Para ahuyentar fantasmas sobre intrigas palaciegas, supuestas presiones políticas y reuniones hasta con Cristina Kirchner en torno de la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de medios, la Corte Suprema emitió un comunicado en el que dice que es parte de la “actividad normal de la República” que sus miembros tengan reuniones con “representantes” de otros poderes del Estado. Esos encuentros “no tienen por objeto la discusión de las soluciones a adoptar por el tribunal en las causas sometidas a su jurisdicción”, señala el texto. Fue el modo en que el tribunal decidió responder a una sucesión de notas periodísticas, en su mayoría posteriores al fallo, en las que se sugiere que el Gobierno buscó condicionar a los jueces y que hubo una negociación por los votos.

El comunicado también es una forma de respaldar al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien además de verse cuestionado en múltiples artículos, algunos firmados por los columnistas estrella de Clarín y La Nación, tuvo un mal trago con un reportaje que publicó el diario Perfil el domingo, hecho por su director Jorge Fontevecchia. En esa entrevista, Lorenzetti aparecía admitiendo que se había reunido y que había dialogado por distintos temas con la Presidenta y con el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Aparecía contando que con Zannini “realmente hablamos muchísimo” y un paréntesis precisaba que se refería a la ley de medios. Lorenzetti negó haber dicho eso y exigió una rectificación. Perfil subió después a su web un video del diálogo, donde queda claro que no sólo el juez no había dicho lo publicado, sino que ante la pregunta específica dijo que no había hablado con los funcionarios sobre la ley de medios. “Si yo hablara y arreglara algo sobre cómo sacar la ley de medios, ¿qué pasaría con mis colegas? (...) Somos siete jueces”, agregó.

El texto que difundió la Corte tiene un sentido doble: por un lado, sostener que el Gobierno no ejerció presiones o por lo menos que en la Corte no se enteraron; por el otro, defender que de ese modo ningún juez supremo fue presionado. Una de las primeras cuestiones que afirman los jueces, en defensa de su legitimidad, es que la actual Corte hizo “ingentes esfuerzos para fortalecer las instituciones de esta República” y en ese contexto también hizo una bandera “de la independencia del Poder Judicial, con firmeza”.

“La elaboración de las sentencias y las deliberaciones internas de este tribunal se ajustan estrictamente a los procedimientos legales establecidos al efecto, y su contenido es el resultado de la interpretación de las leyes y la Constitución”, agregan los siete supremos. “Las reuniones entre representantes de poderes del Estado forman parte de la actividad normal de la República –se defiende el tribunal– y no tienen por objeto la discusión” de lo que va a sentenciar la Corte. “Esta Corte es representada por su presidente, quien informa al cuerpo colegiado de todas sus gestiones, las que siempre han sido ratificadas por el pleno”, explica.

Raúl Zaffaroni fue el único que ayer hizo públicamente una referencia al tema: “Tenemos una gran responsabilidad y hay que dialogar, esto no se trata de actos raros”. “Somos cabeza de un poder y como tal dialogamos con los otros poderes”, dijo.

Después de la sentencia que el martes pasado confirmó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA), Lorenzetti sólo aceptó hablar del tema con la editorial Perfil, con Infobae TV y con el programa radial de Magdalena Ruiz Guiñazú. Evidentemente era parte de una estrategia comunicacional. En cierto modo, el blooper de Perfil desacredita de manera indirecta a los periodistas, analistas y opinadores que hablaron de reuniones oscuras y pactos entre el Gobierno y la Corte. También deja mal parados a los diputados (no sólo Elisa Carrió, sino exponentes del PRO, la UCR y GEN) que rápidamente se aferraron a las falsas declaraciones para salir a criticar.

Así las cosas, cuando llegaron ayer al acuerdo que tienen todos los martes, la mayoría de los ministros supremos –y en especial el presidente– estaban con los ánimos recargados. Ya venían maldiciendo hace tiempo por algunas publicaciones periodísticas que, en su mayoría, atribuían “presiones” al Gobierno para que la Corte firmara el fallo antes de las elecciones y que lo hiciera, obviamente, a favor de la ley. También adjudicaban a algunos miembros del tribunal cierta receptividad a esos supuestos condicionamientos.

“Acá nadie negoció nada”, “acá nadie cambió el voto”, “hace rato que pensamos lo mismo que se dijo en el fallo”, transmitió uno de los jueces, enojadísimo. “Tampoco es que pretendemos que no se hable, sino que se diga la verdad con buena fe”, reforzó. La reacción defensiva hizo algo de ruido en el Palacio de Justicia, donde es vox pópuli que ciertas versiones reflejadas en los medios sobre supuestas “presiones” y “llamadas” a algunos jueces salieron del mismo cuarto piso de Tribunales, donde está la Corte.

El fallo sobre la LdSCA, acotaron voceros supremos, no fue fácil de congeniar. Señalaron, con alguna lógica, que los textos de los votos están sumamente trabajados y que, si alguno de ellos lo hubiera cambiado, muy distinto sería el resultado en el papel. Que Enrique Petracchi, por ejemplo, se basó en todos sus precedentes en otros fallos, que Raúl Zaffaroni tomó mucho del voto de Petracchi, que si hubiera cambiado su voto quedaría en evidencia, y Lorenzetti también repetía sus posturas históricas en libros y conferencias.

Lorenzetti intentó aclarar en estos días que los contactos con funcionarios estuvieron relacionados con problemas de tribunales y narcotráfico en las provincias norteñas, y otras bastante peliagudas fueron discusiones por cómo quedaba el manejo de los fondos del Poder Judicial en el proyecto original de reforma del Consejo de la Magistratura. El Gobierno, en ese momento, aceptó resignar su idea de que el Consejo de la Magistratura asumiera esa administración, de todos modos después la propia Corte volteó toda la reforma. En aquel episodio nació la primera denuncia de Carrió sobre un presunto “pacto espurio”.

Ante la lluvia de críticas de los grandes diarios, que trataron a la Corte cómo servil al Gobierno, el comunicado del tribunal acota: “La democracia necesita de un debate robusto de los actores estatales, lo que por cierto incluye a las sentencias judiciales, que pueden ser ampliamente criticadas por la opinión pública y los medios de comunicación”. Y termina así: “En nada contribuyen a este debate, ni al aludido fortalecimiento institucional, los ataques dirigidos a los miembros del tribunal cada vez que una decisión de esta Corte no satisface las expectativas de algún sector de la opinión pública”.