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En octubre de 2008, la sanción por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Ley 2894, mediante la cual se establecieron las bases jurídicas e institucionales fundamentales del sistema de seguridad pública porteño, fue el resultado de la construcción de un consenso político y legislativo que entusiasmó al oficialismo y a la oposición. Con ello, además, se creó la Policía Metropolitana y, así, se abría la posibilidad de conformar una institución policial asentada en nuevas formas de organización y nuevas modalidades de funcionamiento.

El consenso institucional plasmado en la mencionada norma era claro respecto de quién debía ejercer la dirección superior de la Policía Metropolitana: ello recaía de manera indelegable en el ministro de Justicia y Seguridad. El modelo adoptado era el de una policía con conducción civil, en el que se atribuía al ministro del ramo el ejercicio de las dos funciones rectoras fundamentales de la Policía Metropolitana. Por un lado, la dirección superior mediante la planificación estratégica, el diseño y formulación de las estrategias policiales de control de la violencia y el delito, la conducción y coordinación funcional y organizativa de las diferentes instancias y componentes de la misma, la dirección del accionar específico, así como también de las actividades y labores conjuntas con otros cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, de acuerdo con sus funciones y competencias específicas. Y, por otro lado, la gestión administrativa general en todo lo que compete a la dirección de los recursos humanos, la planificación y ejecución presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y patrimonial, la planificación y gestión logística e infraestructural y la asistencia y asesoramiento jurídico-legal. Y el mando civil se reforzaba atribuyéndole al Ministerio de Justicia y Seguridad una facultad importantísima: la designación y remoción del personal de la Policía Metropolitana.

En este marco, a la Jefatura de la Policía Metropolitana se le asignó la conducción operacional de la misma, es decir, una conducción de segundo escalón. Así se expresa en la Ley 2894 cuando se establece que corresponde a esa jefatura la conducción orgánica y funcional de la institución mediante la organización, prestación y supervisión de los servicios policiales.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, violó este conjunto de trazos institucionales desde el mismo momento en que inició el proceso de conformación de la Policía Metropolitana. La designación del comisario general (R) Jorge Palacios al frente de esta nueva organización y, con ello, la concesión del mando real de la misma a la troupe de comisarios y agentes de informaciones importados desde la Policía Federal Argentina que lo acompañaron quebró aquel consenso político y dejó claro que para Macri la seguridad pública es una cuestión policial que debe ser gestionada exclusivamente por un comisariato bravo. A contramarcha del diseño institucional logrado entre los funcionarios y legisladores oficialistas y la oposición parlamentaria, el núcleo duro del poder macrista optó por reproducir la tendencia tradicional que caracterizó a casi todos los gobiernos nacionales y provinciales que se sucedieron en nuestro país desde 1983 hasta la actualidad: la delegación, sin frenos inhibitorios, del gobierno de la seguridad pública a las cúpulas policiales.

Se trató de una picardía política de poca monta. Mientras sus funcionarios y legisladores negociaban un nuevo marco legal con la oposición, Macri ya había decidido colocar a Palacios y sus secuaces al mando de la novel institución policial, con la premeditada intención de montar una estructura de seguridad propia que le permitiera competir en la trastienda del poder con el kirchnerismo y arrebatarle a la Policía Federal Argentina el dominio de las calles. Una ingenuidad propia de un bon vivant que nunca trajinó los duros adoquines sobre los que se dirimen los asuntos de seguridad en este país.

Antes que un suspiro de monja, todo estalló por el aire. No obstante, cuando Palacios ya estaba entrando en la cárcel de Marcos Paz, se abría la posibilidad de que el macrismo comprendiera la inviabilidad de la policiarquía y se allanara a la necesidad de retomar aquel vilipendiado consenso institucional a favor de una policía con conducción civil. La designación de Eugenio Burzaco al frente de la Policía Metropolitana se orientó en ese sentido. Burzaco, como diputado nacional, en 2006, había respaldado activamente la sanción de la Ley 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, mediante la cual se creó la primera institución policial federal con mando civil. Y en numerosos seminarios y eventos públicos se manifestó partidario de ese modelo de gestión policial.

Pese a ello, desde entonces, inexplicablemente, no se intentó desde la esfera oficial tender un puente de diálogo y de acuerdo con la oposición. Ese vacío deja a los sectores de la oposición reformista dispuesta a la concertación institucional en la mira de la oposición maximalista, que cree insulsa y perversamente que hay que hacer una profunda transformación social e institucional para que todo esto cambie. Ello convierte a estos mujaidines políticos en una oposición conservadora y legitimante de todo lo existente porque, de no darse el cambio de las estructuras sociales y políticas, todo se perpetúa como está, pero su crítica histriónica tiene resonancia mediática y eso vulnera la posibilidad de retomar el consenso originario.

Asimismo, el procesamiento del comisario (R) Miguel Angel Fausto Colombo –designado en mayo de 2009 como Comisionado de la Policía Metropolitana– acusado de proteger la prostitución en la zona de Retiro cuando laboraba en la Policía Federal, dejó al descubierto que la cúpula de la Policía Metropolitana sigue en manos de los “federales” del equipo de Palacios. Ello pone en entredicho el amague oficial de enderezar la situación y coloca un manto de duda sobre la verdadera intención del macrismo al respecto.

La perpetuación del comisariato federal en la Policía Metropolitana es incomprensible, a no ser que los “compromisos” asumidos por el núcleo duro del macrismo con dicho grupo lo constriñen y le impiden prescindir de ellos. Si es así habrá que esperar al 2011 para volver a abordar el tema. Pero si no es así, o no lo es del todo, no debería perderse de vista que es posible y necesario que la Policía Metropolitana sea conducida por cuadros civiles especializados en seguridad pública, prescindiendo de aquel comisariato anticuado y vetusto que sólo sabe dar muestras de modalidades de organización y de trabajo policial deficientes y hasta con tonos delincuenciales. En efecto, ejercer la dirección superior y la administración general de la Policía Metropolitana y entender en la conducción operacional de la misma no constituyen labores que no puedan ser llevadas a cabo por un equipo de gestión no-policial que sea competente en la materia. El comisariato viejo y sus voceros políticos –ministro, legisladores y/o dirigentes partidarios– son los encargados de difundir que el mando civil de la policía no es posible ni viable. Sin embargo, en el ámbito porteño, ello es necesario en función, entre otros menesteres, de reformular el modelo de policía militarizada, centralista y belicista pergeñado e impuesto por las mesnadas palacistas y avalado por el macrismo duro.

En fin, si no se saldan estas cuestiones, difícilmente se pueda avanzar significativamente en el único camino viable para conformar la Policía Metropolitana: el traspaso de algunos servicios y dependencias de la Policía Federal Argentina a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Sin este proceso, durante la próxima década, o más, la Policía Metropolitana no será más que un grupo de paseantes urbanos de poca monta. Y la Policía Federal Argentina seguirá con su condición de intocables, para el agrado de los conservadores de derecha y de los conservadores de izquierda.

* Ex interventor de la PSA.