La Justicia de Paraguay elevó ayer a juicio oral la causa por la masacre de Curuguaty del 15 de junio de 2012. Doce de los quince campesinos acusados serán juzgados por homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble. Para Vicente Morales, uno de los abogados defensores, la decisión de la fiscalía es una farsa. “El fiscal jamás investigó lo que ocurrió, ocultó pruebas, ignoró la construcción artificial de una supuesta escena del crimen, incluyó pruebas que no estaban individualizadas e hizo pericias sin dar participación a la defensa”, explicó a Página/12. El fiscal Jalil Rachid descartó cualquier irregularidad y aseguró que las pruebas de la defensa fueron incluidas en la causa. Los abogados defensores y los organismos de derechos humanos cuestionan algo que la Fiscalía pasó por alto: la participación de efectivos policiales en el enfrentamiento en el que fueron asesinados once campesinos y seis policías. La hipótesis de Rachid es que los labriegos tendieron una emboscada a la comitiva policial que fue a desalojar las tierras de Campos Morombí, en disputa entre el Estado y la familia del fallecido empresario Blas Riquelme. El fiscal no tomó en cuenta este litigio ni las pruebas que demuestran la responsabilidad policial en la masacre. La defensa dice que si las tierras no son propiedad de los Riquelme, no hay invasión y si no hay invasión tampoco asociación criminal. La jueza Janine Ríos resolvió sobreseer a tres de los acusados y juzgar al resto por el asesinatos de los seis policías. La Fiscalía desestimó el pedido de nulidad que formuló Morales.