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Desde Brasilia

Ataquen a Dilma. Desde el inicio de su carrera hacia la presidencia, un año y medio atrás, Dilma Rousseff fue objeto de al menos tres embestidas para disuadirla de echar luz sobre los crímenes de la dictadura, la última de ellas la semana pasada.

Declaraciones de un senador y una militante de derechos humanos así como documentos secretos a los que tuvo acceso Página/12 indican que detrás de toda la alharaca desplegada para impedir la apertura de los archivos de la dictadura hay un objetivo inconfesable: ocultar la participación brasileña en el Plan Cóndor, más prolongada y comprometedora de lo que se sospecha.

En 2010, militares en retiro bramaron ante el “riesgo” que representaba para la Nación la llegada de una ex guerrillera al Palacio del Planalto; este año un general en actividad, y con rango de ministro, formuló comentarios antipáticos a cualquier averiguación sobre el pasado, presión a la que se sumaron la semana pasada dos ex presidentes civiles, ambos con simpatías cuarteleras.

José Sarney y Fernando Collor de Mello hicieron crujir la por momentos frágil alianza gobernante, en la que ellos ocupan el ala conservadora, al proponer que se sancione el secreto interno de los documentos del régimen y de otros gobiernos del pasado, exactamente en los antípodas del compromiso de trabajar por la verdad asumido por Dilma en su discurso de toma de posesión el primero de enero pasado.

Saber quién mató y torturó a disidentes de la dictadura es inconveniente pues “abrirá heridas” del pasado, dejando al país expuesto a escándalos equiparables a los causados por Wikileaks a los organismos de defensa y diplomáticos de Estados Unidos, sermoneó con voz tambaleante el octogenario Sarney.

Ventilar las historias desconocidas del régimen sería una amenaza a los altos intereses del Estado, comunicó en estilo solemne Collor de Mello, recordado por su efímero paso por el Palacio del Planalto, en el cual permaneció menos de 3 años debiendo renunciar en 1992, minutos antes de que el Congreso le abriera un juicio político por corrupción.

Dilma acusó el impacto de la estocada de Sarney y Collor, refrendada por su vicepresidente Michel Temer, tan derechista como aquéllos, e hizo saber que, en aras de la gobernabilidad iba a declinar abrir los archivos militares.

Pero luego de un par de días de vacilaciones, y sendos tirones de orejas de su compañero Luiz Inácio Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores, la presidenta se rehizo y el viernes prometió que “en materia de derechos humanos no existe ningún documento ultra secreto” cegado a la requisa pública.

No hay una sino varias razones que explican tamaña presión para mantener lejos del ojo público los entretelones del poder de facto.

Los periódicos Estado y Folha, basados en fuentes diplomáticas y de Defensa, publicaron ayer que en los papeles hasta hoy ocultos se detallan proyectos nucleares cuya divulgación podrían resentir la relación con Argentina, así como datos sobre los sobornos pagados a la dictadura paraguaya para construir Itaipú.

Este diario consultó sobre el sacudón político de la semana pasada al senador Cristovam Buarque y Janaina Teles, de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos. “No estoy en condiciones de afirmar todas las razones de Sarney y Collor para presionar tan fuerte como lo hicieron, pero uno sabe que ellos son sensibles ante un lobby histórico de las fuerzas armadas e Itamaraty (Cancillería) contra varios temas y el Plan Cóndor es algo que incomoda a mucha gente”, responde Buarque.

“Hay mil motivos para tanta coacción contra la presidenta Dilma, pero es obvio que también quieren esconder la gravísima participación de Brasil en el Cóndor, los militares están por detrás de las presiones de Sarney, él siempre fue servil con las fuerzas armadas; ya en 1975 pronunció un discurso amenazante, diciendo que nadie tenía derecho a investigarlas”, reseñó Janaina Teles.

Cientos de documentos rotulados como “secretos”, “confidenciales” y “reservados”, que fueron analizados por este diario refuerzan las afirmaciones del senador Buarque y la historiadora Teles. Tres de esos papeles, fechados el 3 de abril de 1978, el 5 de abril de 1973 y el 17 de junio 1971, aportan claros indicios de que Brasil fue una parte nada secundaria de la red de secuestros y asesinatos tejida por los generales sudamericanos.

El primero de esos papeles reporta el seguimiento de un grupo de miembros de la organización Montoneros que se reuniría en el interior brasileño para retornar a Argentina durante el Mundial de 1978. Se desprende de otros informes que los servicios secretos brasileños montaron un dispositivo especial para impedir el regreso guerrillero.

El segundo papel, rotulado como “secreto”, demuestra el posible seguimiento realizado por los agentes brasileños, acaso abastecidos por informaciones de los servicios argentinos, de altos dirigentes políticos brasileños en Argentina y Europa, y las negociaciones que éstos mantuvieron con el general Juan Perón antes de su radicación definitiva en Buenos Aires.

El tercero, también clasificado como “secreto”, fue reportado el 17 de junio de 1971 y es el más revelador de los tres documentos: describe minuciosamente el secuestro en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un operativo con agentes de ambos países, del guerrillero brasileño Edmur Pericles Camargo, procedente de Chile. El informe fue elaborado por el agregado militar en Buenos Aires y lleva impreso el sello de la “Embajada de Brasil”.

“El Cóndor brasileño trabajaba desde mucho antes de 1975, cuando se oficializó el Cóndor regional en Chile (sumando a los servicios de Argentina, Uruguay y Paraguay), estaba organizado y contó con un esquema muy profesional de diplomáticos/espías pertenecientes a la Cancillería, donde se creó especialmente para estos fines el CIEX (Centro de Informaciones en el Exterior)”, explica Janaina Teles.

“Muchos militantes que habían sido detectados por los diplomáticos del CIEX estando prófugos en Argentina, Chile o Uruguay, luego fueron secuestrados y asesinados por la dictadura.”

Ese modus operandi, que articularon diplomáticos y servicios de inteligencia, posiblemente fue aplicado en uno de los casos más enigmáticos que hasta hoy no fue esclarecido en la trama terrorista trazada entre Brasil y Argentina.

El cordobés Antonio Pregoni, el francés Jean Henri Raya Ribard y el brasileño Caipy Alves de Castro dejaron Buenos Aires a mediados de noviembre de 1973 y el 24 de ese mes los tres desaparecieron en el barrio carioca de Copacabana, según el informe elaborado por Teles, investigadora de la Universidad de San Pablo.

“Estas desapariciones de Río de Janeiro son como la punta de un ovillo represivo que será muy difícil reconstruir si no tenemos acceso a los archivos que siguen ocultos. Brasil está a contramano de la historia, es el país más atrasado en la lucha por la verdad y la justicia”, pondera Teles.

Para ella y las organizaciones de derechos humanos “Dilma simboliza una esperanza”, tal vez la última de que Brasil acabe con la amnesia.