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Cerca de la segunda vuelta electoral y del veredicto de la Justicia en el juicio al ex presidente Hosni Mubarak, Egipto se despidió del estado de emergencia que rigió en los últimos 31 años. La Junta Militar decidió ayer no renovarlo, accediendo así a uno de los principales reclamos de la revolución. La organización Human Rights Watch (HRW) exigió la liberación de 188 personas que permanecen detenidas bajo esas circunstancias de excepción.

La cúpula castrense que dirige el país desde la renuncia de Mubarak –acusado de corrupción y de estar involucrado en la muerte de unos 800 manifestantes en febrero de 2011, durante la movilización opositora que culminó con alejamiento del gobierno– rechazó prorrogar la aplicación de la llamada Ley de Emergencia, que expiraba ayer y anunció el levantamiento total de la medida. “Las Fuerzas Armadas seguirán garantizando la seguridad en Egipto”, aseguró el portavoz del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Mohamed Askar. De esta forma, Egipto pone fin a una situación de excepción que durante décadas dio cabida a la suspensión de las libertades de prensa y asociación, la ampliación de los poderes de los órganos de seguridad y la anulación de los derechos civiles y políticos con la excusa de la lucha antiterrorista. La ley había entrado en vigor con motivo del asesinato del presidente Anuar el Sadat en 1981 y su aplicación se extendió a lo largo del mandato de Mubarak, que la renovó por última vez en mayo de 2010 por dos años más.

La Junta Militar limitó en enero pasado la Ley de Emergencia a casos ligados con el vandalismo, pero faltaba el paso definitivo para certificar su final. Ese gesto de los dirigentes militares fue recibido con satisfacción por el principal grupo de la Cámara baja del Parlamento, el Partido Libertad y Justicia (PLJ), vinculado a los islamistas Hermanos Musulmanes, cuyo portavoz, Ahmed al Sobaya, consideró que el fin del estado de emergencia es uno de los logros más importantes de la revolución que permite a Egipto liberarse del autoritarismo. Al Sobaya recordó que, según la declaración constitucional provisional, vigente desde marzo de 2010, la Junta Militar es el único órgano que puede imponer el estado de excepción y, en caso de extenderlo más de seis meses, necesitaría el visto bueno del Poder Legislativo.

Aunque estaba previsto que el Parlamento discutiera el asunto en una sesión, finalmente los grupos optaron por aceptar la decisión de la Junta Militar. “La Ley de Emergencia sólo debe aplicarse cuando hay graves problemas de seguridad o catástrofes naturales”, precisó Yusri Hamad, portavoz del partido salafista Al Nur, que ocupa un cuarto de los escaños de la Cámara.

Desde que estalló la revuelta popular en Egipto, los grupos revolucionarios y de derechos humanos protagonizaron numerosas protestas y campañas para denunciar que, amparados en el estado de emergencia, las fuerzas del orden y las autoridades cometían excesos contra los civiles. Por eso, en medio del levantamiento de esta ley, la organización Human Rights Watch (HRW) exigió ayer la liberación de 188 personas que permanecen detenidas bajo esas circunstancias de excepción. La representante de este grupo de derechos humanos en Egipto, Heba Morayef, solicitó a los diputados que tomen medidas para acabar con todas las prácticas relacionadas con esta ley, como los juicios en los llamados Tribunales de la Seguridad Estatal de Emergencia. Asimismo, pidió que estos procesos sean trasladados de manera inmediata a la fiscalía que, a su vez, tendría que derivarlos a la Justicia civil.

El fin del estado de emergencia llega en una etapa crucial de la transición democrática en Egipto. Esta semana pasaron a la segunda vuelta electoral, que se realizará el 16 y 17 de junio, dos candidatos presidenciales que suscitan recelos en amplios sectores, Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes, y Ahmed Shafiq, último primer ministro de Mubarak. Además, está previsto que mañana un tribunal dicte sentencia contra el ex presidente y varias figuras de su entorno por la matanza de manifestantes en la revolución y diversos delitos de corrupción.