Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los regímenes castrenses de Brasil serán investigados, aunque no juzgados, de acuerdo con la Comisión de la Verdad creada ayer por el Congreso. Si bien el logro fue festejado por el gobierno como un importante paso en el proceso de Verdad y Justicia, algunas organizaciones de derechos humanos se quedaron con sabor a poco, pese a que el Senado votó anoche casi en su totalidad la media sanción de Diputados. Los represores cuentan con el aval de la Ley de Amnistía de 1979 del dictador Joao Baptista Figueiredo, que fuera ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal, lo que les garantiza la impunidad.

La ley de la Comisión de la Verdad fue propulsada por la presidente Dilma Rousseff y servirá para conocer el destino de los más de 400 muertos y desaparecidos de la dictadura. En un mensaje a su Partido de los Trabajadores en septiembre pasado, Rousseff dijo que sería firme en el área de derechos humanos. “Haremos la Comisión de la Verdad. No hay la menor duda de eso”, había dicho en aquella oportunidad.

La comisión tendrá dos años para dar a conocer a los responsables y las víctimas de las dictaduras entre 1946 y 1988. El miembro informante del proyecto de ley, el senador opositor Aloysio Nunes, también declaró en ese sentido. “La comisión sólo se va a legitimar si mantiene su foco en los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el período de la dictadura de 1964”, declaró Nunes, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ex militante comunista e integrante de la resistencia armada a la dictadura. “En ese período de facto, la acción experimental de un grupo de energúmenos violentos acabó asumiendo una escalada hasta transformarse en una política de Estado de exterminio de adversarios”, dijo.

La ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, festejó la votación en el Senado y habló de victoria histórica. “Esta comisión representa el compromiso del Estado brasileño de nunca más utilizar métodos de coerción y violencia como instrumento de política en nuestro país”, comentó la ministra. La comisión fue propuesta el año pasado como parte de un plan de derechos humanos, pero el alto mando castrense sólo apoyó la creación de la comisión después de recibir garantías de que investigará los abusos cometidos tanto por los agentes del Estado como por las guerrillas de izquierda, pero que no alterará la ley de amnistía.

Por esa razón algunos militantes de los derechos humanos quedaron disconformes. “Nosotros ya sabíamos que esta aprobación sucedería. Pero lo lamentamos profundamente, porque el proyecto que fue votado en el Senado es el mismo que se aprobara en la Cámara, sin mayores modificaciones”, dijo Cecilia Cohimbra a Página/12. La ex presa política, perteneciente a la ONG Tortura Nunca Más, se refirió a la media sanción que Diputados le dio en septiembre. “Tenemos una posición muy crítica con este proyecto presentado por el gobierno. La infraestructura y los plazos de la comisión son pocos. Son sólo siete miembros para investigar un período muy amplio. Se desfigura el tiempo de la dictadura”, acusó Cohimbra. Integrantes de organizaciones de derechos humanos quieren que la investigación se circunscriba más específicamente al período del golpe de Estado militar entre 1964 y 1985, año en que se creó el primer gobierno civil de la dictadura.

“La prueba de que esta comisión no funcionará es que los militares la apoyan. Esta comisión no esclarecerá ni siquiera la verdad”, dijo recientemente Elizabet Silveira, dirigente de Tortura Nunca Más.

Un reciente estudio del gobierno brasileño indicó que 475 personas fueron asesinadas o desaparecidas por agentes del régimen militar. Además de Rousseff, varios altos dirigentes políticos sufrieron persecución durante la dictadura, incluyendo a los ex presidentes Luiz In-ácio Lula da Silva (2003-2010) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por abusos de derechos humanos cometidos durante la dictadura y declaró sin efectos jurídicos la amnistía de 1979.

Informe: Juan Nicenboim.