La reactivación de las causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy, con el llamado a indagatoria del empresario Pedro Blaquier como suceso emblemático, sigue generando un efecto dominó de novedades procesales. Ayer fueron detenidos siete ex militares y policías, por orden del Juzgado Federal 2 de esa provincia, involucrados en un tramo de la causa denominada Galeán que investiga el secuestro de militantes del Partido Comunista en la localidad de Tumbaya durante la dictadura. En tanto, Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, destacó la “expectativa” de la parte querellante en la megacausa por los crímenes de La Noche del Apagón sobre los resultados de la pericia médica a la que fue sometido Blaquier.

El mandamás de Ingenio Ledesma, imputado en ese expediente, estaría en condiciones físicas y mentales de ser interrogado, al menos así lo consideraron quienes lo examinaron el miércoles en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Sin embargo, el informe oficial se conocerá recién el jueves próximo y a partir de entonces el juez federal Fernando Poviña decidiría si lo cita para interrogarlo. “Esa indagatoria será un hecho histórico, no sólo porque permitirá dilucidar una de las causas más emblemáticas de derechos humanos en Jujuy, sino porque además permitirá revelar la vinculación entre el poder económico y el represivo”, dijo la presidenta de ese organismo de derechos humanos. Y recordó la consigna “el poder económico también fue la dictadura”, que puso en relieve la colaboración empresaria en el terrorismo de Estado, que se había propuesto garantizar la liberalización económica y para eso fue necesario eliminar a todos los sectores que resistieron, que se opusieron y que “alentaron un proyecto de país inclusivo y con justicia social”.

Peña también informó que en otra causa el mismo juzgado ordenó las detenciones del sargento Francisco Espíndola, el agente Catalino Soto, el cabo Jorge Mendoza (alias Gaucho Martín), los agentes del Servicio Penitenciario Félix Batalla y Federico Colmenares, el subprefecto Ramón Herrera y Emiliano Portal. Están acusados por el secuestro, tortura y desaparición de los hermanos Crecencio y Paulino Galeán, Rosa Santos Mamaní, Rosalino Ríos, Juan Elías Roconás y Américo Vilca Vera, entre otros militantes del PC y trabajadores rurales. El hecho ocurrió en la localidad de Tumbaya, ubicada en la Quebrada de Humahuaca, entre agosto y diciembre de 1976. La mayoría de los secuestrados en la localidad quebradeña fueron trasladados al Servicio Penitenciario de Jujuy, según testimonios de quienes compartieron la prisión desde donde desaparecieron. De acuerdo con los testimonios, Mendoza habría intervenido en el secuestro de Galeán.

Ludmila Da Silva Catela, investigadora en derechos humanos del Conicet junto a Elizabeth Yelín, relata que el lugar donde hubo más desaparecidos en Jujuy fue Tumbaya, porque sobre una población de 200 personas había seis. “Hablé con Federico Galeán, guardián de esa memoria, y me fui enterando de que en el momento del secuestro se llevaron a veinte hombres y que muchos de ellos habían estado afiliados al PC. Los primeros entrevistados, familiares y personas que estuvieron presas temblaban porque estaban contando algo que era muy pesado en su historia, y lo interesante es pensar que en ese pasado hubo gente con un proyecto político, que tenían libros y escuchaban discos de súper avanzada”, contó en una entrevista a la revista digital El Ojo de la Tormenta. “El cambio que hubo en Tumbaya respecto de la memoria es significativo, ahora hay una placa y, como dice Galeán, lo que cambió es que nos sentimos mucho más seguros y que la gente tiene mucho menos miedo para hablar”, afirmó Da Silva Catela.

En tanto, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy se reunió con el director de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad del Consejo de la Magistratura, Pablo Vassel, quien fue a interiorizarse del estado de las causas vinculadas al terrorismo de Estado en Jujuy.