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El laberinto paraguayo se tuerce un poco más. Ayer, una mayoría de los diputados aprobó una declaración en la que responsabilizan al presidente Luis González Macchi y al fiscal general, Oscar Latorre, por el secuestro, la desaparición y las torturas infligidas durante 13 días a Juan Arrom y Anuncio Martí, dos dirigentes del izquierdista Movimiento Patria Libre (MPL). La incógnita es si, finalmente, se logrará consensuar el pedido de juicio político contra los acusados. Mientras tanto, el propio Arrom y otros tres integrantes del MPL siguen detenidos, acusados de estar implicados en el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi –esposa de un empresario y a la vez concuñada de Arrom–, a pesar de que no hay pruebas firmes en su contra. Por el contrario, son los propios investigadores de ese secuestro –los policías del Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ)– los que están en una situación más que irregular: fueron identificados y sumariados como los secuestradores y torturadores de Arrom y Martí.
El martes se había convocado a la Cámara de Diputados de Paraguay para que levante su receso y trate el caso de terrorismo de Estado que sumergió al país en una crisis política. Con 36 votos a favor y 23 en contra, la declaración “contra el terrorismo de Estado” estableció que el presidente es “responsable de los organismos de seguridad del Estado” y que, junto al fiscal general, “son, en el menor de los casos, responsables de estos hechos (secuestro, tortura y desaparición)”. Ahora, la Cámara debe esperar a una nueva convocatoria para formar una comisión especial que se encargará de investigar la participación de policías y funcionarios del gobierno en el caso que esta semana ya obligó a renunciar a dos ministros: Silvio Ferreira de la cartera Justicia y Trabajo, y Julio Fanego, de Interior; ambos directamente implicados. La iniciativa del pronunciamiento –presentada por el diputado Rafael Filizzola, del socialdemócrata Partido País Solidario– fue votada tras ser debatida durante tres horas y media en sesión extraordinaria. El diputado del Partido Encuentro Nacional Marcelo Duarte (al que pertenece el renunciado Ferreira), dijo que la oposición aspira a que existan “los 54 votos (de un total de 80 diputados) para promover un juicio político” contra González Macchi. Al final de la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Darío Monges, debió intervenir para evitar el enfrentamiento a golpes de legisladores oficialistas disconformes con la decisión mayoritaria.
Sin embargo, esa suma parece difícil de consensuar. Según las versiones locales, los únicos que están verdaderamente interesados, como bloques, en que se expulse a González Macchi son, por un lado, la mayoría de los legisladores del Partido Liberal (excepto los seguidores de Domingo Laino, un histórico candidato de la oposición liberal paraguaya). A la cabeza de esa ofensiva está el vicepresidente de Paraguay, Julio César Franco, y el presidente del partido, Miguel Abdón Saguier. Por otro lado, el apoyo provendría de un sector del bloque oviedista –dentro del Partido Colorado– que responde directamente al general Lino Oviedo y, finalmente, se sumarían tres diputados escindidos del Encuentro Nacional. Sin embargo, el mayoritario Partido Colorado (y, en su interior, el sector de los oviedistas que le tiene más fidelidad al oficialismo que a Oviedo) impediría alcanzar el 75 por ciento de los votos de los diputados presentes, necesarios para efectivizar un juicio político; lo cual no es contrario a la campaña que su presidente, Nicanor Duarte Frutos, ha emprendido por depurar su propia figura y la del partido en general en vistas a las próximas elecciones.
Anuncio Martí, uno de los militantes secuestrados ahora en libertad, calificó de “pura retórica” la declaración legislativa. En diálogo con Página/12, explicó las causas: “A pesar de que ya empezaron las querellas contra los torturadores, ninguna de las personas señaladas como responsables materiales del hecho fueron castigadas: se trata de siete policías integrantes del Centro de Investigación Judicial”. Martí, además, diferenció dos bloques en el actual espectro político que se movilizan porsu causa: “un sector de partidos políticos que condenan el terrorismo de Estado e incluso piden juicio político a Macchi y, por otro lado, un conjunto de organizaciones sociales, campesinas y partidos de izquierda que enfatizan otro reclamo: la libertad de Juan Arrom, Víctor Colman, Ana Samudio y Jorge Samudio”, integrantes del MPL acusados por el secuestro de Bordón de Debernardi. Ante la falta de pruebas para estas detenciones y el creciente cuestionamiento del organismo policial del que parten las acusaciones, Martí denuncia “la próxima jugada del gobierno”: “Están montando una nueva campaña para disfrazar la falta de evidencia. Nos avisaron que organismos de seguridad harán allanamientos para plantar pruebas falsas”. A la vez, desde el oficialismo, ya se desató una ola de especulaciones: insisten en el paralelismo entre el minúsculo MPL y el extinto Frente Patriótico Manuel Rodríguez chileno; ambos –dicen– serían las bases sudamericanas de las FARC colombianas y les estarían preparando el terreno en caso de que sea necesario un repliegue ante la ofensiva norteamericana sobre Colombia.

Informe y entrevistas: Verónica Gago