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Entre el 4 y el 6 de abril se desarrolló el 3er. Foro Regional de Prevención del Genocidio, en la ciudad de Berna. Los Foros son una iniciativa de los gobiernos de Suiza, Argentina y Tanzania, cuyo objetivo es crear una red de representantes estatales que promuevan estrategias de prevención de la violencia estatal masiva. La iniciativa comenzó en 2008 en Buenos Aires y continuó en 2010 en Arusha.

La lista de participantes del Foro europeo incluyó a los países organizadores, al conjunto de los Estados europeos, representantes de las Naciones Unidas (Francis Deng, relator especial sobre Prevención del Genocidio, y Edward Luck, relator especial sobre Responsabilidad de Proteger), la Corte Penal Internacional y el alto comisionado en Derechos Humanos, entre otros. Cuatro académicos internacionales fuimos invitados en calidad de asesores, dos de los cuales (Yehuda Bauer y yo) compartimos el panel inaugural.

Los recientes bombardeos de la OTAN en Libia convirtieron la intervención militar en uno de los temas fundamentales de discusión.

Esta discusión ilustra un cambio fundamental en la nueva utilización del discurso de los derechos humanos a partir del siglo XXI desde la pérdida de legitimidad de la “guerra contra el terror”, a partir del empantamiento en Irak y Afganistán. Estas transformaciones han llevado al Departamento de Estado de los EE.UU. a construir una nueva legitimación para sus intervenciones, iniciativa expresada en informes entre los que destacan “Preventing Genocide” (2008) y “Mass Atrocities Response Operations” (2010). En ambos, bajo la lógica de “detener los genocidios y otros crímenes atroces” destaca el uso del concepto de la “Responsabilidad de Proteger”, surgida como política de las Naciones Unidas en 2005, ante el análisis crítico del fracaso del Consejo de Seguridad y los organismos internacionales para prevenir los genocidios en la ex Yugoslavia y en Ruanda. Por supuesto, ambos informes identifican la “soberanía nacional” como el principal obstáculo.

Los promotores de esta política asumieron en la conferencia un discurso de defensa histérica de los derechos humanos, lo cual resultó contrastante con la escasa preocupación por las mismas violaciones en ámbitos que no les resultan tan urgentes (Sri Lanka, Colombia, Chechenia, Bahrein o Yemen). En esta línea se ubicaron Edward Luck, Gareth Evans (académico australiano, presidente de International Crisis Group) y Diane Orentlicher (Oficina de Crímenes de Guerra de los EE.UU.). La defensa de los operativos militares en Macedonia, Kosovo e Irak muestran el carácter del proyecto, acompañado fervientemente en el caso de Libia por la Corte Penal Internacional.

Opuesto a esta lógica, mi intervención planteó la prevención del genocidio como un proceso complejo, basado en la justicia y en la educación, señalando que no es el momento del aniquilamiento el más apropiado para actuar, sino la confrontación con acciones previas como los procesos de estigmatización, u hostigamiento, que ocurren actualmente en países europeos con respecto a las poblaciones gitanas, árabes, musulmanas o africanas. Por otra parte, opuse a la propuesta intervencionista la experiencia de prevención de la Unasur en tres casos con potencialidad de violaciones masivas y sistemáticas de DD.HH.: Bolivia, Honduras y Ecuador. En Bolivia y Ecuador, una rápida intervención diplomática logró abortar intentos de golpes de Estado o secesión. En Honduras, la intervención resultó fallida por la defección del gobierno de Obama, que legitimó las elecciones convocadas por los golpistas, avalando un régimen que continúa persiguiendo a los opositores y a periodistas.

Mi postura se articuló con la de la representación oficial argentina y con varios participantes africanos. Balthazar Habonimana, de Burundi, planteó que un modelo más justo de distribución de la riqueza era el elemento fundamental de prevención del genocidio en la región de los Grandes Lagos. Dos modelos se disputaron la construcción de la comprensión y confrontación con el genocidio. Y la lucha por los derechos humanos ha pasado a ser una herramienta más de la disputa geopolítica, utilizada para justificar un intervencionismo cuyas otras legitimidades (lucha por la libertad, antiterrorismo) se encuentran puestas en cuestión en la población europea o norteamericana.

La Conferencia mostró varias cuestiones:

–La firme decisión de los poderes hegemónicos de convertir la defensa de los derechos humanos en una poderosa herramienta de legitimación de la intervención neocolonial. Implica un giro histórico en la posición de los Estados Unidos, con el intento de redireccionamiento del discurso de los DD.HH.

–La necesidad de homologar las violaciones de DD.HH. con una figura laxa y abierta (crímenes contra la humanidad o crímenes atroces), como modo de garantizar que la legitimación en nombre de los derechos humanos pueda ser utilizada en cualquier caso. Ello requiere ir relegando el concepto de genocidio (más preciso y estricto), buscando unificar todas las sentencias en cualquier juicio del planeta bajo una figura común y presionando a los tribunales (actualmente argentinos o camboyanos) que no acepten esta homologación. De este modo, las violaciones pasadas (el genocidio del ittihadismo turco, el genocidio nazi, la ex Yugoslavia, Ruanda) justificarían las intervenciones presentes (Kosovo, Irak, Libia) por distintos que sean los casos,

–La resistencia a estas políticas proviene del sur, teniendo su eje en la articulación política de Brasil y la Argentina (recordemos que Brasil se abstuvo en el Consejo de Seguridad ante la resolución para intervenir militarmente en Libia) acompañados por el conjunto de Unasur. La Conferencia demostró que esta alianza tiene fuerte potencialidad para articularse con Estados africanos, aun cuando la situación de dicho continente es más compleja y su unidad y democratización, apenas un proyecto.

Q Docente de UBA y Untref y vicepresidente de la International Association of Genocide Scholars.