Una de las críticas de los opositores a la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal es que el sistema sanitario no estaría preparado para contener a los usuarios, quienes hoy, muchas veces, acceden a un tratamiento previa detención y judicialización. Ahora, el Poder Ejecutivo salió al cruce de ese argumento al crear por decreto la Dirección de Salud Mental y Adicciones, dentro del Ministerio de Salud nacional, una dependencia que existió durante el gobierno golpista de Pedro Aramburu y fue reflotado por el ex presidente Raúl Alfonsín. Esta semana sería designado el director.

El decreto 457/10, firmado a principios de abril por la presidenta Cristina Fernández y el ministro de Salud, Juan Manzur, apunta a lograr “un adecuado cumplimiento de los criterios de eficacia y eficiencia necesarios para el logro de los objetivos estratégicos establecidos para el Ministerio de Salud, posibilitando una mejor respuesta a las demandas en materia de atención primaria de salud mental y de diversas adicciones”. Esta reforma se funda en que la atención de adicciones es una función “indelegable” del Estado nacional y, hasta el momento, está tercerizada, mediante el otorgamiento de becas por parte de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).

Vicente Galli, a cargo de esta Dirección durante los ’80, recordó que la primera experiencia jerárquica fue el Instituto Nacional de Salud Mental, fundado en 1957, de carácter autárquico y financiado con ingresos de la Lotería Nacional. “Este instituto fue pensado por los psiquiatras (Mauricio) Goldenberg, (Raúl) Usandivaras y (Jorge) García Badaracco. Pero ellos nunca asumieron del todo la dirección, porque el Instituto fue tomado por la vieja corporación psiquiátrica que administraba los manicomios. El tema de las adicciones siempre estuvo preñado por la cultura manicomial, que durante la última dictadura se intensificó”, aseguró Galli.

Goldenberg, Usandivaras y García Badaracco estaban en contra de la internación como única estrategia de tratamiento. “En ese momento, la drogadicción no era un tema tan importante y complejo como ahora, que tiene relación casi directa con la pobreza”, comentó a Página/12 García Badaracco, el único vivo entre los tres psiquiatras. “Teníamos que recibir una suma de 80 millones de dólares que nunca apareció”, agregó. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, la prevención en salud mental y adicciones, comentó Galli, “se volvió una política nacional” consensuada por el Consejo Federal de Salud.

“En esa época organizábamos cursos de administración de servicios, pero esto se terminó con (Carlos) Menem. Al asumir Matilde Menéndez en Salud hubo una brutal descentralización, y la salud mental terminó siendo un programa secundario”, contó Galli. Para el especialista, la reciente creación por decreto de esta Dirección supera en jerarquía a la que dirigió a partir de 1984 y es “una decisión muy acertada”. La idea de reflotar esta Dirección fue sugerida entre los 40 puntos elaborados por la Comisión de Políticas Públicas de Drogas, con el fin de “revalorizar las áreas en el Ministerio de Salud”, afirmó la titular de ese organismo, Mónica Cuñarro.

Esta dirección dependerá de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, que tiene más territorialidad y relación con la atención primaria de la salud que el resto de las áreas del ministerio, además de un contacto fluido con la cartera de Desarrollo Social. Fue justamente la ministra Alicia Kirchner quien incluyó la salud mental, las adicciones y las cárceles como prioridad dentro de la Comisión de Políticas Sociales de la Nación, un organismo multiministerial, que también preside la ministra, y que marca los temas más urgentes a resolver en el corto plazo.

“Con esta dirección se arma la parte preventiva, de tratamiento y rehabilitación. Para eso relevamos lo que debe hacerse, marcamos las zonas críticas de la población respecto del abuso o adicción severa, como, por ejemplo, al paco. Ya elevamos los lineamientos que debe seguir esta dirección, ajustados a los fallos de la Corte Suprema (que declara inconstitucional la penalización de la tenencia para uso personal), que plantean que la internación sea el último recurso. Por otro lado, nuestra comisión dictaminará si aprueba o no cada proyecto o plan de la dirección”, detalló Cuñarro.

Los lineamientos que van a regir esa dirección son una herencia de la postura compartida por García Badaracco y Galli, quienes promovieron un modelo social en salud mental y adicciones por sobre el que hoy impera: el modelo tutelar. Este último se basa en la declaración de “insania” por la que un juez determina que una persona debe tener un “curador” y se la interna, muchas veces indefinidamente. “Esto es común cuando hay abusos de drogas prohibidas y las personas, para no cumplir una pena, son obligadas a tratarse porque se la considera un peligro para la sociedad”, explicó Galli.

El modelo social, en cambio, plantea que el padecimiento del paciente emerge en un contexto social, familiar y territorial, por lo que se trata de incluirlo en la sociedad y no aislarlo. “Esto precisa de un compromiso político, porque las enfermedades no quedan restringidas a lo médico, sino a las condiciones de vida”, agregó Galli. El decreto contempla este punto y también los gastos, a cuenta del Ministerio de Salud, para formar profesionales a través de becas y residencias. Además, esta dirección deberá “controlar y fiscalizar” las granjas y comunidades terapéuticas, que muchas veces se benefician al prolongar la internación.

El punto crucial del decreto se refiere a principios rectores en materia de atención primaria de la salud mental, y los tratamientos de las adicciones deberán basarse en “una perspectiva respetuosa de los derechos humanos y las garantías individuales de las personas, con un criterio interdisciplinario de atención, que priorice la participación y acompañamiento familiar y comunitario”, según el texto de la norma.