“Queremos acabar con el flagelo de los ‘motochorros’”, afirmó ayer el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, influenciado por la denominación que un medio de prensa les ha impuesto a los que roban mientras se movilizan con vehículos a motor de dos ruedas. Macri anunció que la bancada del PRO en la Legislatura de la ciudad impulsará un proyecto de ley que prohibirá que las motos o motocicletas puedan transportar a más de una persona en la zona del microcentro porteño, en el horario de 9 a 18, el de mayor actividad en el área, por la presencia de bancos y oficinas públicas o privadas. El proyecto oficialista contempla, además, que para poder llevar acompañante en el resto del ejido urbano de la ciudad, el segundo pasajero podrá hacerlo sólo si el vehículo cuenta “con doble asiento o asiento adicional” y con “posapiés y agarradera”. Al mismo tiempo, el copiloto deberá lucir “chaleco reflectante” que al dorso deberá tener “el número de patente de la motocicleta”. Aunque la iniciativa todavía no ingresó en la Legislatura para su tratamiento en comisión, dos legisladores de la oposición cuestionaron la propuesta por tratarse de “una medida aislada que no garantiza la seguridad” o incluso por ser “una medida desprolija, sin una fundamentación técnica”.

El que defenderá la iniciativa cuando llegue a la Legislatura será el diputado Martín Ocampo, radical macrista porteño, quien coincidió con Macri en que los legisladores de la ciudad tienen “la obligación de legislar para terminar con este flagelo”, en relación con los robos que se cometen utilizando motos o motocicletas en las que van por lo general dos personas: una que conduce y la otra que comete el asalto. Además de prohibir el ingreso al microcentro de motos que lleven más de una persona, Ocampo anticipó que también van “a exigir que los acompañantes usen un chaleco con colores refractantes que al dorso posea el número de patente”. Como medida complementaria incorporada al borrador del proyecto, al que tuvo acceso Página/12, se sostiene que “los ciclomotores y las motocicletas” tendrán que “estar equipados con un chaleco refractario indicando número de patente, antes de ser librados a la circulación”. Con el mismo expuesto objetivo de terminar con este tipo de delito en la ciudad, “se prohíbe la venta de combustible y/o lubricantes (en estaciones de servicio o comercios afines) a los conductores y/o acompañantes de motovehículos que al momento de su expendio no cuenten con placas oficiales de identificación de dominio” y que no lleven puestos “los cascos protectores (...) y el chaleco ut supra establecido”.

Las estaciones de servicio “deberán exhibir en lugares visibles del interior del local, vidrieras o surtidores, letreros indicando que ‘está prohibido el expendio de nafta y/o combustibles’” a quienes no cuenten con los elementos mencionados. El proyecto recuerda que la obligatoriedad del asiento para el acompañante ya está mencionada en el Código de Tránsito porteño y que ahora “resulta imperioso prever medidas de seguridad relacionadas con la temática en trato: esto es el tránsito de motovehículos portando acompañantes, pues es sabido que tal forma de circular es comúnmente utilizada al sólo efecto de facilitar ciertas formas de delinquir”.

Diego Kravetz (BP) aseguró que “no sirve de nada la implementación de medidas aisladas” y que se tendrá que “instrumentar un plan integral que cuide tanto a los motoqueros como a los que no lo son”. Para eso, según Kravetz, es necesario “mayor presencia policial para que controle el uso obligatorio del casco, así como también que los papeles de las motos estén al día”. Kravetz recordó que a partir de la creación de la Policía Metropolitana “Macri tiene la obligación y la potestad de combatir el delito y hacer que esta nueva fuerza esté más activa para poder garantizar la seguridad de todos”.

Por su parte, Gonzalo Ruanova, legislador de Nuevo Encuentro, opinó que el anuncio fue “desprolijo e improvisado, porque es una copia de un proyecto presentado por la UCR en la ciudad de Rosario”. Ruanova consideró que “son medidas aisladas que ni siquiera tienen en cuenta cuáles son los delitos más importantes que ocurren en la ciudad. Tampoco se sabe cuál será el organismo que aprobará los chalecos ni cómo se va a coordinar el trabajo con la Policía Federal. La propuesta carece de toda seriedad”.