La Corte Suprema realizará hoy una audiencia preliminar en la discusión por la ley de medios.
Imagen: Rafael Yohai.

La Corte Suprema convocó para hoy al Gobierno, al Grupo Clarín y a los terceros interesados que actuarán como amicus curiae a una audiencia preparatoria de la que finalmente se hará el miércoles próximo en la causa en la que se discute la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA). Si bien el alto tribunal estableció que los amicus (que pueden ser desde organizaciones, cooperativas o hasta universidades) tendrán que actuar en adhesión explícita a cada una de las partes, admitió una excepción y avaló la participación en forma independiente de la Defensoría del Público.

La reunión de hoy está pensada para organizar la audiencia de la semana próxima –que podría extenderse más de un día–, pero también permitirá conocer por lo menos a algunos de los amicus curiae que llevará cada una de las partes, que pueden ser hasta cinco. En el sistema que aplicaba usualmente la Corte los amicus eran “amigos del tribunal”, terceros con algún interés en el pleito que creen poder aportar al debate pero no estaban obligados a identificarse con nadie. Para esta ocasión, el tribunal dictó un reglamento que dice que sí o sí tienen que ir como apoyo de una de las partes en pugna.

Por lo pronto se presentó formalmente Cooperar, que es una cooperativa de cables, del lado del Estado, pero todo indica que mañana asistirán otras entidades, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y tal vez universidades. Desde el Grupo Clarín dijeron ante la consulta de este diario que no tienen decidido a qué organización o institución impulsarán. El plazo para que se presenten por escrito vence el lunes.

Como excepción, la Corte avaló que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual participe de la audiencia de manera independiente. Reconoció que su titular, Cynthia Ottaviano, fue designada por una decisión conjunta de las cámaras de Diputados y de Senadores para actuar “frente a órganos administrativos y judiciales”, según dispone la ley, “en representación del público de los servicios de comunicación audiovisual”, cuyos derechos están implicados en el fallo que está en puerta. Esa participación, había planteado la entidad, es un mecanismo para resguardar el derecho a la información de “todos los oyentes y televidentes”, como lo definió en forma elogiosa el relator especial de Naciones Unidas, Frank La Rue. La entidad recordó que desde el comienzo de su gestión, en noviembre último, recibió 835 reclamos y consultas.

En la audiencia pública, las partes y los amicus tendrán un tiempo acotado para exponer su posición sobre la validez constitucional de cuatro artículos de la ley de medios (41,45, 48 y 161). La Cámara en lo Civil y Comercial declaró la inconstitucionalidad parcial y eso es lo que tiene que revisar la Corte Suprema. Los camaristas invalidaron los puntos que más afectan la concentración económica mediática del Grupo Clarín, es decir, atacaron el núcleo antimonopólico de la LdSCA: el tope de 24 licencias de cable establecido, el impedimento de superponer un canal de aire y servicio de cable, el máximo de titularidad de señales y el tope que restringe la cantidad de abonados al 35 por ciento del mercado. Confirmó los artículos 41 y 161. El primero impide la transferencia de licencias y el segundo establecía el plazo de desinversión de un año.

Al día de hoy, casi cuatro años después de la aprobación de la ley, el multimedios sigue eximido de acatarla adecuándose a los topes mediante la cesión de licencias de radio y televisión.