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La causa por el espionaje ilegal se inició con un llamado anónimo a la casa de Sergio Burstein, un dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la AMIA. La comunicación, a principios de septiembre de 2009, fue atendida por la hija de Burstein y la misteriosa voz al otro lado de la línea fue muy precisa: “Decile a tu papá que el Fino Palacios lo está espiando”. De entrada, Burstein no creyó en el anónimo, pero pocos días más tarde hizo la denuncia judicial. El sorteo determinó que el expediente cayera en el juzgado de Norberto Oyarbide.

El magistrado le pidió un informe a la SIDE. El resultado fue asombroso: el organismo de inteligencia confirmó que Burstein tenía el teléfono pinchado por orden judicial. La SIDE le dijo a Oyarbide que la orden salió de un juzgado de Misiones.

Página/12 fue el primer medio que hizo público el caso. De inmediato se conoció que, a pedido de Ciro James y de dos policías del máximo nivel de Misiones, Burstein fue involucrado en la causa por el asesinato de un contador, José María Piccoli, ocurrido en 2005. Burstein hacía veinte años que no pisaba Misiones y, por supuesto, la acusación era sólo un armado para escuchar su celular de forma ilegal.

Casi de inmediato se determinó que James era un subalterno de Jorge “Fino” Palacios, por entonces a punto de ser procesado por encubrimiento en una parte de la investigación del atentado contra la AMIA. Palacios era en ese momento jefe de la Policía Metropolitana y quedó probado que llevó a James a esa fuerza.

La lógica demostró, además, que quien estaba interesado en esa escucha era el propio Palacios. Las coartadas de los misioneros se derrumbaron como un castillo de naipes. Los jueces que le pidieron a la SIDE la intervención del teléfono de Burstein ni siquiera pudieron demostrar que incorporaron las escuchas a la causa judicial por el homicidio de Piccoli. La SIDE, por otra parte, notificó que el propio James retiraba las cintas de la central de espías y nunca las envió a Misiones.

Hoy en día, los cinco policías misioneros que sembraron las pistas falsas están procesados por integrar la asociación ilícita que se organizó para el espionaje ilegal. Lo mismo sucede con la secretaria de uno de los juzgados de Misiones, Mónica González. Y hoy comienza el juicio a los dos magistrados que convalidaron las causas truchas en Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo.

Aparecieron otras víctimas, como el empresario de medios y fútbol Carlos Avila. El método fue el mismo: involucrarlo en una causa por piratería del asfalto en Misiones. Se demostró que la razón por la que lo espiaban era comercial: el empresario estaba en negociaciones con el presidente de la AFA, Julio Grondona, para que éste rompiera el contrato con Torneos y Competencias y armaran juntos un canal exclusivamente de fútbol. Empezaron a surgir más espionajes ilegales. Abogados, otros empresarios, esposas y hasta amantes de empresarios y en todos los casos con el mismo método: causas truchas en Misiones, pedido a la SIDE, cintas retiradas por James.

Otro elemento apareció en el expediente: la estrecha vinculación de James con Palacios. Se registraron 191 llamadas entre ambos en apenas nueve meses. El Fino argumentó al principio que las comunicaciones eran porque James quería entrar a la Metropolitana, pero semejante cantidad de llamadas echó por tierra el argumento.

Lo que definitivamente volcó el caso hacia Macri es que se descubrió que otro de los espiados era su cuñado, Daniel Leonardo, centro de una disputa familiar. Además, la estrecha relación entre Palacios y Mauricio Macri hace sospechar que de ninguna manera El Fino realizaría una escucha telefónica a un familiar de Macri sin el visto bueno de éste. Leonardo acusó a su suegro, Franco, por el espionaje, pero dijo que no se pudo hacer sin la complicidad de Mauricio. Veinticuatro horas más tarde se rectificó, pero todo en el marco de otro blooper increíble: el texto de la rectificación le fue dictado por Mauricio, como quedó probado en la causa.