“Es un disparate absoluto”, había dicho temprano el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para descalificar los rumores sobre el inminente llamado a indagatoria a Mauricio Macri. Al atardecer llegaba a su propio despacho un fax que refutaba aquella teoría: la citación es un hecho, está prevista para el 28 de abril a las 10 de la mañana y las razones son concretas. El juez Norberto Oyarbide cree que ya acumuló suficientes pruebas como para sostener que Macri integra la asociación ilícita que desde 2007 se dedicó a pinchar teléfonos. Le atribuye responsabilidad en dos casos puntuales: las escuchas ilegales a su cuñado, el parapsicólogo Daniel Leonardo, y a Sergio Burstein, integrante de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA. También tendrán que declarar como sospechosos de encubrimiento el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el ex titular de Educación Mariano Narodowski. Un cimbronazo anunciado para la administración PRO.

Hasta ahora las caras más visibles de la organización eran las del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y la del espía Ciro James, ambos presos en el penal de Marcos Paz ya desde el año pasado. Pero precisamente en esos nombres está la pista que condujo a la Justicia a presumir que la decena de escuchas ilegítimas detectadas hasta el momento no fue producto exclusivo del negocio manejado por un grupo de policías, sino que habría contado con el amparo de altos funcionarios porteños y el impulso del propio jefe de Gobierno al menos en dos casos puntuales: el de Burstein, cuyo teléfono fue intervenido en la misma época en que reclamaba el desplazamiento de Palacios de la jefatura de la nueva policía; y el de Leonardo, cuya escucha coincide con el nombramiento de James en el Ministerio de Educación porteño, un hallazgo que a Narodowski le costó el cargo.

La semana pasada, un fallo de la Sala I de la Cámara Federal hablaba de una “empresa del delito” y confirmaba la calificación de “asociación ilícita” que Oyarbide aplicó no sólo a James y al Fino –a quienes describía en un papel central–, sino a otros cinco policías de Misiones y una empleada judicial de Posadas. Esa resolución era la señal que el juzgado estaba esperando para avanzar sobre el ala política. El también será indagado nuevamente, el viernes 16, con la intención de definir si fue el jefe u organizador de la banda.

La escucha a Leonardo, que se hizo entre el 23 de mayo y el 22 de junio de 2008, fue determinante en el rumbo de la investigación. El dato que comprometió a Macri en forma más directa es que James activaba su celular en la zona donde vive el jefe de Gobierno casi sistemáticamente después de retirar las grabaciones de su cuñado. Eso ocurrió nueve de las catorce veces después de pasar por las oficinas de la Side en Avenida de los Incas. La antena que lo delató es la de Barrio Parque. Cerca de Macri dijeron que en aquel entonces no vivía ahí, sino en Libertador y Tagle, pero funcionarios de la causa aclararon que la antena es la misma. Franco también vive en la zona, pero según fuentes judiciales, en ese entonces no estaba en el país.

Cuando dio su primer testimonio ante Oyarbide, Leonardo atribuyó el espionaje a su suegro, Franco Macri, pero dijo que lo habría concretado con la ayuda de Mauricio. El problema, explicó, era que Franco no aceptaba el matrimonio con su hija Sandra y que todo giraba alrededor de la fortuna familiar. El empresario admitió la enemistad con su yerno en una carta pública que hasta hablaba de que había contratado una agencia de seguridad para vigilar a la hija. El jefe de Gobierno intentó que su cuñado lo desincriminara ante la prensa: le mandó un e-mail a través de su secretaria (ella lo admitió ante el juez) con el texto que pretendía que difundiera para despegarlo del escándalo.

Pero hay un detalle que completa el escenario: una semana después de que comenzó a ejecutarse la escucha al celular del parapsicólogo, James fue nombrado en el Ministerio de Educación porteño en un cargo de supuesto asesor por el que cobraba 6000 pesos mensuales, aunque jamás firmó un dictamen, y nadie en la administración porteña supo –o quiso– precisar sus funciones. La hipótesis de los investigadores es que esa contratación habría sido la pantalla para sus actividades de espía. En esos días, además, Palacios –que venía de dirigir la seguridad de Boca durante la presidencia de Macri– ya estaba trabajando en el armado de la Policía Metropolitana. El líder de PRO le confiaba todos los asuntos de seguridad y de hecho lo siguió defendiendo aún después de que quedara detenido. Todo eso hace impensable que su comisario favorito haya digitado esa escucha ilegal sin decirle nada a su jefe.

Burstein está convencido de que Macri –cuya indagatoria reclamó ayer a la mañana– tenía un interés palpable y personal en saber lo que hablaba y todo indica que a esta altura Oyarbide comparte la sospecha. “Mantuve un conflicto público con él al oponerme a la designación de Palacios en la Metropolitana y porque soy querellante en la causa donde terminó procesado por interrumpir la investigación del atentado a la AMIA. Macri decía que era todo un armado de un grupo minoritario que hacía una denuncia falsa para desprestigiarlos a él y a Palacios”, le dijo Burstein a Página/12. El único de seis celulares a su nombre que usaba para hablar de la causa AMIA fue el que le pincharon. Y fue entre agosto y septiembre del año pasado, cuando era inminente el procesamiento del Fino por encubrimiento del atentado.

Montenegro será indagado el 21 de este mes. Su citación se basa en la presencia constante de James en el edificio del Ministerio de Seguridad (donde está la Metropolitana), donde nunca llegó a estar designado, mientras que a Educación no iba nunca. Algunas de sus visitas allí –a Palacios y a su sucesor, Osvaldo Chamorro– eran inmediatamente anteriores o posteriores al retiro de casetes o CD de la Side. Está filmado incluso en visitas a despachos cercanos al del ministro Montenegro. Las antenas de Nextel, además, mostraron que su celular se activó en la zona de esa cartera 480 veces en dos meses. Narodowski ya fue indagado, pero ahora está citado para el jueves 22 como encubridor, ya que Oyarbide cree que no desconocía la irregularidad de la designación de James, que ni si quiera fue publicada en el Boletín Oficial.

El año pasado, Macri decía que James era un infiltrado y que toda la historia de las escuchas era una suerte de invento para impedir que la Metropolitana saliera a la calle y alimentar así la inseguridad. Ayer, sus voceros, se limitaron a decir: “Todavía no está notificado”. El propio Macri se quejó de los ataques y la “politización”.