Desde Santiago

La huelga de hambre que 34 comuneros mapuches presos llevan adelante desde hace 67 días, en reclamo principalmente de la aplicación de la Ley Antiterrorista, es una piedra en el zapato no sólo para el gobierno de Sebastián Piñera –que ve cómo la medida de presión empaña las celebraciones del Bicentenario–, sino también para la Concertación, que aún no logra definir una estrategia opositora clara y contundente, a pesar de haber perdido el poder hace ya más de 6 meses y, por consiguiente, no ha logrado defenderse de las críticas a su labor en el tema en cuestión.

La administración de Piñera comisionó a un alto delegado de la Iglesia para oficiar de mediador entre La Moneda y los comuneros. Además, envió dos proyectos de ley al Congreso para modificar la Ley Antiterrorista y la Justicia Militar, tratando de apaciguar los ánimos y de terminar con el ayuno.

Sin embargo, la noche del miércoles, la votación en el Congreso que terminó aprobando la ley para modificar la Ley Antiterrorista quebró a la Democracia Cristiana y levantó olas en la oposición, luego de que el senador DC por la VIII Región, Hosaín Sabag, rompiera el acuerdo de su bancada y votara igual que el oficialismo, en contra de la indicación presentada por la Concertación, que eliminaba el delito de incendio de la actual normativa.

La mencionada indicación establecía que “sólo constituirán delitos de terrorismo aquellos que afecten la vida, la integridad física, la libertad y la salud de las personas, y que tratándose de atentados contra la propiedad, tales como incendios y estragos, se juzgarán y sancionarán conforme a esta ley sólo cuando se tratare de lugares de uso público, redes de transporte o instalaciones de infraestructura”. De haberse aprobado dicho articulado, varios comuneros mapuches dejarían de ser acusados de terroristas, bajando las penas que en algunos casos superan los 50 años.

Con el polvo de esta nueva polémica aún en suspensión, Piñera dijo ayer que si bien se debe velar por la integridad de los mapuches en huelga de hambre, no hay que olvidar que “algunas de las víctimas han perdido la vida; atacaron a un fiscal del Poder Judicial con más de cien balazos; atacaron un bus que tenía más de 40 personas a bordo; atacaron a madres con sus hijos; han quemado y han producido mucho daño. Entonces, el gobierno tiene que escucharlos a todos”, declaró.

En este escenario, en la madrugada del jueves, un camión forestal fue incendiado en Carahue, una de las zonas en conflicto. Según el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, “Se está investigando y por eso hemos sido cautos. No hemos hecho un planteamiento crítico hasta tener toda la información, porque estamos viviendo minutos difíciles”, dijo ayer con la idea de que este hecho no trabe las conversaciones de la iglesia con los comuneros.

No obstante, el fiscal de Carahue, Claudio Jara, señaló que cerca del ataque se encontraron panfletos que supuestamente vinculan el incendio con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Junto a ello, Hinzpeter agradeció el voto del senador DC. “Cuando uno, como gobierno, se enfrenta a una oposición que no tiene una claridad en cómo abordar un tema tan complejo, se enfrenta a dificultades y ayer (miércoles) tuvimos un gran triunfo afortunadamente con el voto del senador Sabag, que lo agradezco”, dijo, aumentando la molestia en la oposición.

Desde el bloque opositor, el senador del PS Camilo Escalona, señaló que no es momento para eventuales sanciones contra Sabag y se mostró a la espera de que la Concertación mantenga la mayoría en la Cámara alta. En tanto, el jefe de los senadores del PPD, Jaime Quintana, advirtió que no dialogarán mientras la DC no se pronuncie sobre la votación de Sabag. Quintana agregó que “Sabag ya estaba con tarjeta amarilla y ésta correspondería a una tarjeta roja. A Adolfo Zaldívar lo expulsaron del partido por menos que esto”.

La senadora del PS Isabel Allende también lamentó la votación y llamó al gobierno a constituir urgentemente una mesa de diálogo con los comuneros mapuches, pues “si hubiésemos tenido la mesa ni siquiera tendríamos que estar legislando hoy bajo presión”.

Desde la otra vereda, la UDI celebró que se mantuviera el “incendio” como delito terrorista, aun cuando la Concertación consiguió eliminar de la normativa vigente el de “amenaza terrorista”. Según Sergio Ojeda, el oficicialismo busca revertir la decisión de la Cámara alta en orden de mantener los ilícitos contra la propiedad privada dentro de la mencionada reglamentación.

En otra arista del tema, el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, tiró más nafta al fuego al declarar que “el gobierno de Michelle Bachelet decidió que el conflicto mapuche no debiera ser nunca tomado como un conflicto terrorista, sino como uno con los pueblos originarios. Distinto es que frente a actos específicos de terrorismo en los que calificaban los delitos, el gobierno podía invocar la Ley Antiterrorista”. En ese sentido, sostuvo que “por supuesto (que Michelle Bachelet) estuvo de acuerdo. Un ministro del Interior no puede hacer nada, y no dura 24 horas si hace algo que la Presidenta no esté de acuerdo”, aclaró.

Al ser consultado respecto de si ameritaba que se aplicara la Ley Antiterrorista, Pérez Yoma afirmó “aplicamos la ley antiterrorista cuando estimamos que los actos eran de tal magnitud, que no había otra posibilidad”.