Entre los papeles, carpetas y equipos para hacer escuchas que se le secuestraron a Ciro James el año pasado había algo pequeño, pero de gran importancia: la tarjeta personal del titular de Política Criminal del Ministerio Público fiscal porteño, Agustín Gamboa. El espía la tenía en su poder porque mantenía reuniones como representante de la Policía Metropolitana, pese a que el gobierno porteño ha negado sistemáticamente que cumpliera funciones en la fuerza. La confirmación surge de la declaración del propio Gamboa en el juzgado de Norberto Oyarbide, donde ayer precisó que tuvo un encuentro con James y Roberto Ontivero –uno de los jefes policiales desplazados por el espionaje– en el que ambos dijeron estar a cargo del armado del “área de investigaciones” de la nueva policía.

Según el relato de Gamboa, la reunión con James “se produjo al poco tiempo de la asunción de (Jorge “Fino”) Palacios como titular de la Policía” porteña, en julio del año pasado. El objetivo, explicó, era coordinar acciones entre la nueva fuerza y el Ministerio Público de la Ciudad (las fiscalías). El funcionario dijo que James y Ontivero fueron juntos, como enviados de Palacios, según relataron a Página/12 allegados a la causa.

Por entonces, James todavía pertenecía a la Policía Federal, donde obtuvo la baja en septiembre. Es decir que no estaba nombrado en la Metropolitana aún, pero, según deja en evidencia el testimonio de Gamboa, se movía como uno más entre los jefes. Cerca de Oyarbide creen que este nuevo testimonio termina de derribar la teoría (fogoneada por el macrismo) de que James era un mero aspirante al que nadie conocía o un infiltrado. También podría explicar el hecho de que el Ministerio de Educación porteño le siguiera pagando por una función de asesor que jamás cumplió. En el juzgado siempre sospecharon que era una pantalla de sus tareas de espionaje.

James y Palacios están presos desde el año pasado, como dos piezas clave de lo que Oyarbide calificó como una asociación ilícita dedicada a pinchar los teléfonos del dirigente de Familiares de las Víctima de la AMIA Sergio Burstein, del empresario televisivo Carlos Avila, de abogados, más empresarios, parejas de personajes adinerados y hasta del cuñado de Mauricio Macri, el parapsicólogo Daniel Leonardo.

Está probado que James y Palacios se comunicaban permanentemente, y que el espía transitaba las oficinas de la policía porteña. Ontivero no fue citado aún, pero también hablaba seguido con James, lo que le costó el cargo. Los tres se conocen de la Federal, donde trabajaron juntos, incluso años en la Unidad Antiterrorista en Misiones.

Desde esa provincia, precisamente, se ordenaban las escuchas. Lo hacían los juzgados de Horacio Gallardo y José Luis Rey, para dar apariencia de legalidad al espionaje. Pedían intervenir ciertas líneas como si Burstein, Leonardo y compañía fueran sospechosos en casos de homicidio. James retiraba las grabaciones de la SIDE. Gallardo y Rey están siendo sometidos a juicio político y hoy se conocerá el veredicto del jurado. Si son destituidos, podrán ser indagados.

Todavía está pendiente la tanda de indagatorias a los funcionarios porteños, empezando por el propio Macri, complicado por las escuchas a su cuñado, coincidentes con el nombramiento de James en Educación, en 2008, aunque también le imputan las de Burstein. Pero todo quedó postergado a la espera de que la Sala I de la Cámara Federal defina si Oyarbide puede seguir al frente de la causa. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, lo recusó con el argumento de que cuando era fiscal lo acusó y pidió su indagatoria, llamativamente también en un caso de escuchas. Montenegro asistió ayer con sus abogados a una audiencia en la Cámara, donde volvió a exponer sus argumentos. Oyarbide ya había refutado que como fiscal Montenegro estaba obligado a impulsar su indagatoria y que, de todos modos, fue sobreseído.

La Cámara definiría entre hoy y mañana la suerte de la causa, que si cambia de juez es candidata a entrar en un paréntesis en el mejor de los casos. Si Oyarbide es confirmado, indagará a Palacios el 28 de este mes como jefe de la banda, al ex titular de Educación Mariano Narodowski el 26, a Macri el 5 de mayo y a Montenegro quizás esta semana.