Desde El Cairo

Hasta hace sólo unos meses en Egipto era un secreto a voces que, siguiendo el modelo sirio, Gamal Mubarak –el hijo del entonces presidente Hosni Mubarak– sucedería a su padre en la presidencia. Tanto era así que le decían “el príncipe”. A fuerza de fraude y proscripción de partidos, la familia del “faraón” continuaría entonces acrecentando su fortuna a través de negocios propios y ajenos. Los más lo comentaban con una sonrisa irónica de una profecía autocumplida, los menos se arriesgaban a intentar evitarlo. La primera posibilidad real de que esto último sucediera se presentó con la aparición de Mohamed al Baradei a principios del año pasado. Un desconocido, para muchos “el extranjero”, como aún se lo llama en las calles egipcias, encendió una pequeña luz de esperanza. Que pronto se apagó cuando quedó deslegitimado por ser impulsado por una élite ligada al pensamiento foráneo y ajena a la realidad social egipcia. Le sucedió lo que un año antes le pasó al movimiento de intelectuales ¡Kefaya! (¡Basta!).

Una realidad que parecía estar en manos del establishment hasta el pasado 25 de enero, cuando por primera vez en la historia los egipcios decidieron hacerse cargo del destino de su país. Lo que nadie se atrevía siquiera a soñar en ese momento era que tres meses después, con un gobierno militar al mando, Hosni Mubarak, sus hijos Alaa y Gamal, junto a unos cuantos ahora ex ministros, estarían tras las rejas o siendo procesados.

El viernes 15 de abril el fiscal Abdel Meguid Mahmoud renovó por quince días la detención de Mubarak padre, para ser interrogado por casos de corrupción y complicidad en la muerte de al menos 864 personas durante la revolución. La responsabilidad de Mubarak vendría de una orden que habría dado a su entonces ministro del Interior, Habib el Adly, de abrir fuego contra los manifestantes. El ex presidente está cumpliendo su detención en un hospital de Sharm al Sheikh, mientras se evalúa su estado de salud antes de ser trasladado a un hospital militar.

En un informe redactado por una comisión convocada a investigar los sucesos acontecidos desde el 25 de enero hasta el 11 de febrero, día de la renuncia de Mubarak, se detalla que la mayoría de los decesos fueron a causa de disparos en la cabeza o en el pecho con munición de guerra. El responsable de la comisión, Omar Marwan, sostuvo que el informe está basado en las declaraciones de 17.058 oficiales y testigos presenciales, junto con 800 videos y fotografías de manifestantes.

Bajo los mismos cargos, el martes pasado fue interrogado Omar Soleiman, por décadas el jefe del Departamento de Inteligencia y primer y único vicepresidente de Mubarak desde el 29 de enero de 2011. A la espera de ser nuevamente interrogado mañana por sus funciones como jefe de Inteligencia, Soleiman negó que Mubarak haya dado la orden de disparar a los manifestantes. Algunos medios han informado que se encuentra bajo arresto domiciliario, aunque no ha sido confirmado.

El comité de investigación a los implicados les presta particular cuidado a los sucesos de “la batalla de los camellos” del 2 de febrero, cuando un grupo de mercenarios montados a caballo y camello arremetió contra los manifestantes en la plaza Tahrir, mientras otro grupo lanzaba bombas molotov en el interior de la plaza. Los responsables del grupo esperan en la cárcel mientras se los investiga, acusados de asesinato premeditado e intencionado. Si bien las responsabilidades de los detenidos deben ser todavía especificadas, se los acusa de ser los cerebros e implementadores del ataque. De comprobar su culpabilidad, las sentencias pueden ser de cadena perpetua o pena de muerte.

Entre los cerebros del ataque se encuentran varios miembros de la élite Mubarak. Se sospecha que el principal responsable es Safwat al Sherif, ministro de Información durante 22 años y cabeza de la Cámara alta durante siete, quien habría ordenado a sus compañeros del Partido Democrático, Abdel Nasser al Gabri y Youssef Khattab, la logística del operativo.

Otros parlamentarios del Partido Democrático –recientemente disuelto por el actual gobierno militar– como Ibrahim Kamel, Walid Dyaa El Din, Mohamed AboulEnein y Sherif Wali fueron acusados de reclutar mercenarios para el ataque. Se espera que en las próximas semanas concluyan las investigaciones y tengan lugar los juicios.

Mientras tanto, el jueves pasado, el juez Mohamad Hassan Ommar ordenó que se quite el nombre de Mubarak de estadios, calles, bibliotecas y otros organismos públicos. Hasta ese día, los nombres del ex presidente, de su esposa Suzanne y su hijo Gamal estaban en por lo menos 500 escuelas públicas. La orden, que se hizo efectiva de inmediato, fue propuesta por el abogado Samir Sabri, quien también sugirió que se sustituya el nombre de los Mubarak por los de manifestantes caídos durante la revolución y las imágenes de su rostro por banderas egipcias.

En un operativo tan veloz como eficaz, el ejército limpió todo rastro de Mubarak en Egipto. Hoy ya no hay escuela Hosni Mubarak, ni biblioteca para niños Suzanne Mubarak, ni campo de entrenamiento militar Mubarak, ni álbum de imágenes empapelando las ciudades.

Lo que comenzó el pueblo a fines de enero lo legitimó una orden judicial y lo ejecutó el gobierno militar. Durante los días de la revolución, un grupo de artistas callejeros tapó el nombre de la estación de subte Hosni Mubarak con una inscripción que con la misma tipografía rezaba “Pueblo egipcio”. Desde el jueves la estación no tiene nombre. Ni Mubarak ni Pueblo egipcio.

El gobierno militar, que ha prohibido huelgas y manifestaciones, parece ser el único actor en estos días. Mientras tanto los egipcios se han convertido en espectadores, a la espera de que se haga justicia. Sin embargo, lo que ni siquiera los más férreos defensores de la democracia se atreven a preguntar, por miedo o por falta de costumbre, es si todas estas medidas serían posibles bajo un gobierno democrático y sobre todo cuál es la maniobra política que se esconde detrás de ellas.