El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado ayer a cuatro años de cárcel por fraude fiscal. Sin embargo, la pena será reducida a un año porque se lo beneficiará con la ley de indulto.

El político y empresario, de 76 años, fue condenado por un tribunal de Milán por fraude fiscal en la adquisición de derechos televisivos para su imperio audiovisual Mediaset. Berlusconi –que anunció su renuncia a la candidatura como primer ministro en los comicios del 2013– fue condenado a cuatro años de cárcel, a entre tres y cinco años de prohibición de ejercer cargos públicos y obligado a pagar de modo provisional 10 millones de euros al fisco italiano. Sin embargo, el magnate de los medios se beneficiará con la ley de indulto de 2006, por lo que se le condonarán tres de los cuatro años de prisión y la inhabilitación para cargos a la que fue condenado no empezará a contar cuando la sentencia quede firme. En concreto, fue inhabilitado durante tres años para ejercer cargos en entidades jurídicas y empresas y se le prohibió el contacto con la administración pública durante el mismo período. Además, le impusieron cuatro años de inhabilitación en materia de asistencia tributaria y cinco en cargos públicos oficiales.

Tras conocerse la decisión judicial, Berlusconi criticó a los jueces de Italia. “Es una condena que puedo definir tranquilamente como política, increíble e intolerable”, afirmó el ex premier, según informó el diario La Repubblica. Además confesó que sus abogados y él creían imposible una condena. “Debemos decir una cosa: cuando no se puede contar con la imparcialidad de los jueces, un país queda incivilizado y bárbaro y deja de tener una democracia. Desafortunadamente, hoy ha sucedido así”, remarcó. Y agregó que no existe “ninguna conexión” entre su renuncia a presentarse a las elecciones del 2013 como jefe de gobierno de Italia, cargo que ocupó durante casi diez años, y su condena por fraude fiscal en el caso Mediaset.

El caso, por el que fue condenado ayer, se refiere a la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de su grupo audiovisual Mediaset entre 1994 y 1999, bajo la sospecha de un aumento artificial del precio real de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero. Según el fiscal, Fabio De Pasquale, Mediaset “exageró” los costos de la compra de filmes, fijándolos en 368 millones de dólares entre 1994 y 1998, mientras entre el 2001 y el 2003 esa cifra descendió a 40 millones de euros. “Los derechos (audiovisuales) pasaban de mano en mano y se aumentaban de modo injustificado. Eran traspasos carentes de una función comercial. Servían sólo para que se elevara su precio”, afirmaron los jueces de la Primera Sección Penal de Milán que juzgaron al ex primer ministro. Los magistrados cifran además en 17.500 millones de liras en 2000, en 6,6 millones de euros en 2001, unos cuatro millones de euros en 2002 y unos dos millones de euros en 2003 la cantidad de dinero objeto de esta “evasión muy considerable” en la que participó Berlusconi. En este juicio estaban también imputados el presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri, quien quedó absuelto, y el productor estadounidense de origen egipcio Frank Agrama, considerado el “socio oculto” de Berlusconi y condenado a tres años de prisión, condonados por la ley de indulto. La adquisición de los derechos por valor de 470 millones de euros para el grupo empresarial Fininvest, al que pertenece Mediaset, se realizó a través de dos sociedades extranjeras: la Principal Network Communication y la Principal Network, y de otros intermediarios, entre ellos Agrama.

El caso se reanudó en febrero de 2011, tras 18 meses de suspensión por la llamada ley del “legítimo impedimento”, escudo judicial del que se sirvió Berlusconi cuando ocupaba la jefatura del gobierno y que quedó parcialmente invalidado. La ley fue anulada parcialmente al año siguiente por la Corte Constitucional, lo que propició la reanudación del proceso contra Berlusconi. En un procedimiento poco habitual en la Justicia italiana, los magistrados del tribunal de Milán aceleraron la redacción de las motivaciones de su sentencia para que un eventual recurso comience antes, dado que el delito prescribe en junio de 2014.

Se trata de la cuarta condena contra Berlusconi en primer grado, de un total de 33 litigios. El proceso, que se inició en 2006, sufrió numerosas interrupciones. Este es uno de los tres procesos que el ex funcionario tenía abiertos, junto al llamado caso Ruby, por abuso de poder e incitación a la prostitución de menores, y al de la publicación de escuchas telefónicas de procedencia ilícita en el diario Il Giornale. Además, se benefició con la prescripción de los delitos de los que se lo acusaba en seis casos, el último, el pasado febrero por corrupción en acto judicial.