El Consejo de la Magistratura suspendió y ordenó iniciarle juicio político al camarista federal de Mendoza, Luis Miret, acusado de haber omitido investigar las denuncias de “secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad” que recibió en los meses previos al golpe de 1976 y durante el terrorismo de Estado. El dictamen, aprobado por unanimidad y en su presencia, le atribuye una “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad” cuando era juez de primera instancia. Antes de la votación, Miret pidió hablar y buscó justificar su pasividad escudándose en “la convulsión y el temor por el terror que azotaba al país”. “Quiero un jury para el doctor Miret”, imploró luego Luz Faingold, que era una delegada estudiantil de 16 años en 1975, cuando el camarista la dejó presa en una cárcel de adultos, además de prohibir restituirla a sus padres mientras otros detenidos denunciaban que era violada y maltratada. Junto con ella estuvieron otras víctimas, organismos de derechos humanos y estudiantes de Derecho de la Universidad de Cuyo.

El martes último, Miret presentó la renuncia ante Cristina Kirchner en un intento por evitar enfrentar la destitución. Mientras la Presidenta no decida si se la acepta, podrá avanzar el jury en su contra. La acusación por “mal desempeño y posibles delitos” fue votada por todos los sectores del Consejo. La apoyaron los radicales Ernesto Sanz y Oscar Aguad, los diputados kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel, el representante del Poder Ejecutivo, Héctor Masquelet, los abogados Pablo Mosca y Santiago Montaña, el académico Mariano Candiotti y el juez Luis Cabral. En el organismo calculan que el proceso de remoción podría iniciarse antes de fin de año y ya fueron designados como fiscales Masquelet –autor de la acusación– y Conti.

La voz de las víctimas

El dictamen dice: “El juez Miret no sólo escuchó de boca de los detenidos aquellos hechos que fueron denunciados (...), sino que además conoció el lugar de alojamiento de los imputados en donde ellos eran salvajemente torturados y constató personalmente el estado físico en el que mínimamente uno de ellos se encontraba (Hugo Tomini) tras una sesión de torturas a la que fue sometido en el D2”, centro de detención del departamento de Policía de Mendoza. Tomini declaró durante la investigación del Consejo. Contó su detención en 1975 y la visita que recibió de Miret en su calabozo, después de haber sido torturado. “Hay que aguantar”, le aconsejó el juez, cuando Tomini le dijo que estaba “dolorido”. No podía siquiera levantarse.

Su “papel pasivo” frente a la evidente situación de Tomini es uno de los cargos aprobados contra Miret. También se lo acusa de no investigar ni denunciar las golpizas y maltratos relatados ante él por León Glogowsky, Ismael Calvo Gutiérrez y Blas Armando Yanzón, ni la herida de bala que exhibía Prudencio Mocchi, todo ocurrido durante sus detenciones –que avaló– bajo la llamada “ley antisubversiva”. Glogowsky era pareja de Luz Faingold y estuvieron detenidos en forma simultánea. El le dijo al juez que la escuchó gritar que no la violaran. En su descargo, Miret dijo que el joven había usado la palabra “ultrajar”, que “nada tiene que ver con violación”. Tomini, vecino de calabozo de Luz, recordó la misma escena.

“Estuve detenida, incomunicada y la pasé muy mal”, resumió Luz ante el plenario. Tenía un trajecito azul. Su pelo negro y la piel dorada resplandecían. “En Mendoza vivimos la inseguridad de tener a estas personas en el poder. Quiero un jury para el doctor Miret”, reclamó. El Consejo concluyó que Miret “prolongó arbitraria e indebidamente su detención” en aquellos días en que participaba en las protestas por el medio boleto estudiantil, la aisló en una cárcel de adultos siendo menor y prohibió restituirla a su hogar cuando su madre, Luz Casenave, la buscaba desesperada. La mujer detalló su derrotero meses atrás ante los consejeros y el momento en que halló a su hija sentada “como un pajarito vencido” en plena indagatoria, tras la cual Miret la mandó a un hogar de niños abandonados por considerar que sus padres, divorciados, no eran “garantía moral”.

Ayer y hoy

Los consejeros polemizaron antes de darle la palabra a Miret, que lo había pedido. “Nunca se presentó a declarar personalmente y ahora quiere hablar”, se quejó Conti. Si hablaba él, acordaron, también lo harían los denunciantes. Miret, de pelo blanco y anteojos, se sentó con dificultad en el extremo de la inmensa mesa de madera oscura. Su cuerpo vacilante y tembloroso no se condecía con la voz resonante que emitía. Lo suyo, argumentó, no fue pasividad ni omisión, sino “postergaciones de investigaciones” que atribuyó a “un marco de convulsión y temor por el terror que azotaba al país”. Pidió que no lo suspendieran porque, a su entender, no se habían evaluado las pruebas que él pidió. Además trasladó la culpa a las víctimas al criticar a los consejeros “por creerle”, por ejemplo, “a la madre de Luz Faingold”.

En el Consejo insisten en que las pruebas sobran y muchas fueron recogidas por el fiscal de Mendoza, Omar Palermo, que le imputó participación en 31 secuestros, torturas, desapariciones, robos y homicidios. Miret ya fue indagado por el fiscal y el juez Walter Bento y, una vez que pierda los fueros, existe la chance de que quede detenido. De todos esos crímenes, los que aún no integren la acusación ante el jurado, serían incorporados.

Angela Urondo –hija del escritor Francisco “Paco” Urondo, asesinado, y de Alicia Raboy, desaparecida– dijo la semana pasada en la Comisión de Disciplina y Acusación que teme y le preocupa que quienes investiguen lo que les ocurrió a sus padres en junio de 1976 sean jueces comprometidos con la dictadura. No lo decía sólo por Miret. También sus compañeros de tribunal Otilio Roque Romano y Julio Demetrio Petra son investigados por el Consejo: el primero, por encubrir delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado (algo que también le imputó el fiscal Palermo); el segundo, por no haberse excusado después de criticar a los organismos de derechos humanos y a la unidad fiscal especializada de Jorge Auat.

Con su pelo larguísimo recogido y los ojos entrecerrados, Angela dijo: “El señor Miret tuvo el poder suficiente para investigar las desapariciones y no lo hizo. Incluso la de mis padres y mi propio secuestro. Pero el señor Miret, además, les ha dado el beneficio de la libertad a los represores y los deja ir de vacaciones a Mar del Plata. Miret es la dictadura hoy”.