El juez Baltasar Garzón dijo ayer que asume todas y cada una de las decisiones adoptadas en relación con la intervención de las comunicaciones en prisión a los imputados del caso Gürtel y sus abogados. El magistrado habló en el último día del juicio por el que se lo acusa de prevaricato, ante el Tribunal Supremo de Madrid. Políticos como Alfredo Pérez Rubalcaba y Tomás Gómez expresaron ayer consternación por ser los presuntos delincuentes quienes sentaron al juez que los investigaba en el banquillo penal de los acusados. Garzón fue acusado de dictar sentencia injusta a sabiendas y de pinchar conversaciones entre funcionarios del Partido Popular (PP) y sus abogados por un caso de blanqueo de capitales.

Garzón dijo que todas las decisiones se adoptaron en el ejercicio jurisdiccional y estuvieron guiadas a proteger los derechos de las partes.

“Especialmente de las personas afectadas por la intervención de las comunicaciones”, dijo, para después recalcar que todas las medidas estaban destinadas a prevenir el derecho de defensa.

Garzón subrayó que en este caso se perseguía un delito de blanqueo de capitales, en el que se constató que los cabecillas del caso, Francisco Correa (Gürtel, en alemán) y Pablo Crespo, continuaban dirigiendo las estructuras desde la cárcel. Como confirmaron los testimonios de los policías el miércoles, las escuchas eran la única medida posible para desentrañar la trama de corrupción.

Dijo que éstas se adoptaron de conformidad con las normas nacionales, constitucionales y de los convenios internacionales de los que España es parte, especialmente aquellos referidos a la criminalidad trasnacional, y es en ese marco en el que todas las decisiones relativas a las escuchas tienen su explicación y justificación.

Además, defendió que la Fiscalía participara en el expurgo de las conversaciones, ya que el juez no puede prescindir del Ministerio Fiscal y debe contar con su concurso, mucho más cuando las diligencias son secretas. Frente a las tesis de las acusaciones, Garzón negó que se esconda tras la excusa de que actuó movido por una razón de Estado. “La única razón de Estado que entiendo y comprendo es la razón democrática de los ciudadanos. Aquí no hubo razón de Estado. Abrir la puerta a una injusticia es dejarla abierta para todas las que le siguen”, dijo citando al político alemán Willy Brandt.

Garzón, que actualmente es miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia, deberá enfrentarse de nuevo a partir de la próxima semana a otro juicio en el Supremo. En esta ocasión, el magistrado será juzgado por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

Previamente, el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, defendió la legalidad de las escuchas practicadas en el caso Gürtel y confesó que porque cree y confía en la Justicia, cree en la inocencia del juez, que salvaguardó el derecho de defensa y no prevaricó en ningún momento.

“El derecho de defensa no es un chicle. No podemos hacer lo que nos dé la gana”, dijo Baena ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a Garzón por ordenar la intervención de las comunicaciones en prisión entre los cabecillas del caso Gürtel y sus abogados.

Baena dijo que el derecho de defensa tiene límites, por lo que no hay razón para acusar a Garzón de haber cometido prevaricato, como dijo el abogado de la acusación, José Antonio Choclán, que representa al supuesto cerebro de la red, Francisco Correa.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, afirmó ayer que es increíble que supuestos delincuentes sienten en el banquillo al juez encargado de juzgarlos. Gómez dijo que esto no ayuda a las instituciones judiciales.

En ese mismo sentido, el ex candidato a presidente en las últimas elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que por lo que escuchó en la calle, la gente no entiende muy bien que el juez esté en el banquillo y que los que se supone cometieron tropelías estén en libertad. Sin embargo, más cuidadoso, el líder del PSOE dijo que hay que ser muy cuidadosos con los temas que se juzgan en el Tribunal Supremo y con todas las resoluciones judiciales.

Agregó que mucha gente interpreta que el lugar de Garzón no pertenece al banquillo, sino al juzgado. Dijo que la perplejidad de muchos ciudadanos al ver lo que ocurre en este caso es perfectamente comprensible.

En la otra vereda, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) tildó de inconstitucional la posibilidad de que las comunicaciones entre un abogado y su cliente sean intervenidas. “Estas prácticas repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho”, decía el comunicado. Garzón saltó al reconocimiento mundial por haber pedido la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, en 1998, por los crímenes de lesa humanidad que cometió.