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España y el Reino Unido pactaron y llevaron a la Asamblea General de Naciones Unidas una declaración sobre Gibraltar. Según anunció ayer el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, en el documento se comprometen a resolver la disputa sobre la soberanía del Peñón. El jefe de la diplomacia española calificó el acuerdo como un primer paso hacia “el restablecimiento de la normalidad que se rompió en 2004”, cuando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero creó el Foro Tripartito que daba a Gibraltar personalidad jurídica propia. La declaración insta a España y al Reino Unido a llegar a una solución definitiva sobre el Peñón “escuchando los intereses y aspiraciones de Gibraltar”.

Ambas naciones se comprometieron también a cumplir con el espíritu de la Declaración de Bruselas de 1984 –por la que Madrid y Londres acordaron negociar la soberanía del Peñón– y las resoluciones de la ONU, que respetan la integridad territorial del país ibérico. Para España lo principal de la declaración, que fue acordada el 28 de octubre en la Comisión de Descolonización y debe convertirse en resolución de la ONU, es que las aspiraciones de Gibraltar deben ser “legítimas conforme al derecho internacional”, remarcó García Margallo en declaraciones a la prensa tras un acto en el Instituto Cervantes de Madrid. La diplomacia española entiende con esto que los gibraltareños no pueden reclamar el derecho a la autodeterminación.

El Reino Unido ocupa el Peñón de Gibraltar, de 6,5 kilómetros cuadrados y cerca de 30.000 habitantes, desde que el almirante George Rooke lo conquistó, en 1704, durante la Guerra de Sucesión española. El Tratado de Utrecht confirmó en 1713 la soberanía británica, y desde entonces España la disputa. Este verano la tensión se disparó por el lanzamiento de 70 bloques de hormigón al mar por parte de las autoridades del Peñón en una zona en la que faenan pescadores españoles, así como la construcción de un nuevo espigón en La Roca, medidas que España interpretó como provocaciones. En respuesta a esas medidas, el Ejecutivo español intensificó los controles en la única frontera común con la colonia británica, lo que provocó largas colas de vehículos que acuden diariamente a Gibraltar, y luego amenazó con crear una tasa fronteriza de 50 euros.

La tensión se rebajó cuando España y el Reino Unido acordaron resolver la crisis por la vía del diálogo y aceptaron una misión de la Unión Europea a la frontera común para evaluar la situación.