Al mediodía, un motoquero manejó por plena Diagonal Norte con una sola mano el manillar. Necesitaba la otra libre para levantar el pulgar hacia la puerta de la Fiscalía de Cámara, donde un revuelo de cámaras y fotógrafos acompañaba a Carlos Alvarez y Martín Canevaro y representantes de la Federación Argentina LGBT en su trámite del día: pedir cita con la fiscal Daniela Ugolini. Al escritorio de la funcionaria llegaba ayer mismo el expediente del que depende la suerte matrimonial de Alvarez y Canevaro, la pareja cuya aptitud nupcial, resuelta por el juez porteño Guillermo Schleiber, está en ascuas hasta tanto ella sostenga la apelación o desista de persistir. “¡Estos son los trolos que se quieren casar!”, repetía entre risas Alvarez, que acababa de escuchar la frase de un señor entrado en años que pasaba por allí, mientras un poco más allá de la puerta militantes de la Federación repartían volantes sobre la campaña para modificar la ley de matrimonio civil, cuyo nuevo capítulo, por otra parte, será hoy mismo. A las 16, se reunirá la Comisión de Familia, Mujer y Adolescencia, cuya presidenta, Claudia Rucci (PF), todavía no ha firmado la convocatoria a reunión conjunta para el jueves próximo, cosa que sí ha hecho su par de Legislación General, la diputada Vilma Ibarra (NE).

La reunión con Ugolini no pudo concretarse porque la funcionaria no se encontraba en el lugar. Por ello María Rachid, presidenta de la Falgbt, dejó un pedido de audiencia en nombre de la asociación, mientras la puerta de la Fiscalía se convertía en escenario de conferencias de prensa con distintos medios. Alvarez y Canevaro eran las estrellas indiscutibles de la vereda. Más cerca del cordón, como escondida entre los militantes más jóvenes pero sólo por lo menuda, Norma Castillo recordaba que en los ‘60 “la homosexualidad era algo patológico, te lo decían por escrito... y mirá ahora”. Castillo, la militante de 67 años que lleva casi uno de unión civil con quien es su mujer desde hace 30 años, Norma “Cachita” Arévalo, y además preside el primer centro de jubilados LGBT argentino, estaba radiante por el cambio que percibe en el aire, y lo que eso puede significar en el futuro inmediato. “Nosotras ya hicimos nuestra vida, pero ahora es por ellos.”

A unos metros, Alex Freyre y José María Di Bello, la primera pareja de varones en casarse en Argentina, acompañaban a Alvarez y Canevaro, que planteaban una y otra vez sus dudas sobre qué decisión podría tomar Ugolini. Entre manos, la funcionaria tiene el expediente en el cual Schleiber, además de declarar inconstitucionales los impedimentos, ordenó al Registro Civil proceder a la boda, y cuyo fallo, apelado por la fiscal de primera instancia Mariana Pucciarello, ahora espera otra resolución, esta vez por parte de la funcionaria impulsada para un ascenso por el propio Macri, quien se ha manifestado a favor del matrimonio para todos y todas. Si, a pesar de las definiciones políticas, Ugolini sostiene la apelación, el expediente será sorteado en la Cámara de Apelaciones; si desiste, el fallo queda firme y la pareja se convertirá en el tercer matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en Argentina.

Entre tanto, el avance de los proyectos para modificar la Ley de matrimonio civil atravesará hoy un momento clave, durante la reunión de la Comisión de Familia, presidida por la diputada Claudia Rucci. El 18 de marzo, en la última reunión conjunta que su comisión mantuvo con la Comisión de Legislación General, Rucci se comprometió, tanto como su par Ibarra, a que el próximo encuentro sería conjunto y se convocaría para firmar dictamen, el paso que habilita a los proyectos el tratamiento en el recinto. Pero entre entonces y hoy, que originalmente había sido el día indicado para el dictamen, algo sucedió: por lo pronto una demora de dos días. La reunión de ambas comisiones fue estipulada para la mañana del jueves; Ibarra ya firmó la convocatoria, hasta ayer a última hora la firma de Rucci estaba pendiente. Desde la Falgbt se esperanzan con que no dependa todo de ella: aun cuando Rucci mezquine su firma, si una mayoría de los integrantes de la comisión se lo exige, deberá hacerlo.

Desde la semana pasada, gran parte de la acción se desarrolla en el terreno virtual: personas y asociaciones vienen desparramando argumentos a favor y en contra de una nueva ley de matrimonio en Facebook. La marea llega a cubrir los perfiles de diputadas y diputados, acciones de las que no se salvó la propia Rucci. Hace unos días, la diputada colgó en su muro links a sitios que daban cuenta de agresiones “por parte de personas de la comunidad LGBT que reclamaban la convocatoria a reunión”. Ayer, quien hacía acto de presencia virtual en Facebook era Ernesto Lamuedra, el abogado que a principios de marzo pidió al juez nacional Félix de Igarzábal que anulara el matrimonio civil de Damián Bernath y Jorge Salazar (una nulidad cuya legalidad aún no se discierne). Lamuedra, que se ofreció a la diputada “para cualquier aclaración” sobre “la correcta estructuración del matrimonio y la familia”, explicaba a Rucci que las “ventajas jurídicas” del matrimonio se deben no “a ninguna homofobia” sino a “la diversidad de sexos”, que a su vez sustentan cuestiones como “la ganancialidad derivada de las cargas de la mujer para el cuidado de los hijos y la dificultad de trabajar”. Que las parejas constituidas por personas del mismo sexo no tengan acceso al casamiento, señaló exhumando el argumento presentado a Igarzábal, sólo revaloriza el matrimonio “verdadero”.

Ayer mismo, por su parte, la diputada del PRO Gladys González insistía con el proyecto de ley sobre “enlace civil” sobre el que ella, Gabriela Michetti, Paula Bertol y Federico Pinedo aún, dicen, están trabajando. En un comunicado, señalaron que “debemos respetar y garantizar a través de la norma los derechos de las minorías, en este caso de la comunidad homosexual, (pero) también debemos proteger y respetar a quienes sostienen los valores de la familia tradicional”.