La crisis económica y financiera de España se acelera de manera peligrosa para la Eurozona y la Unión Europea (UE) porque, como ha afirmado el ex presidente Felipe González, el fin del euro será un hecho en el caso de que su país deba ser rescatado al estilo de Grecia o Portugal. “No habrá rescate a España, y si lo hay se acaba el euro y hay que rescatar a toda Europa. Y punto”, afirmó González el miércoles pasado en Madrid. Bien mirado, González no ha hecho más que hacer suyo un punto de vista largamente anticipado por economistas de la talla del Nobel Paul Krugman o Nouriel Roubini, quienes vienen señalando que una caída española constituiría la antesala del colapso del euro.

Que esta tendencia está presente lo atestiguan el derrumbe bursátil y el aumento del riesgo-país que sufre España en las últimas dos semanas, algo que es atizado por los temores expresados públicamente por los líderes de Francia, Nicolas Sarkozy, y de Italia, Mario Monti, en los agitados días que corren. En la semana que acaba de terminar, el riesgo-país español se ha disparado hasta los 425 puntos básicos, el índice IBEX35 de la Bolsa de Madrid perdió un 5,2 por ciento y la situación se agravará aún más en el futuro inmediato, ya que el Banco Central Europeo (BCE) ha revelado que la deuda de la banca española con esa entidad creció un 50 por ciento durante marzo.

Esto significa que los bancos españoles recurren cada vez más a las facilidades de liquidez que puso en marcha el BCE en diciembre pasado, un mecanismo que evitó la quiebra del sistema financiero europeo y que se basa en una asistencia de un billón de euros, en los próximos tres años, a los bancos que lo demanden. Desde el comienzo de este sistema de pases (canje de dinero por títulos de deuda que los bancos entregan al BCE en garantía por el préstamo), las entidades españolas han captado 315.306 millones de euros, la mitad exactamente de lo demandado por toda la banca europea.

En marzo, la deuda de los banqueros españoles al BCE trepó a 227.600 millones de euros frente a los 152.400 millones de un mes antes, con una Italia que tampoco le va a la zaga y, que junto con España, se llevan la parte del león de los fondos de asistencia de la autoridad monetaria europea. No puede extrañar, en este contexto, la creciente desconfianza de los mercados en ambos países. Esto se refleja directamente en el auge del rendimiento de los títulos de deuda españoles a 10 años que ayer superaron el 6 por ciento tras conocerse los datos del sistema financiero español.

Las últimas informaciones y rumores procedentes de Madrid y de Bruselas indican que crecen las posibilidades de que se esté pergeñando una recapitalización de la banca española, procediendo a una concentración más rápida y profunda. Para esto hay quienes plantean la utilización del fondo de rescate europeo, pero nadie sabe a cuánto podría ascender la factura de las pérdidas de un sistema financiero poblado de carteras hipotecarias incobrables y que se deteriora día a día con la baja de los precios de la propiedad y una recesión económica imparable que incrementa la morosidad.

Por otra parte, si bien el fondo de la Eurozona puede ser utilizado para una operación de recapitalización bancaria de los países miembros, lo cierto es que todo el mundo tiene en mente que así comenzó la ayuda a Irlanda que culminó en la insolvencia del Estado y en un rescate en toda regla. Y es justamente esto lo que se quiere evitar, dado que el tamaño de la economía española, su deuda pública y privada y su dimensión política, en Europa, no admiten comparaciones con Irlanda.

Para situar la dimensión del problema, o mejor del drama español-europeo de nuestros días, algunas cifras comparativas de la catástrofe argentina de 2001 con las actuales de España podrían servir. Diez años y medio después del inicio de la convertibilidad, Argentina tenía una deuda pública y privada de 214.000 millones de dólares, equivalente al 72,8 por ciento del PBI nacional. Al finalizar el tercer trimestre de 2011, el Banco de España cifró el total de la deuda pública y privada en el 394 por ciento del PBI, que asciende a un billón de euros. Pero lo más importante, y trágico, de este dato es que el 321 por ciento de esa deuda le corresponde a los bancos, las empresas y los hogares.

A la luz de estos datos, se comprende que Felipe González traslade el problema español a Europa en su conjunto y que el actual gobierno del presidente Mariano Rajoy presione a los bancos para que adelanten ya 13.000 millones de euros para poner en marcha la reestructuración financiera. Pero los planes de austeridad extremos que está aplicando Rajoy con su recorte de casi 40.000 millones de euros en el presupuesto de este año, la aprobación de una reforma laboral que reduce sueldos y facilita el despido, y una tasa de desempleo del 23 por ciento, acercan a España hacia una bancarrota.