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Desde Brasilia

Después de dos crisis políticas y tres ministros caídos en desgracia en seis meses y seis días de gobierno, Dilma Rousseff constató que ocupar el palacio presidencial no basta para tomarle las riendas al poder. La semana pasada, el ministro de Transportes, Alfredo Nascimento, renunció acusado de dirigir una banda que sobrefacturaba obra pública y recibía sobornos de contratistas privados.

Al parecer, Nascimento era el gerente de una asociación ilícita junto al Partido de la República, brazo político de las iglesias evangélicas, contra las cuales ya hay procesos judiciales por delitos económicos. Tanto Nascimento como su partido responderán a las órdenes de Dilma siempre que se les permita vampirizar los recursos para obras pública, en el marco del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que contempla invertir cientos de miles de millones de dólares hasta fines de 2014.

El botín del Partido de la República y otras agrupaciones más o menos mafiosas integrantes de la alianza oficialista se llama “gobernabilidad”, dado que cuentan con un número de congresistas capaz de parar el Parlamento. El primer sabotaje ocurrió hace un mes, cuando decenas de diputados evangélicos voltearon un proyecto en represalia a una campaña presidencial a favor de las parejas homosexuales. Detrás de esos partidos de alquiler se mueve el lobby de las empresas constructoras, sospechadas de ser las mayores financistas de funcionarios venales desde los años ‘60, cuando se asociaron a la dictadura para construir obras gigantes como la represa de Itaipú, que fue llamado el monumento a la corrupción “mais grando do mundo”.

Rousseff no consiente desvíos de dinero público y cuando los detecta echa al responsable, como lo hizo el miércoles con el ex ministro de Transportes, cuatro días después de las primeras denuncias sobre coimas. Hace un mes y medio había hecho dimitir a su jefe de Gabinete y compañero del Partido de los Trabajadores, Antonio Palocci, por cobrar diez millones de dólares por asesorar bancos. En esos días también perdió su cargo el ministro de Relaciones Institucionales.

Ningún gobierno electo democráticamente desde 1989 enfrentó dos crisis tan tempranas, lo cual pone en duda la eficacia del método de trabajo dilmista, concentrado en los despachos en Brasilia y descuidando los viajes por el país y la comunicación con la sociedad. El “estilo Dilma” ha recibido aplausos de la prensa hegemónica, que denostaba las políticas estatizantes y el “populismo” itinerante del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien prácticamente no permanecía un día en su oficina.

Claro que la estatura de una jefa de Estado no la dan sus horas de vuelo ni en avión presidencial ni el número de discursos pronunciados en actos públicos. El vértice de la cuestión está en saber si Dilma Rousseff será capaz de liderar el proceso de cambio iniciado por Lula limitándose a administrar el país desde la abstracta estructura de metal y cemento del Palacio del Planalto.

Brasil es el país de los superlativos, por su extensión, su población, su riqueza y su pobreza, al que nadie podría gobernar sin controlar su centro nervioso, instalado desde 1960 en Brasilia. Pero la autoridad de los líderes se legitima en las grandes urbes como San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Porto Alegre, donde ocurren efectivamente las disputas políticas y se dirime la pelea entre trabajadores y patrones.

Sin experiencia, Rousseff asumió el primero de enero, con fama de ministra competente ganada durante la administración lulista, convencida de que un país de semejantes proporciones puede ser comandado por una gerente. Y, al parecer, comienza a percibir su error. El jueves dejó Brasilia y encabezó un acto en la favela Complexo do Alemao, una de las más pobladas y violentas de Río de Janeiro, donde prácticamente no había ninguna presencia del Estado, e inauguró un teleférico de cien millones de dólares, que será el principal transporte público para decenas de miles de vecinos.

En lo alto del “morro” (colina), Dilma habló con infrecuente soltura. Refutó las tesis neoliberales al señalar que el Estado debe velar por la “dignidad” de los pobres y para ello necesita “gastar” dinero en las favelas y continuar con las inversiones públicas del PAC.

Emocionada, Dilma proclamó: “Nosotros sabemos que acá falta una persona. Falta Lula. El puso los recursos (para el teleférico) y nos dio la esperanza de que este país sea diferente”. Así rebatió las versiones, azuzadas por la derecha, sobre un distanciamiento entre ella y el ex primer mandatario.