medio ambiente y un discurso ecológico cuando ese daño lo producen los mineros artesanales.

“Hay una evidente incoherencia del gobierno en este tema. La minería artesanal a pequeña escala causa graves daños al medio ambiente y debe ser ordenada, pero la gran minería, por el volumen de sus actividades, que en muchos casos son a cielo abierto e implican una gran remoción de tierras y un inmenso gasto de recursos hídricos, produce un daño ecológico más grave. Sin embargo, frente a las grandes empresas el gobierno no actúa. Y ha otorgado muchas concesiones mineras en reservas naturales protegidas”, le señaló a Página/12 José de Echave, economista e investigador de la ONG CooperaAcción.

Dirigentes de los mineros artesanales han acusado al gobierno de intentar sacarlos de esta actividad para otorgarles a las grandes empresas los yacimientos que ellos explotan. “En algunas zonas del país esa acusación puede ser cierta, pero en muchos casos, como la explotación de oro en los ríos de Madre de Dios, se trata de yacimientos pequeños que no son atractivos para la gran minería”, señala De Echave.