Una huelga inédita de los principales medios italianos, el repudio generalizado del mundo artístico de ese país y la condena de los expertos de la ONU fue suficiente para torcerle el brazo al Il Cavaliere. El primer ministro Silvio Berlusconi presentó esta semana una modificación a la llamada ley mordaza, que permitirá a los periodistas eludir la censura siempre que el juez del caso determine que la información que quieren publicar es pertinente. El proyecto de ley, que ahora será votado junto con la nueva modificación a finales de este mes en la Cámara baja, sostenía en un principio que los medios no podrían publicar ninguna transcripción de una escucha o grabación que se realizara en el marco de una investigación policial. El público debía esperar hasta el juicio oral y público. Ahora la decisión quedará en manos de los jueces.

La modificación no fue la marcha atrás que le pedían la oposición y los medios de comunicaciones, pero fue suficiente para hacer enojar al premier. “Por culpa de la arquitectura constitucional no podemos modernizar el país. Con estas modificaciones, la ley sobre las interceptaciones dejará las cosas más o menos como están ahora, es decir, los italianos no podrán hablar libremente por teléfono e Italia no sería un país verdaderamente civilizado”, aseguró, sin esconder su bronca. Según los analistas, Il Cavaliere no cedió solamente por la presión de los medios y la oposición, sino por miedo a terminar de fracturar su propia alianza de gobierno.

El ala más moderada de su coalición, liderada por el presidente de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini, había criticado el proyecto y amenazó con quitarle la mayoría a la hora de la votación. La amenaza llegó en un momento especialmente sensible para Berlusconi, quien la semana pasada había tenido que recurrir a un voto de confianza para conseguir la aprobación de su paquete de ajuste, con el que prometió ahorrar cerca de 32 mil millones de dólares en los próximos años. Ganó la votación, pero su impopularidad sigue creciendo, según las encuestas. El martes pasado el diario La Repubblica publicó el último sondeo que sostiene que sólo el 39 por ciento de los italianos sigue apoyando al gobierno nacional, un diez por ciento menos que hace un año.

Según el sondeo, la principal causa de la desafección de millones de italianos es la serie de casos de corrupción que salpican y a veces hasta condenan a figuras políticas y empresariales del entorno del primer ministro. Sólo en mayo pasado dos ministros y un subsecretario de su gobierno renunciaron, luego de ser procesados por diferentes casos de corrupción. Además otros aliados de Il Cavaliere están acusados de tener vínculos con la mafia italiana.

La ley mordaza no hizo más que echarle combustible al fuego. Manifestaciones masivas de periodistas, intervenciones de artistas en las principales ciudades y un repudio de organizaciones y medios internacionales. El proyecto de ley preveía condenas de hasta 30 días de cárcel y sanciones de hasta 12.700 dólares para los periodistas que publicaran escuchas o grabaciones policiales durante la fase preliminar de la investigación e inclusive durante la instrucción judicial. Los dueños de los medios podían enfrentar multas de hasta 573.000 dólares.

La modificación, redactada por el oficialismo, no elimina la prohibición, sino que crea una excepción. La oposición de centroizquierda había pedido que, de modificarse el proyecto, se estableciera un plazo concreto para la llamada audiencia-filtro, en la que el juez tomará la decisión final de qué pruebas podrán ser publicadas y cuáles no. El gobierno incluyó la figura de la audiencia-filtro, pero no puso plazos.

Para el ala moderada del Pueblo de la Libertad, la coalición de Berlusconi, el cambio fue suficiente. “Esto elimina una traba a la prensa, es un triunfo del Parlamento”, celebró la diputada Annamaria Siliquini, distanciándose del Ejecutivo. En la oposición, en tanto, no hubo festejos. Para el Partido Demócrata y los comunistas el anuncio sólo es un “maquillaje” de la prohibición.