La Iglesia chilena presentó ayer su propuesta de indultos para el Bicentenario e incluyó a los represores dentro de los posibles beneficiarios. El presidente Sebastián Piñera podría decidir el domingo si perdona a quienes cometieron crímenes durante la dictadura pinochetista. Hubo reacciones de la oposición y de organismos de derechos humanos.

El obispo Alejandro Goic y el cardenal Francisco Errázuriz llegaron temprano a la casa de gobierno de La Moneda, con el documento de cinco hojas bajo el brazo. En la propuesta que le hicieron a Piñera se contempla un indulto para los presos por delitos comunes y para los que están condenados por delitos de lesa humanidad. Según las autoridades eclesiásticas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo chileno deben discutir la situación de quienes actuaron durante la dictadura militar. Los prelados reclamaron que sea atendida la situación particular de los represores y que se la evalúe de acuerdo con el nivel de responsabilidad y de autonomía que tuvieron durante el régimen de facto. También, que se contemple el grado de arrepentimiento y el supuesto grado de humanidad que demostraron. “No cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado”, señala el documento.

Al salir de la casa de gobierno, el obispo y el cardenal leyeron una declaración frente a la prensa y pidieron un gesto de clemencia. “Nuestro planteamiento no busca reabrir las graves heridas de ayer ni tampoco pretende que ellas se cierren por decreto. Simplemente presentamos a las autoridades de la Nación la realidad de dolor que viven personas privadas de la libertad, que han sido juzgadas y han cumplido gran parte de sus condenas”, dijeron.

Previsiblemente, la derecha no dudó en apoyar la iniciativa eclesiástica.

“Es interesante porque no hace discriminación de las personas que han cometido delitos”, dijo el senador Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), un aliado parlamentario de Piñera. El mes pasado, dirigentes de la UDI le pidieron a Piñera que ponga fin al juzgamiento a los militares. El presidente chileno guardó silencio.

Ayer tampoco hubo reacciones desde el gobierno. La vocera de Piñera, Ena von Baer, pidió esperar con calma la decisión del presidente y no adelantar juicios respecto de ella.

El diario El Mercurio anticipó anteayer que el domingo se sabrá si el mandatario da curso al pedido de la Iglesia. No hubo fuentes oficiales que confirmaran o negaran la versión. Según medios chilenos, la medida podría alcanzar a unos 35 militares y policías, más de la mitad de los 66 represores hoy presos. El beneficio entraría en vigencia en septiembre, cuando Chile festeje su bicentenario.

A pesar del pedido oficial de cautela, las reacciones adversas no se hicieron esperar.

La Concertación volvió a expresar su rechazo, como lo viene haciendo desde que se empezó a hablar del tema en la campaña presidencial. “No hay nada que discutir”, disparó el jefe de los diputados democristianos, Patricio Vallespín. Por su parte, el ex candidato presidencial independiente Marco Enríquez Ominami censuró la facultad del indulto: “No me gustan las monarquías presidenciales. El indulto es una institución monárquica. Es la idea de que un rey puede perdonar”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia se sumó a la catarata de críticas. “Los indultos y las amnistías no debieran coexistir en regímenes democráticos como el que tenemos”, señaló Milton Juica. El juez había hecho un mea culpa el año pasado por el funcionamiento de la Justicia chilena durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Organismos de derechos humanos y otras agrupaciones sociales se congregaron frente de La Moneda para repudiar la propuesta eclesiástica. “Lo que presentaron los obispos es un documento que francamente cuestiona la relación de la Iglesia con la defensa de los derechos humanos. Ahora se pone del lado de los victimarios”, declaró a Página/12 Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La líder de la AFDD rechazó que hayan existido distintos grados de responsabilidades entre quienes secuestraron, torturaron y asesinaron en Chile.

Su colega Alicia Lira dijo que la propuesta esconde una estrategia de impunidad. “Es una ofensa a la memoria de aquellos que lucharon por terminar con la cultura de la muerte”, sentenció la titular de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). La dirigente se mostró pesimista con respecto a la decisión que debe tomar Piñera. “Todo indica que aquí va a haber impunidad.”

Informe: Luciana Bertoia.