Desde Madrid

“Si se va de la Audiencia Nacional se arreglan todos sus problemas.” Un artículo publicado ayer por el diario El País afirma que el entorno del juez Baltasar Garzón ha recibido repetidas veces este mensaje a lo largo de las últimas semanas, proveniente de los más altos cargos de la Justicia española. Según el matutino, le han ofrecido –aunque nunca de un modo directo sino a través de su entorno más cercano– desde ocupar un cargo que no existe, el de juez de enlace para Iberoamérica, hasta una alfombra dorada que lo lleve al Tribunal Penal Internacional como número dos del fiscal argentino Luis Moreno Ocampo.

El caso Garzón se ha vuelto una bola de nieve incontrolable tanto para la Justicia como para el gobierno español, de eso no hay dudas. En el artículo firmado por el periodista José Yoldi se afirma incluso que, según fuentes judiciales, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habría dado instrucciones “al fiscal del Estado, Cándido CondePumpido, que es magistrado de la Sala Segunda del Supremo, para que el asunto se arregle, por el enorme descrédito que los procesos en el Supremo contra el juez está generando en instancias internacionales”.

Pero el socialista Rodríguez Zapatero poco puede hacer para influir sobre los jueces, la mayor parte de ideología conservadora, que tienen en sus manos el futuro del juez. “Los magistrados del Supremo”, afirma el artículo de El País –uno de los textos más incisivos que se han publicado durante los últimos días sobre este tema–, “están hartos de Garzón desde hace mucho tiempo. Lo consideran vanidoso, mucho peor juez que ellos mismos y la más refulgente supernova en el firmamento de los jueces estrella. Ellos, que han llegado a la cumbre de su profesión y tienen el más elevado concepto de sí mismos, resulta que tienen mucha menos fama, lo que se traduce en un muy inferior caché en los cursos y conferencias en que participan”.

Según ha dejado trascender el entorno del juez, Garzón no piensa ni por asomo en renunciar. “Ahora y así, no me puedo ir”, afirman que piensa el juez al que los magistrados que lo procesan parecen atribuirle poderes sobrenaturales, ya que según sus allegados le han hecho llegar también un segundo mensaje para que detenga “inmediatamente la presión mediática contra el Supremo”, ya que a su parecer esto sólo lo perjudica. “Como si el magistrado tuviera una varita mágica con la que pudiera mover a su antojo a periódicos, radios y televisiones e incluso a toda la corte de defensores y admiradores que han surgido a raíz de los tres procesos”, concluye el artículo.

Que las envidias y celos profesionales, además de las antipatías que despierta en la clase política por su excesiva independencia, estaban en la base de la operación de acoso y derribo emprendida por el Poder Judicial contra Baltasar Garzón nunca hubo dudas. Sólo que el puñado de jueces que se encuentran ahora en el centro de la escena, según parece, no se esperaban el escándalo internacional que finalmente se ha producido, con gran parte de los más prestigiosos periódicos del mundo escribiendo editoriales a propósito de la injusticia que se está cometiendo con Garzón sólo porque se animó a tocar un tabú de la España contemporánea al decidir investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura fascista del general Francisco Franco entre 1936 y 1975.

En un artículo publicado por el diario Público el pasado domingo, el historiador Francisco Espinosa lo decía blanco sobre negro: “La derecha no ha encajado que un auto judicial reprodujera los términos que utilizamos desde hace tiempo los historiadores, como criminal de guerra, plan de exterminio y otros. La reacción ha sido tratar de aplastar a Garzón y frenar cualquier investigación”. Espinosa no duda en calificar de “ofensiva bestial” la operación montada para expulsar a Garzón de su juzgado y lamenta que sus consecuencias las hayan “pagado las víctimas”.

En el mismo artículo, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, agrega un elemento fundamental para entender lo que está sucediendo. “En muchos lugares, la estructura social de la dictadura está intacta” dice, al tiempo que lamenta que el sesenta por ciento de los juzgados regionales a los que Garzón remitió las causas para que se procediera a la reapertura de las fosas y la identificación de las víctimas, que se calculan “entre 136.062 y 152.237” han dado carpetazo al asunto, desestimando el proceso judicial sin siquiera citar a los familiares de los desaparecidos.

Con toda la que está cayendo, sostienen en fuentes judiciales consultadas por Página/12, está claro que la amenaza que llevó a cabo el Partido Popular cuando Rodríguez Zapatero impulsó la Ley de la Memoria Histórica al comenzar su primer gobierno se está cumpliendo. “No lo haga –le había advertido desde la derecha el líder del PP Mariano Rajoy–, o abrirá usted la caja de Pandora.” Ahora la caja ya está abierta y, suceda lo que suceda con Garzón, cada día parece estar más claro que la sociedad española tendrá que confrontarse tarde o temprano con su pasado, mal que les pese a los herederos políticos del franquismo y sus acólitos.