Más de un millar de internos decidieron el 31 de marzo pasado iniciar una huelga de hambre en reclamo del cumplimiento de un acuerdo firmado hace tres años con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, hasta ahora no sólo incumplido sino agravado por el endurecimiento de las leyes o por el solo y simple correr del tiempo. “Lo que estamos reclamando no resulta caprichoso, no se trata de un perdón, una gracia o un favor; se trata del cumplimiento y aplicación de las leyes por parte del Estado, cuyo incumplimiento es histórico”, sostiene el comunicado de los internos de Devoto. En el comunicado, convocan a la Procuración Penitenciaria, la Defensoría General, las ONG de derechos humanos además de las autoridades del Ministerio de Justicia “que tienen competencia directa en la materia”.

La protesta por el reclamo incumplido está dirigida a la derogación de la ley 25.430, que derogó a su vez a la ley 24.390, más conocida como 2x1. Erróneamente a lo que se supone, la ley del 2x1 no reducía la condena, sino que reducía el incumplimiento del Estado (para el caso, en manos de los jueces) que alarga los tiempos procesales mientras una persona es mantenida presa sin que se haya demostrado que es culpable. Como la preventiva no es la excepción sino la norma, los legisladores en su momento habían intentado resolver la cuestión con la ley del 2x1, que en la práctica fue utilizada como un parche, ya que los jueces siguieron aplicando la prisión preventiva excepcional sin excepciones.

Solicitan también la derogación del artículo 14 del Código Penal “que priva al reincidente de acceder a la libertad condicional”, sostiene el reclamo. También la modificación del Código en lo que se refiere a la desigualdad entre reclusión y prisión perpetua, con jurisprudencia de la Corte que avala de algún modo dicho reclamo. Piden bajar la edad de detención domiciliaria de 70 a 60 años y que la mujer embarazada y la madre de un chico menor de cinco años acceda al beneficio de la detención domiciliaria sin exigencias del dictamen del Consejo Correccional carcelario, que por otro lado debiera ser realizado por un organismo autónomo e independiente del Servicio Penitenciario. Que el zorro esté a cargo del gallinero ya es un problema. Pedirle además opinión se hace incongruente.