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Por Juan Arias
Desde Río de Janeiro

La opinión pública brasileña no sale de su asombro. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha comprometido ante el mundo a eliminar el hambre de 40 millones de ciudadanos de este país en cuatro años, dando a cada familia necesitada un subsidio mensual de 50 reales (unos 16 dólares). Al mismo tiempo, los diputados, dos días antes de tomar posesión, se han acogido a una propuesta de ley presentada en la anterior legislatura y se reajustaron un sueldo que, entre pitos y flautas, llega a 70.462 reales mensuales (unos 23.000 dólares).
El diario Jornal do Brasil calificó lo ocurrido en un duro editorial de “Apetito insaciable”. A este salario mensual se añaden dietas por viajes, gastos de hotel, de teléfono y de oficina en Brasilia y en sus distritos electorales. Según el prestigioso periódico, los diputados se aumentaron el sueldo hasta llegar a 12.720 reales mensuales (unos 4000 dólares), pero con 17 mensualidades, de las cuales, dos por ayuda especial, una por asistencia a todas las sesiones y dos por asistir a algunas sesiones extraordinarias. A todo ello tienen además, 13.474 reales (unos 4000 dólares) para viajes; 3000 reales (1000 dólares) para habitación (incluso los que viven en Brasilia, sede del Parlamento); 4268 reales (1400 dólares), para gastos de teléfono; 25.000 reales (8300 dólares) para gastos de oficina en Brasilia y 12.000 reales (4000 dólares) para gastos de oficina en su propio Estado, a todo eso se añaden algunos picos más, cada diputado gana al año no menos de 800.000 reales (260.000 dólares) al año. El diario en su editorial se pregunta: “Nadie les exige a los diputados voto de pobreza, pero sus sueldos no deberían herir de ese modo la dignidad nacional”. Y añade: “Inútil buscar después los motivos de descréditos del Congreso. ¿Hasta cuándo los políticos abusarán de la paciencia de la opinión pública?”.
Uno de los diputados tuvo el descaro de justificar esos sueldos millonarios de parlamentarios que quieren acabar con el hambre del país y argumentó que es mejor eso a que “tengan que hacer pactos con el narcotráfico”. Al mismo tiempo, el Congreso todavía no ha conseguido ponerse de acuerdo para subir el salario base de los trabajadores de 200 reales (unos 65 dólares) a 230, un alza de apenas 10 dólares.
Todo esto confirma, según los analistas, que Lula tiene razón al afirmar que una de las reformas “indispensables” de Brasil, junto con la de la Seguridad Social y la tributaria, es la reforma de la política. Aún está en vigor la ley que concede a un diputado o senador, elegido en las listas de un determinado partido, 30 días de plazo para cambiar de partido, si alguien le ofrece algo más apetitoso. Tras las pasadas elecciones, parece ser que ya se han cambiado de partido más de 50 congresistas.
Junto con el escándalo de los diputados existe el de las jubilaciones de los funcionarios del Estado, algunos con hasta 12.000 dólares al mes. El 70 por ciento de la cifra billonaria del déficit de la Seguridad Social se lo comen hoy las jubilaciones de dichos funcionarios públicos, algunos de los cuales, como militares y magistrados, suelen jubilarse con el sueldo de la categoría superior a la que tenían. Y a veces se jubilan a la tierna edad de 50 años. Lula querría igualar las jubilaciones públicas a las privadas, pero ya militares y jueces se han levantado en armas, alegando la responsabilidad especial de sus respectivas funciones y los derechos adquiridos.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.