Italia enfrenta una nueva disyuntiva. “Si el Parlamento italiano no aprueba la reforma laboral, el gobierno de Mario Monti se irá a casa”, afirmó de manera tajante la ministra de Trabajo, Elsa Fornero. “Hasta ahora hemos recibido críticas por ser ‘demasiado incisivos’ o ‘demasiado poco incisivos’ (en las medidas sobre el mercado laboral), pero de una cosa estamos seguros: iremos al Parlamento y si la reforma no se aprueba, todo terminará”, dijo la titular de la cartera de Trabajo. “Esta es una reforma laboral para el país y no para complacer a los sindicatos, las empresas o los autónomos. Nuestra reforma piensa en un mercado del trabajo abierto, integrador y dinámico. Integrador quiere decir sin ciudadelas protegidas, porque es impensable que en un mundo tan dinámico se puedan comenzar y terminar carreras de 17 a 57 años siempre en la misma realidad empresarial”, agregó la funcionaria italiana.

Fornero realizó estas declaraciones durante un congreso que se realizó en la ciudad de Reggio Calabria, al sudoeste del país. La principal traba para la administración encabezada por Monti es que la reforma laboral, aplaudida por los organismos internacionales y la Unión Europea (UE), no cuenta con un apoyo unánime de los tres principales grupos parlamentarios. El gobierno trata de mediar para que tanto el Partido Demócrata (PD) de centroizquierda, como el conservador Pueblo de la Libertad (PDL), de Silvio Berlusconi, coincidan y muestren la misma disposición a aprobar el texto en el Parlamento sin las exigencias impulsadas por el tercer grupo que las sustenta, el llamado “Tercer Polo” de centroderecha.

Sobre la reforma laboral, cuya primera versión se aprobó en el Consejo de Ministros el 23 de marzo, el PDL reclama una mayor flexibilidad en la contratación, mientras que el PD presiona para que se vuelva a permitir la readmisión del trabajador despedido por motivos económicos infundados. El gobierno finalmente cambió su primera versión de la reforma, antes de llevarla al Parlamento, y reintrodujo dentro del emblemático artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores la posibilidad de que un juez decrete la readmisión de un despedido si no se justifica la emergencia económica de la empresa. La tasa de desempleo marcó un record en febrero en Italia al subir hasta el 9,3 por ciento. Según se supo ayer, en lo que va del año, ya se han suicidado 23 empresarios por problemas económicos.