El Tribunal Oral 1 de Morón, el mismo que condenó en junio del año pasado al cura Julio César Grassi pero lo dejó en libertad, recibió ayer un urgente pedido para que el sacerdote sea “detenido de inmediato”, según confirmaron a Página/12 fuentes judiciales. La presentación fue hecha por los dos fiscales que actuaron en el juicio oral, Alejandro Varela y Carolina Rodríguez, quienes alegaron, en un escrito de más de veinte carillas, que Grassi debe ser detenido porque existe “un peligro inminente de fuga”, a la vez que su libertad, siendo que su condena a 15 años de prisión fue ratificada por la Sala II de la Cámara de Casación bonaerense, constituye “un acto de desigualdad” frente a la ley. Se deja sentado que muchas personas, en su misma condición y con penas menos graves, ya están presas. Como se sabe, Grassi fue encontrado culpable, en segunda instancia, por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores en perjuicio de un joven identificado como “Gabriel”, que estaba bajo su guarda en la Fundación Felices los Niños.

Fuentes que tuvieron acceso a la presentación confiaron a este diario que “los fiscales alegan no sólo la posibilidad de una fuga, sino también el hecho concreto de desigualdad ante la ley, porque hay otros condenados, incluso por delitos menos graves, que fueron detenidos de inmediato, una vez que el fallo fue ratificado en Casación”. Los voceros precisaron que también se ha señalado en la presentación que “el hecho de que la Justicia deje en libertad a una persona condenada por delitos tan graves constituye un hecho de gravedad institucional porque genera un descrédito social para la Justicia”. Ahora, el Tribunal Oral 1 de Morón tiene cinco días corridos –vencen el martes– para responder al pedido.

El miércoles, en declaraciones a la prensa, el jefe de los fiscales de Morón, Federico Nieva Woodgate, comentó a la prensa que la Cámara de Casación bonaerense había “confirmado que los abusos se cometieron”, aunque se lamentó de que se haya mantenido “sólo en 15 años” la condena. Los fiscales Varela y Rodríguez, en el juicio, solicitaron una pena de 30 años por los abusos contra “Gabriel” –tomados como probados por el Tribunal Oral– y los que denunciaron otros dos chicos, “Ezequiel” y “Luis”. Grassi fue absuelto por los abusos denunciados por estos dos jóvenes, por entender que la prueba testimonial de ambos no tuvo la misma contundencia que lo expresado por “Gabriel”.

La posibilidad de que se planteara un nuevo pedido ante el Tribunal Oral 1 de Morón había sido citada como posible por el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, quien declaró que luego de la ratificación del fallo en Casación, los jueces que llevaron el juicio “deberían revocar la excarcelación y ordenar su detención”. También la Cámara de Casación provincial se había desentendido de ese punto importante del fallo, al “declarar formalmente”, en el fallo que ratificó la condena al cura, que era “improcedente en esta instancia la solicitud de detención de Julio César Grassi formulada por el Ministerio Público”. Esto dejaba abierta la posibilidad de insistir ante los miembros del Tribunal Oral 1.

En el final del juicio, al dictar sentencia, los jueces del Tribunal de Morón dejaron a Grassi en libertad y le impusieron, como única condición, que visite la Fundación Felices los Niños, donde ocurrieron los hechos que terminaron con la condena, sólo en horario diurno y acompañado “por una persona de su confianza”. Los querellantes han dicho, incluso en el marco del juicio oral, que Grassi sigue viviendo en una quinta con pileta de natación, quincho y una multitud de habitaciones, ubicada justo enfrente de la Fundación, en la localidad bonaerense de Hurlingham. Esa cercanía con chicos, en el mismo lugar donde se confirmaron los abusos contra “Gabriel”, constituye uno de los argumentos por los cuales fiscales y querellantes piden la inmediata detención de Grassi.

El miércoles, al día siguiente de conocido el fallo que confirmó la condena a Grassi, el abogado Juan Pablo Gallego, quien representa al Comité Argentino de Seguimiento del Convenio Internacional por los Derechos del Niño, adelantó que ellos también pensaban en apelar la libertad de Grassi y la absolución en los casos de “Ezequiel” y “Luis”. La directora del comité, Nora Schulman, sostuvo que iban a hacer la presentación “ante la Suprema Corte bonaerense, ante la Corte Suprema nacional y, de ser necesario, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.