Desde Londres

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, y el secretario general del Consejo de Europa, a cargo de la supervisión de derechos humanos, Thorbjon Jagland, advirtieron al gobierno británico sobre el “efecto nefasto que podrían tener sobre la libertad de expresión” el arresto del brasileño David Miranda y la destrucción de los discos duros del matutino The Guardian con material vinculado con el ex espía estadounidense Edward Snowden.

En una carta abierta a la ministra del Interior británica, Theresa May, Jagland exigió al Reino Unido que explique la conducta británica en ambos casos, ya que viola “la libertad de expresión garantizada en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos”. Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, que es también comisaria de temas de Justicia y Derechos fundamentales, escribió en su cuenta de Twitter que estaba completamente de acuerdo con los conceptos vertidos por Jagland. El artículo 10 especifica que “todos tienen derecho a la libertad de expresión” y que este derecho “incluye la libertad de tener opiniones y recibir o impartir información e ideas sin interferencia de las autoridades públicas y las fronteras”.

Mientras tanto, en Londres, la Alta Corte de Justicia tuvo un fallo salomónico respecto de la demanda de revisión judicial iniciada por los abogados del brasileño David Miranda, detenido en el aeropuerto de Heathrow e interrogado durante nueve horas el pasado domingo. La Alta Corte señaló que el gobierno británico tenía derecho a revisar la laptop, el celular y las memorias USB que le confiscaron a Miranda en el aeropuerto en nombre de la “seguridad nacional”, pero no podía “copiar o pasar” ese material y tenía plazo hasta el 30 de agosto para examinar los documentos. Durante la audiencia, el abogado de la policía Johnatan Laidlaw indicó que se estaban investigando decenas de miles de páginas del material digital confiscado a Miranda. “En opinión de la policía, el material examinado es altamante sensible y su revelación sería sumanente perjudicial para la seguridad pública. Por consiguiente, la policía ha iniciado una investigación criminal”, señaló el abogado.

Miranda, pareja de Glenn Greenwald, el periodista que reveló los archivos de Snowden, estaba en tránsito en Londres de su vuelo Berlín-Río de Janeiro. En Berlín había estado con la cineasta Laura Poitras, que está haciendo un documental sobre el caso Snowden. Según comentó a la salida de la Alta Corte su abogada, Gwendolen Morgan, el fallo era una “victoria parcial” para su cliente. “El gobierno tiene siete días para examinar este material. La Corte rechazó buena parte de sus argumentos”, señaló Morgan.

La Corte volverá a examinar el caso el 30 de agosto. Si a nivel judicial se puede hablar de un empate técnico, a nivel político-diplomático el disparo le está saliendo por la culata al gobierno. A la reacción europea y el casi unánime repudio político (hasta diputados de la coalición gubernamental cuestionaron la detención de Miranda) se añade la decisión del encargado de vigilar la aplicación de la ley antiterrorista de iniciar una investigación. “La investigación será sobre el uso que la policía hizo de la ley desde que consideró su aplicación hasta que puso en libertad a Miranda e inevitablemente tomará en cuenta si estos poderes fueron usados de forma legal y humana”, señaló el abogado David Anderson.