La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) entregó al gobierno un pliego de cuatro condiciones para establecer un mecanismo de diálogo sobre la reforma del sistema educativo que reclaman y así poder volver a clases, tras haber rechazado la semana pasada una iniciativa de las autoridades.

En el mediodía de ayer, los estudiantes presentaron el documento al jefe del Gabinete del Ministerio de Educación, Germán Subercaseaux. Esperan que la respuesta llegue “lo antes posible, a más tardar el fin de semana, porque los tiempos apremian”, afirmó Camila Vallejo (foto), presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). En tanto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Santiago de Chile (Feusach), Camilo Ballesteros, señaló que si las conversaciones con el gobierno avanzan esta semana y se les conceden las garantías solicitadas, los alumnos están de acuerdo en volver a clases “con la posibilidad de seguir movilizados”.

La Confech propone suspender el tratamiento de los proyectos de ley existentes, la transmisión de las mesas de diálogo por televisión o por alguna red social, la postergación del plazo para cerrar el primer semestre de clases y la interrupción de la entrega de recursos a universidades con fin de lucro. Voceros de esa federación indicaron que en caso de que el Ejecutivo acoja sus peticiones, los estudiantes estarían en condiciones de consensuar un nuevo cronograma de trabajo con las autoridades, que contemple abordar primero las reformas estructurales al sistema educativo, incluyendo el lucro y la gratuidad.

La semana pasada, tanto los estudiantes como los docentes rechazaron la propuesta inicial del gobierno de instalar tres mesas conjuntas de trabajo, en un intento por destrabar el extenso conflicto originado por el reclamo estudiantil. El freno al cronograma de trámite legislativo aparecía entonces como uno de los puntos más difíciles de acordar, debido a que el gobierno pretende enviar en breve al Congreso un proyecto de reforma constitucional que incluya la consagración del derecho a una educación de calidad, así como iniciativas destinadas a desmunicipalizar el sistema escolar y crear una superintendencia de educación superior.