La disputa parlamentaria vuelve a girar esta semana en torno del rechazo o la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 298, que habilita el uso de reservas para cancelar deuda pública. La oposición está segura de que contará con las manos necesarias, en una sesión ordinaria o especial, para rechazar el decreto en Diputados. Ayer, los bloques opositores se reunieron y analizaron qué instrumento llevarán al recinto para intentar concretarlo. Allí, todos coincidieron en que están cumplidos los diez días de plazo necesarios para tratar el DNU en el pleno de la Cámara, aunque deberán sortear el obstáculo reglamentario de reunir dos tercios de los diputados para habilitar su tratamiento sobre tablas –porque el dictamen de la Comisión Bicameral podría ser cuestionado ante la Justicia–, como seguramente planteará el oficialismo. Hoy continuarán los contactos entre los principales dirigentes opositores para acordar la estrategia a seguir, mientras el bloque K se prepara para resistir la embestida contra la medida oficial.

La disyuntiva comenzó a discutirse ayer en una reunión de los bloques de diputados opositores. Ausente el macrismo, los legisladores radicales, peronistas disidentes, de la Coalición Cívica, del socialismo y del GEN evaluaron las alternativas que les permitirían llevar el debate sobre el DNU 298 al recinto y rechazarlo. Coincidieron en que pedirán al presidente de la Cámara, el jujeño Eduardo Fellner, la incorporación del tratamiento del DNU en una sesión ordinaria para esta semana, para garantizar el respaldo del interbloque que comanda Fernando “Pino” Solanas. Si el oficialismo bloquea esa posibilidad, pedirán una sesión especial para tratarlo.

Todos los bloques opositores consideran que, “como establece la ley”, ya se cumplió el plazo de diez días para poder tratar el tema en el pleno de la Cámara, con o sin despacho de la Comisión Bicameral. Pero las coincidencias llegaron hasta ahí. Mientras algunos sostenían que no existe ningún impedimento para dar el debate sobre el DNU, otros plantearon dudas sobre cómo sortear el obstáculo de tener que reunir dos tercios de los diputados si el oficialismo recurría a ese argumento reglamentario para tratar el tema sin dictamen y sobre tablas. La discusión todavía no fue saldada. Se barajaron otras alternativas que tampoco permitieron definir el trazo fino de la estrategia parlamentaria opositora. Ya habían desechado la posibilidad de recurrir al dictamen de la Bicameral, después de que la Justicia decidiera dar marcha atrás en la modificación de los integrantes que representan al Senado, que le había dado mayoría temporaria a la oposición.

Ahí prevaleció la posición del diputado radical Ricardo Gil Lavedra: “La Justicia invalidó la conformación, pero no el dictamen de la Bicameral. Aunque si rechazamos el DNU con este dictamen, Alperovich (la senadora oficialista desplazada de la Bicameral por Julio Cobos) podría impugnar la decisión ante la Justicia”, sostuvo el ex camarista federal durante la sesión en que la oposición desistió de apelar el fallo judicial.

El proyecto de declaración que promovió Elisa Carrió en las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Finanzas para declarar “nulo de nulidad absoluta” el DNU 298 fue impugnado administrativamente por el jefe de la bancada K, Agustín Rossi. El oficialismo cuestionó la iniciativa por “vicios reglamentarios” y no reconoce el dictamen, que –según afirma– “no fue dictado en un plenario de la tres comisiones” y “no reúne las firmas de la mayoría de los integrantes en dos de esas comisiones”.

Fellner ya dio lugar al procedimiento administrativo que llevará varios días resolver. El presidente de la Cámara llegó ayer desde Jujuy y recién hoy comenzará los contactos con las bancadas opositoras. El kirchnerismo está dispuesto a terminar de tratar los temas pendientes de la única sesión ordinaria de este año y que pasó a un cuarto intermedio. Pero insistirá en la necesidad de contar con el dictamen de la Bicameral, cuya integración está paralizada por la apelación de Cobos al fallo judicial, para tratar el decreto presidencial en el recinto.