Desde Roma

Mientras el Parlamento italiano discute, sin llegar a ningún acuerdo todavía, sobre el proyecto de la Ley de Estabilidad 2014-2017 presentado por el gobierno, es decir, todas las medidas económicas que serán tomadas a partir del año que viene para reactivar la economía, las centrales sindicales preparan un paro general contra esa ley para el 15 de noviembre, por considerarla ineficaz y dañina para los trabajadores. Para completar el panorama, todavía nefasto después de tres años de recesión económica, el Istat (Instituto de Estadísticas) difundió previsiones de sus expertos economistas, más pesimistas que las del gobierno, casi como queriendo decir que la base de la que parte el gabinete del primer ministro Enrico Letta está equivocada y que en consecuencia podrían serlo también sus proyectos. La Unión Europea confirmó en parte las previsiones del Istat y agregó otro dato nada estimulante: la relación entre la deuda pública y el PIB llegará en 2014 a la cifra record de 134 por ciento, pero disminuirá a 133,1 por ciento en 2015. Esto significa un empeoramiento de la solidez financiera del país, que tiene como consecuencia un aumento de los intereses que pagarán los títulos estatales en detrimento del propio Estado.

En otras palabras, la batalla por el qué hacer, qué medidas tomar, qué sectores privilegiar, qué recortes hacer está todavía abierta en la península. Llegar a un acuerdo sigue siendo la batalla más complicada.

Una de las gotas que colmaron el vaso corrió por cuenta del Istat. El Instituto de Estadísticas, en efecto, dice que en 2013 el PIB (Producto Interno Bruto) disminuirá 1,8 por ciento y en 2014 en cambio crecerá el 0,7 por ciento. Las previsiones del gobierno, en cambio, eran para los mismos períodos de una disminución del 1,7 por ciento y de un crecimiento del uno por ciento. El gobierno tendió a quitarle importancia a esta diferencia. “Tenemos opiniones levemente diferentes”. Pero “la economía comenzará su recuperación a fines del cuarto trimestre de este año y en el año próximo” , dijo el ministro de Economía, Fabrizio Saccomani. Mientras el ministro de Trabajo, Enrico Giovannini, comentó que “para empezar, son sólo previsiones, y la diferencia representa un estímulo para hacer aún más esfuerzos”. En efecto, el Istat indicó que si crece la confianza, entonces se logrará un crecimiento del uno por ciento como dice el gobierno. El informe de la Comisión Europea sobre la situación económica de la región, y de Italia en particular, subrayó que los indicadores dicen que “la recesión en Italia está llegando a su fin” y que habrá una “gradual mejoría de la producción a fines del cuarto trimestre de 2013”.

Otra cifra revelada por el Istat es aún más alarmante: la desocupación general aumentará en 2014 en vez de disminuir, pasando del 12,1 por ciento de fines de 2013 al 12,4 por ciento. La UE confirma estas cifras añadiendo que en 2015 la deso-cupación tendrá una leve mejoría, volviendo al 12,1 por ciento. La desocupación juvenil, en cambio, supera actualmente en Italia el 40 por ciento y también sufrirá alteraciones en 2014, aunque no se dieron cifras en este sentido. La deso-cupación ha sido una de las causas principales del empobrecimiento de los italianos y ha llevado a que los pobres, según el Istat, se hayan duplicado en cinco años. Entre 2007 y 2012 llegaron, en efecto, a ser 4,8 millones de personas.

“La frazada seguirá siendo corta –comentó el jefe del Estado, Giorgio Napolitano, en alusión a las medidas que no serán suficientes para solucionar de una sola vez todos los problemas–. Pero con un gran esfuerzo colectivo de responsabilidad y cohesión, lograremos abrir un sendero de crecimiento para la economía.”

Pero las tres centrales sindicales, CGIL-CISL-UIL, no están de acuerdo porque, dicen, la Ley de Estabilidad presentada por el gobierno “no realiza los cambios necesarios para que el país salga de la recesión y la economía vuelva a crecer”. Según los sindicalistas, una “significativa reducción de los impuestos a los trabajadores y jubilados, así como a las empresas que invierten, es el camino principal para producir el gran cambio”. Y a nivel europeo, dicen, es necesaria una política que “libere recursos para financiar inversiones y apoyar la ocupación, la innovación tecnológica y las políticas sociales”.

En pocas palabras, los sindicatos piden que haya menos impuestos para trabajadores y jubilados, que las jubilaciones sean revaluadas o que tengan, como en otras épocas, una adecuación por lo menos según el índice inflacionario. A nivel público, insisten en la necesidad de recortar el gasto improductivo y los costos de la política. Es decir, no se trata de echar nueva gente a la calle reduciendo los empleados públicos, sino de recortar, por ejemplo, los sueldos de los parlamentarios, que superan en tres, cuatro o cinco veces los de un común mortal.

Muchos se preguntan en Italia qué hay que hacer para reunir los recursos necesarios a fin de estimular el empleo y la inversión, dado que el Estado está casi en bancarrota. Las centrales sindicales dicen que, entre otras cosas, hay que reducir drásticamente el número de sociedades públicas o de entes públicos inútiles –que han servidos todos estos años sólo para conseguir votos para algunos partidos–, reducir el número de integrantes de la administración antes y reducir los cargos de nombramiento político.

Por supuesto, concluyen, es necesario incentivar la lucha contra la corrupción, porque de eso depende también la calidad de los servicios que se ofrece a los ciudadanos. Y podría significar también, según otras fuentes, un ahorro para el Estado. Para aclarar este punto, basta dar algunos ejemplos. Los empleados públicos que se encargan de los servicios a la comunidad teóricamente entran a trabajar por concurso. Pero, en realidad, lo fundamental es la recomendación, no los méritos. Y esto significa pura corrupción. Otro ejemplo distinto: en un municipio del norte de Italia acaba de salir a relucir que ninguna empresa se ha presentado al concurso público para recoger la nieve de las calles. No porque no les interese, sino porque la mafia napolitana, la camorra, en esa localidad tiene mucha influencia y los empresarios honestos tienen miedo o han sido corrompidos por ella para no presentarse.

Otro magnífico ejemplo de lo que significan la corrupción y el clientelismo lo ha dado la reconstrucción de L’Aquila, la ciudad del Abruzzo que quedó semidestruida después del terremoto de 2009 que costó la vida a 308 personas. Según un reciente informe de parlamentario europeo dinamarqués Soren Sondergaard, que debía controlar el uso que se hizo de los 300 millones de euros que aportó la Unión Europea en ese momento, hubo “precios inflados” y “escasa calidad” de los productos usados para la reconstrucción, como pudo verificar en parte en los departamentos construidos en tiempo record para los que quedaron sin casas, que hoy se están viniendo abajo de a poco. Pero el parlamentario también constató “infiltraciones mafiosas” en los contratos con los constructores y “negligencia” de parte de las autoridades italianas. Silvio Berlusconi era el jefe del gobierno en ese momento.