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El ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, general Colin Luther Powell, y el jefe de la CIA, George Tenet, presentarán hoy ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las pruebas que su país considera justificatorias de un ataque militar contra la República de Irak. Antes, el presidente George W. Bush había expuesto la doctrina del golpe preventivo, según la cual cuando un potencial enemigo se está armando para una hipotética agresión contra Estados Unidos, es legítimo anticipársele y reducirlo a la impotencia. El eslabón perdido entre esa dudosa elaboración teórica y un ataque a una de las más antiguas culturas de la humanidad en cuyo primer día se arrojarán más toneladas de bombas que todas las que cayeron allí mismo en un mes hace doce años, que a su vez superaban la capacidad destructiva de las que arrasaron Vietnam en un cuarto de siglo de ataques, que por su parte empequeñecían las que todos los bandos combatientes utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial, es el informe que hoy brindarán Powell y Tenet. En cambio el nexo entre los atentados del 11 de setiembre de 2001 y la amenazada devastación de Irak parece haber pasado al olvido, a favor de una prensa complaciente envuelta en una oleada de patriotismo ramplón.
Saddam Hussein es un dictador pero no peor que el paquistaní Pervez Musharraf, protegido por Washington. Sobre todo, no es un fundamentalista al estilo de Osama Ben Laden. Por el contrario, su partido Baas es una forma de autoritarismo laico. Lo mismo vale para el líder de la OLP, Yasser Arafat, quien el mes pasado dijo al diario inglés Sunday Times que Ben Laden actúa contra los intereses del pueblo palestino y favorece los planes agresivos de Bush y Sharon. Durante la guerra que en la década de 1970 enfrentó a Irak con la teocracia iraní de los ayatollahs y los mullahs, ambas potencias regionales guerreaban por un recurso más escaso que el petróleo, el agua. Estados Unidos estuvo entonces del lado de Irak, así como en la guerra interna de Afganistán se alineó con los talibanes, es decir sus dos bestias negras de hoy, siempre en defensa de intereses económicos y estratégicos y nunca de los valores políticos, culturales o humanitarios que invoca. Ahora, los esfuerzos norteamericanos no se dirigen a probar los vínculos entre sus dos protegidos de ayer, sino la presunta amenaza que Irak constituiría para los ciudadanos estadounidenses, debido a la fabricación de armas de destrucción masiva.
Horas antes de que el Consejo de Seguridad reciba las carpetas de supuestas evidencias, el organismo de derechos humanos más importante de los Estados Unidos, Human Rights Watch, dirigió una carta a Powell advirtiendo sobre la posibilidad de que parte de ese material pudiera provenir de interrogatorios mediante torturas a personas detenidas bajo control de los Estados Unidos. El 26 de diciembre, en el diario Washington Post fuentes del gobierno de Bush se vanagloriaron de que algunos sospechosos detenidos en Afganistán habían sido torturados bajo autoridad estadounidense y otros entregados a terceros países para que hicieran el trabajo sucio. Ningún funcionario desmintió estas afirmaciones ni anunció medidas correctivas, sostiene Human Rights Watch. La misiva firmada por su director ejecutivo, Kenneth Roth, solicitó a Powell una declaración de que cualquier funcionario norteamericano responsable deberá responder por esas prácticas, que Estados Unidos no tiene interés en informaciones obtenidas mediante torturas y otros tratos degradantes condenados por las convenciones internacionales y que no entregará detenidos a otros países donde exista posibilidad de que sean maltratados. “En su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente Bush dijo que el gobierno Iraquí era el mal porque usaba la tortura. Pero la tortura es repudiable con independencia de quien la use”, escribió Roth.
“¿Qué mensaje se envía al mundo, cuando el presidente de los Estados Unidos condena la tortura en Irak mientras funcionarios no identificados defienden y hasta se jactan de la uso de la tortura contra detenidos porfuerzas de los Estados Unidos? ¿Cuál, cuando Estados Unidos urge a países del Medio Oriente y el Norte de Africa a terminar con esta práctica brutal e ilegal y al mismo tiempo entrega a esos mismos países personas sospechas para que sean interrogadas con esos mismos métodos?”, dice la carta. Human Rights Watch concluye así: “Espero que entienda cuánto pone Estados Unidos en juego, y el daño que se autoinferirá si continúa en silencio”. Para los argentinos, civiles y militares, es fácil de entender. El gobierno de Bush no parece darse por enterado.