Pasada la hora límite para decretar el cierre de la administración pública estadounidense –se cumplió a la 0 de hoy–, demócratas y republicanos no lograron convencerse mutuamente sobre la cantidad de dinero que el Estado necesitará para funcionar hasta el 30 de septiembre próximo. “No hay aún acuerdo, desafortunadamente”, expresó el jefe de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, a la cadena NBC.

Así, empujaron al país al borde del segundo cierre administrativo en su historia. Representantes de ambos sectores políticos se echaron culpas y responsabilidades durante toda la jornada, que transcurrió sin acuerdo alguno. Al cierre de esta edición, si el panorama no se modifica, 800 mil empleados públicos serán suspendidos de sus puestos de trabajo sin posibilidad de percibir salarios.

Si bien el ejercicio económico estatal comenzó en octubre de 2010, el Congreso aún no aprobó el plan del oficialismo, que propuso un recorte de 33.000 millones de dólares. De acuerdo con medios estadounidenses, los republicanos aspiran a ahorrar 40.000 millones.

Poco se modificó el panorama durante la jornada de ayer, que transcurrió entre debates, discusiones y acusaciones cruzadas entre demócratas y republicanos. Tras el fracaso de las negociaciones que mantuvieron Obama y los líderes del Congreso la noche del jueves, las conversaciones entre los dos bandos continuaron durante la madrugada y caminaron con el día sin llegar a un acuerdo que permitiese aprobar un presupuesto que cubra hasta el fin del ejercicio 2011, el 30 de septiembre, a la administración pública.

Según informó The New York Times, los diálogos más fuertes los protagonizaron asesores de la Casa Blanca y de los republicanos de alta línea, quienes habrían intercambiado propuestas sobre algunos otros puntos ríspidos a tratar en el Congreso, como el aborto y los gastos generales presupuestarios para el resto del ejercicio. Sin embargo, al cierre de esta edición, aún no habían podido convencerse mutuamente.

Pasado el mediodía, distintos referentes de ambos bandos salieron a atacarse mutuamente en declaraciones a la prensa y así demostraron la tensión que sobrevolaba el debate. Mientras los demócratas acusaron a sus rivales de querer retrotraer la discusión al campo de la planificación para elaborar nuevas políticas presupuestarias, los republicanos adujeron que no se trataba más que de dinero.

Con culpas y responsabilidades repartidas por doquier, el desacuerdo estaba instalado. A medida que se acercaba la hora límite –la medianoche de ayer– fueron el presidente estadounidense, Barack Obama, y el presidente de la Cámara de los Representantes, el republicano John Boehner, quienes entablaron el diálogo de manera directa. “Ambas artes están haciendo enormes esfuerzos para alcanzar una resolución al conflicto que satisfaga a todos los americanos”, remarcó a The New York Times el senador conservador Mitch McConnell.

Hasta ahora, los republicanos se mantuvieron inamovibles en su postura a favor de un recorte presupuestario mucho más amplio que el planificado por el oficialismo. Sin embargo, algunos de los máximos referentes del conservadurismo estadounidense comenzaron a perder la paciencia respecto de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Según el principal periódico estadounidense, la representante del Tea Party en el estado de Minnesota, opinó: “Estamos listos para librar una gran batalla que cambiará la historia de nuestro país. Sin embargo, estamos seguros de que esa batalla no es la que está ocurriendo en Washington”.

Por su parte, el ex gobernador del estado de Arkansas, el republicano Mike Huckabee, sentenció en una entrevista ofrecida a la cadena Fox News: “El cierre del gobierno afectará a los republicanos, no a los demócratas”.

De no acordar un presupuesto para el área de administración pública, el Estado se vería obligado a trabajar al mínimo en casi todas sus instituciones y a cerrar numerosos espacios públicos como museos y parques nacionales. Esto implicaría además que los soldados estadounidenses cobrarán su salario con retraso. Debido a la falta de fondos por la que la administración pública se vería afectada, se estima que el potencial “cierre” del gobierno afectará a unos 800 mil funcionarios que podrían tener que ser suspendidos en sus puestos de trabajo, sin posibilidad de percibir remuneración.

El vicesecretario de Defensa, William Lynn, afirmó que, de suceder, el cierre no afectará las operaciones militares en Irak, Afganistán ni Libia, ni tampoco las operaciones de ayuda humanitaria por el terremoto en Japón. En tanto, el secretario de Defensa, Robert Gates, de viaje en Irak, aseguró a los soldados que se les pagará en forma retroactiva una vez que se resuelva la disputa.