A casi veinte años de la escandalosa cesión de parte de una escuela pública porteña a un empresario para la construcción de locales comerciales –conocida como la escuela-shopping–, un legislador propone recuperar por ley la parte perdida del edificio. “Se trató de una transacción ilegítima y por eso, a modo de reparación, estamos propiciando la no renovación de la concesión, que vence a fin de año”, dijo a este diario el diputado Raúl Fernández (del monobloque Encuentro Progresista), autor de la iniciativa. La idea es reconvertir los locales comerciales en aulas aptas para uso pedagógico.

El caso de la Escuela Presidente Mitre, ubicada en Sarmiento y Pueyrredón, a cien metros de la estación Once, reúne todos los ingredientes para convertirse en paradigma de la corrupción en la década menemista: la ordenanza que cedió parte de la escuela al empresario Salomón Salem fue votada a las 3 de la madrugada del domingo 30 de diciembre de 1990. A cambio, 25 puestos del mercado municipal ubicado enfrente fueron transferidos por Salem al grupo de concejales que impulsaron la norma.

“La concesión de la escuela shopping no sólo es un emblema de corrupción sino un símbolo de la defección del Estado en el sostenimiento de la escuela pública”, dijo Fernández a este diario. El legislador pedirá mañana en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura una preferencia para el tratamiento del tema en el recinto dentro de tres semanas.

La denuncia penal por administración fraudulenta por el caso se hizo en 1995, cuando se desató el escándalo. La causa pasó por numerosos juzgados y fiscalías y durmió un tiempo en la vieja Corte Suprema hasta que el juez federal Ariel Lijo resolvió que había prescripto. Una apelación de la Procuración general de la Ciudad devolvió el caso al circuito judicial: la Cámara Federal calificó el caso como “peculado”, que tiene una pena máxima de diez años.

El proyecto de Fernández dispone restituir a la Escuela Nº 16 del Distrito Escolar 2 el uso de los inmuebles ubicados en su franja perimetral, cedidos a un privado por la ordenanza Nº 44.832 y establece que el Poder Ejecutivo iniciará el desalojo administrativo tendiente a obtener la restitución del mencionado inmueble, al momento del vencimiento de la concesión, a fines de diciembre de este año, cuando se cumplan los veinte años de concesión.

La famosa ordenanza votada en la penúltima madrugada del ’90 sellaba un acuerdo entre el empresario Salomón Salem, en nombre de los permisionarios del Centro de Abastecimiento Municipal Nº 74, un mercado ubicado enfrente de la escuela. Salem explotaba ese centro municipal, había invertido dinero en reformas, pero había perdido la concesión. Un grupo de concejales le ofreció este acuerdo por el cual renunciaba a cualquier reclamo contra la municipaalidad y recibía a cambio la concesión de la planta baja de la escuela para construir locales y la explotación de 25 puestos del Centro de Abastecimiento.

“El empresario Salem terminó transfiriendo los locales del CAM a una sociedad que integraba un grupo de concejales”, explicó a Página/12 el diputado Aníbal Ibarra, denunciante en la causa cuando era concejal, junto a sus colegas Guillermo Francos y Norberto La Porta.

En la causa judicial están imputados el ex intendente Carlos Grosso, los ex concejales de la UCR Miguel Herschberg, Héctor Fernández y Tomás Bres, y los beneficiarios de la concesión, los empresarios Salem, Hugo Szeinbaum y Sofía Maraschi Levi. Según Ibarra, “Grosso quedó involucrado porque firmó la ordenanza, pero después se supo que lo hizo presionado para que los concejales de la oposición le aprobaran el presupuesto”.

Ahora, el proyecto de Raúl Fernández propone que “al momento de finalizar el plazo de vigencia de las concesiones otorgadas, le corresponde a la Legislatura resolver que las mismas no sean renovadas”. Incluso, como “una clara señal de compromiso con la educación pública”, propone que “los inmuebles que pertenecen a la Escuela Presidente Mitre sean afectados para uso exclusivo de tareas pedagógicas”.